Política

Mafias y narcos detrás de las tomas de terrenos en el conurbano

“El Conurbano es un cementerio de dos países que ya no existen: el agroexportador y el industrial. Hay que planificar un nuevo país que le dé oportunidades a la gente en centros de desarrollo descentralizados impulsados por las economías regionales” opina Daniel Arroyo

Buenos Aires, 15 de noviembre.(caraycecaonline) Lo peor es el barro. Caen cuatro gotas y todo es sucio marrón oscuro. Pero a la chica embarazada y al panzón de enfrente no los amilana. Nacieron en el barro. Una ahí cerca, en Moreno. El otro, en el Chaco. Los dos viven bajo cuatro chapas desde siempre. Y en terrenos ajenos. Ahora, embarrados, mojados, acá en la periferia de Merlo, en esa entelequia conocida como el Conurbano, esperan que un milagro los convierta en propietarios de una pequeña parcela de 10 por 20 o 30 metros donde puedan levantar otras cuatro chapas y algún ladrillo, donde puedan armar algo que puedan llamar casa y, ojalá, alguna vez un hogar sin barro para sus hijos. Pero para eso tendrán que esperar que se dirima la eterna pelea entre los políticos populistas de turno que les vienen prometiendo pan y trabajo sin que llegue ninguna de las dos cosas y los mafiosos que “los aprietan” de noche para que les entreguen 10.000 pesos por un terrenito en la zona más inundable de las 60 hectáreas tomadas o el doble por uno en el lugar más alto y desde donde se puede ver la autopista. El debate, las elecciones, la huida al sur de los funcionarios altos, la piedra ardiendo en la mano de los que vienen. Todo eso, les da tiempo. Tiempo y barro.
De acuerdo al Instituto de la Vivienda hay en la provincia de Buenos Aires 1.565.044 “hogares deficitarios”, un eufemismo por “casillas de villa miseria o de materiales muy precarios”, en su gran mayoría ubicados en terrenos fiscales o privados que nunca fueron otorgados en forma legal. Eso equivale al 33% del total de hogares. Cuatro personas viven en promedio en estas “casas”. Eso hace que, al menos, 6.260.176 bonaerenses habiten en esos hogares precarios. Y en un 80% son asentamientos de los 24 partidos que rodean la Capital Federal. La Matanza, el conglomerado más grande, con un millón setecientos mil habitantes tiene un déficit, de acuerdo a cálculos de los concejales de la oposición, de 530.000 viviendas. Moreno, con medio millón de personas, tiene un déficit de 20.000 viviendas. En José C. Paz, con 263.094 habitantes, la secretaría de Desarrollo Humano informó que “hay 6.500 viviendas construidas (en los últimos 12 años) y 1.500 para entregar, más 40 mil anotados aunque no quedan tierras para construir”. Malvinas Argentinas necesita otras 15.000 casas; San Martín 10.000; y Tigre tiene un registro de Familias en Demanda de Viviendas con 13.000 inscriptos. Todo el Gran Buenos Aires explota de gente necesitada de casas y mucho más. Cientos de miles esperan esa oportunidad que tuvieron el panzón y la embarazada en Merlo de tomarse un pedacito de tierra para levantarse la casilla que les dé un poquito de dignidad. Y en el medio aparecen los que se hicieron con el poder para ver cómo le pueden sacar algo más de beneficio a la situación. “Tienen a la gente esperando por una vivienda hasta último momento y cuando hay cambios políticos la sueltan. Hay familias que llevan 3 o 4 años en una lista y ante la desesperación le “sueltan la rienda” y le dan el guiño para que tomen tierras. No hay que desconocer este mecanismo de los punteros y barones, como trasfondo hubo siempre un cambio de manos y políticas poco transparentes y clientelistas”, explica Daniel Nieto, economista de la UBA y especialista en políticas sociales.
El Conurbano es un conglomerado inseparable de la Capital Federal y que tiene una expansión desde 1905, con la llegada de una nueva ola inmigratoria y la concentración exportadora en el Puerto de Buenos Aires. Los primeros asentamientos son anteriores, entre 1870 y el 1900, y acompañaban la construcción del ferrocarril. Los chalets de los técnicos ingleses, de Quilmes a Hurlingham, eran el comienzo de una nueva urbe suburbana. El biólogo escocés Patrick Geddes denominó por primera vez “conurbation” al cordón de aldeas del Greater London. El término ahora define a un área de 15.000 kilómetros cuadrados, e incluye la Capital Federal dentro de una Región Metropolitana, que de acuerdo al censo de 2010, alberga una población de casi 15 millones de personas, el 37% del total del país concentrado en el 4% del territorio nacional. Y esto tiene tres “cinturones” o “coronas”. El primero, que llega hasta Vicente López en el norte, Morón en el oeste y Quilmes en el sur, donde se concentran unos 5 millones. El segundo, con otros cinco millones de habitantes va hasta Tigre, Moreno y Florencio Varela. El tercero, va hasta Zárate, Navarro y Ensenada, y tiene 2,1 millones de habitantes. Y es en estas segunda y tercera “corona”, donde se están produciendo ahora la mayor cantidad de tomas de tierra y conflictos. Unas 100 por año. Las villas y los countries pelean por la misma tierra. “Esto también genera tensión. Los barrios cerrados ocupan 400 kilómetros cuadrados (el doble de la Capital Federal) y albergan a 300.000 personas (el 10% de la población capitalina). “Destinar un loteo de 20 hectáreas en el segundo cordón a un barrio cerrado o a un plan de viviendas populares significa una diferencia abismal de ganancias para el dueño de la tierra o el poder político corrupto”, explica Fabio Quetglas, experto en desarrollo territorial.
