Buenos Aires, 23 de octubre.(caraycecaonline) La presentación de Poder Ciudadano y Asociación por los Derechos Civiles ante el organismo autónomo de la OEA tuvo como objetivo llamar la atención sobre la “frágil situación de independencia del poder judicial” en la Argentina. Los expositores hablaron fundamentalmente sobre la crisis del sistema de designación de jueces federales y nacionales, la parálisis del Consejo de la Magistratura y la proliferación de jueces subrogantes.
El Estado argentino no envió un representante, como es tradicional en estas audiencias, donde todos despliegan su posición.
Los expositores, los abogados Torcuato Sozio y Alvaro Herrero, se refirieron a “la creciente incidencia de los jueces transitorios en la justicia nacional y federal”, (uno de cada 5 se desempeña en forma provisoria) y la designación de funcionarios que no reúnen los requisitos constitucionales como jueces. También se habló de los intentos por presionar a magistrados que tienen a su cargo investigaciones que involucran a funcionarios del gobierno, como también el uso de vías “irregulares e ilegales” para promover la destitución de Carlos Fayt.

Luego de que los representantes de las ONG expusieran las denuncias, el comisionado Paulo Vannuchi soprendió al comentar que “pocas horas antes” la Comisión había recibido una carta del canciller Héctor Timerman con un pedido oficial para que la audiencia fuera cancelada. El comisionado dijo que la carta era “serena” y que mencionaba la sensibilidad del momento político de la Argentina en víspera de las elecciones generales, este domingo. “Nos reunimos para decidir y hubo decisión unánime de mantenerla”, relató Vannucchi, que citó la “intempestividad” del reclamo. Destacó, sin embargo, la misión “difícil” de intermediación de la CIDH sobre el tema y aseguró que la comisión “no puede tener alineamientos”.

“Esta comisión solo podía mantener esta audiencia pública”, dijo Vannuchi y señaló que el tema sería abordado como una búsqueda de defensa de los derechos humanos pero “sin la intencionalidad de promover resultados en 24 o 72 horas porque la lucha por los derechos humanos no puede ser instrumentalizada por ideales electorales partidarios. Es de avance gradual y progresivo, de medio y largo plazo”, agregó.

Concretamente, los peticionarios reclaman a la CIDH, en el marco del 156 período ordinario de sesiones de este organismo, que inste a la Argentina a mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y minimizar el número de jueces subrogantes. También se le pide que considere la posibilidad de determinar principios mínimos para la independencia del Poder Judicial en América latina.