Buenos Aires, 3 de enero.(caraycecaonline) Apenas se desperazaba el nuevo año, cuando una vorágine de hechos inusuales sacudíó a nuestra sociedad. Luego de superar las tensiones del cambio de gobierno, comenzó una contraofensiva kirchnerista tras la derrota electoral, donde el hecho de mayor conmoción es la fuga de los tres sicarios del narcotráfico autores del triple crímen de General Rodríguez en 2008.  Pero este rebrote gangsteril no es ajeno a otras circunstancias que también provienen de las actividades promovidas durante el gobierno de Cristina Kirchner. Tal la escandalosa reacción del ex candidato a vicegobernador bonaerense ante su desalojo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA), el retiro legislativo del debate del Presupuesto bonaerense 2016 y la condena de los ex funcionarios Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y los empresarios de la concesionaria «TBA», operadora de la línea ferroviaria Sarmiento, por la tragedia de febrero de 2012 en la estación Once que ocasió 51 muertes.

Estos hechos, deben enmarcarse en dos aspectos esenciales. Su origen tienen en común el inicio de la etapa cristinista del kirchnerismo, cuando aún con Néstor Kirchner en vida, comenzó una profundización de la corrupción en el manejo del Estado, una mayor penetración del narcotrático en la política, un manejo extorsivo del poder y el arbitrario manejo de  fondos públicos para condicionar los medios de comunicación. Durante la campaña para el primer mandato de Cristina Kirchner quedó evidenciado que la candidatura de la «exitosa abogada», había recibido  miles de dólares de dudoso orígen aportados por el sospechoso empresario venezolano Antonini Wilson, apresado en Ezeiza y ahora protegido en Miami por la CIA y también suculentas sumas provenientes de las drogerias de Sebastián Forza, quien junto a sus socios Leopoldo Bina y Damián Ferrón integraban una de las bandas mafiosas de traficantes de efedrina. Los tres  fueron ejecutados por los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y Víctor Schillaci, condenados a perpetua y ahora fugados al calor de la noche navideña de la cárcel de General Alvear, en complicidad con el Servicio Penitenciario Bonaerense. Cabe señalar que desde el principio, el nexo que mayores sospechas despertó fue el vínculo con el recaudador cristinista, Héctor Capaccioli, adláter de «la Morsa» Aníbal Fernández, y aún procesado por defraudaciones y estafas en el manejo del dinero de la campaña. Tras ser apresados, los criminales rompieron el silencio recién el año pasado, a través de Martín Lanatta, quien corrió el velo sobre los enfrentamientos internos entre los grupos comandados por el mexicano Iber Pérez Corradi y el fallído candidato Aníbal Fernández, cuyos delegados eran los hermanos Zacarias, ubicados estratégicamente en la Secretaría de Lucha contra Droga (SEDRONAR). La red de protección que permite el escape y elusión de la Justicia  de los prófugos, también abarca al jefe penitenciario Alejandro Marambio y sus sucesores, y el ex ministro de Seguridad y Justicia provincial, el alcalde mayor penitenciario Ricardo Casal.

Mientras la trama mafiosa sigue su curso, los bonaerenses se quedaban sin Presupuesto 2016.. El bloque del FPV provincial que encabeza el camporista José Ottavis, se negó  a dar quórum al tratamiento sin respetar así un sacuerdo que había alcanzado con el Frente Renovador y el oficialismo. El Ottavis, cuya ex esposa la ha denunciado por maltratador, afirmó que seguía sugerencias provenientes de El Calafate. Mientras tanto, miles de empleados públicos y municipios bonaerenses se encuentran con dificultades serias para abonar salarios, y afrontar gastos de gestión. La decisión, se adoptó luego del desalojo del AFSCA tras una resolución presidencial que unifica el organismo con AFTIC, ente vinculado a la comunicación informática, y el anuncio de una nueva estructura de aplicación de las normas vigentes para los medios masivos, conjuntamente con el impulso a la investigación de la gestión de Martín Sabbatella.

Para advertir las implicancias de lo precedente, es importante señalar la importancia del fallo por la tragedia de Once, cuando por desidia y corrupción de funcionarios del gobierno kichnerista junto a empresarios «amigos», culminaron en la trágica colisión de una formación en la mañana del 22 de febrero de 2012 en la terminal porteña, con un saldo de 51 muertos, entre los que hubo una mujer embarazada y más de 700 heridos. Tanto  los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime como Juan Pablo Schiavi fueron condenados con seis y ocho años de prisión efectiva, y los empresarios, los hermanos Cirigliano, afrontan penas de 5 y nueve años. El fallo quedará firme en marzo, tras conocerse los fundamentos y pese a poder recurrir a otras instancias, surgen dos conclusiones claras. La corrupción puede combatirse con la ley, y no hay espacio para la impunidad ante el hartazgo de la sociedad, como puede inferirse de la resolución del Tribunal para abrir una investigación sobre la responsabilidad del ex ministro Julio De Vido en la misma causa. Similar criterio puede aplicarse a las mafias bonaerenses y sus asesinos sueltos. Algo ha cambiado y ninguna forma de violencia tiene margen para la tolerancia ciudadana.(www.caraycecaonline.com.ar)

N.de R: La publicación de editoriales tendrá un paréntesis hasta el próximo sábado 13 de febrero