Esta tensión por la tierra es aprovechada por las mafias locales, esencialmente narcotraficantes. Eso los convierte, según el trabajo del historiador e investigador Jorge Ossona, en “porongas”, los que manejan la ocupación. “Es, en esencia, una representación teatral para hacer un gran negocio en detrimento de los millones que necesitan un techo, un hogar para ellos y sus hijos. Se montan en la necesidad”, comenta Ossona. En las últimas tomas, se detectó la maniobra de estas mafias que una vez que obtienen el visto bueno de las autoridades de la zona buscan a los “punta de lanza” que son los que ocupan el “territorio”, delimitan los terrenos y controlan el aluvión de “hormigas” que son los que ponen el cuerpo ante la policía o los dueños de las tierras. Las madres con bebés en brazos son usadas, muchas veces, para esta tarea. Las tomas, de acuerdo a un puntero territorial de Lomas de Zamora, comienzan casi siempre los viernes porque apuestan a que durante el fin de semana haya una “negociación” entre “los poronga” y el “delegado” de la autoridad comunal. “Es cuando hacen el arreglo de guita”, dice. Entre los ocupantes, por supuesto, también hay un pequeño grupo de “ocupantes genuinos” que sólo busca un lugar dónde levantar sus casillas. Pero siempre tendrán que negociar de alguna manera su entrada. En las tomas, del 2008 de Campo Tongui y Chanchería, asentamientos de Budge y Villa Fiorito, hubo denuncias de que se había impuesto una “ley carcelaria” durante la ocupación, con violación de mujeres y menores a cambio de los terrenos. En Merlo, los ocupantes dicen que de noche sólo se quedan los hombres mayores “porque acá no hay ley y todo es muy peligroso”. En lo que coinciden, ocupas y especialistas es que si se consolida la toma, en uno o dos meses aparecerán compradores de los terrenos junto a alguien que arme una especie de corralón de materiales y una banda de narcos para controlar el consumo de drogas de la nueva población.
La novedad que aparece en estas últimas tomas es que muchos vecinos aseguran que lo que buscan es “una oportunidad de pagar” los terrenos usurpados. “Que me pongan una cuota”, decía el jueves Mirta, una empleada de limpieza. “Si donde estoy, en Moreno, yo tengo que pagar alquiler y nunca va a ser mío. Esto lo puedo pagar en cuotas”. El rumor es que una vecina suya que se quedó con una casa en construcción de los terrenos aledaños, ya arregló. “Ahí hay varios que arreglaron y ya no tienen problema con nadie”, explica otra mujer regordeta a un cronista de radio. “El gran dato positivo es que una parte importante de los sectores populares tiene pulsión de propietarios, que propone un pago obviamente en condiciones razonables, y esto es un activo muy valioso”, acota Fabio Quetglas.
El especialista en temas sociales, Daniel Arroyo, que acompañó al massismo en estas elecciones, apunta a otro problema: el de la poca eficiencia de los planes de construcción de viviendas de los últimos 15 años. “En el 2010 se paró toda la obra federal de construcción. A partir de entonces hubo sólo pequeñas entregas y lo que daba el Plan Procrear (de crédito). El déficit es de dos millones de viviendas a nivel nacional y hay que construir cien mil o más al año para las nuevas necesidades”, comenta Arroyo. Y el otro problema es que la inmensa mayoría de las viviendas construidas es de apenas 46 metros cuadrados. “Por supuesto que es un avance si se viene de un rancho a una casa de material de 46 metros. Pero esto crea hacinamiento. Sobre todo si tenemos en cuenta que hay una enorme proporción de embarazos adolescentes. Las familias son muy numerosas, no cuentan con un espacio mínimo, y como ya sabemos, esta situación provoca violencia doméstica y externa”.
La única solución de fondo para desactivar esta bomba del Conurbano, coinciden todos los actores involucrados, es la descentralización. Crear las condiciones para el desarrollo de urbes más pequeñas y controlables en otros territorios y provincias. “La gente viene porque acá encuentra una escuela para sus hijos, cierta atención médica y un comedor donde paliar el hambre cuando no hay otra cosa. Y, al mismo tiempo, donde hay gente hay posibilidades de hacer alguna changuita. Por eso es que llega al Gran Buenos Aires o las periferias de Rosario o Córdoba”, explica Daniel Arroyo. El historiador Jorge Ossona cree que todo es rémora de tiempos mejores y que ya no tiene mucho sentido esta migración. “El Conurbano es un cementerio de dos países que ya no existen: el agroexportador y el industrial. Hay que planificar un nuevo país que le dé oportunidades a la gente en centros de desarrollo descentralizados impulsados por las economías regionales”, dice.
El panzón y la embarazada de la ocupación de Merlo, apenas unas de las cien que se registraron este año en el Conurbano, aseguran que si a ellos les garantizan un trabajo se van a donde sea. Por ahora, sin esa salida, se guarecen de la lluvia bajo unos plásticos y tratan de que el barro no los salpique.