Buenos Aires, 14 de marzo.(caraycecaonline) Durante los últimos años del kirchnerismo en el poder, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) redujo al mínimo sus controles sobre Oil Combustibles, la petrolera con que Cristóbal López acumuló una deuda fiscal por $ 8000 millones, según surge de los documentos, registros y testimonios oficiales e internos del Grupo Indalo.

La decisión que tomó la AFIP bajo el mando de Ricardo Echegaray se plasmó en los hechos. Así, en vez de fiscalizar a la petrolera como a una de las más grandes empresas que operan en el país, la mantuvo bajo la órbita de una pequeña agencia ubicada en el barrio porteño de Palermo, dentro de la Región Metropolitana. Es decir, como si fuera un contribuyente más, y con los mismos controles y fiscalizaciones que rigen para una persona o una pequeña o mediana empresa (Pyme).

Ese último plan de pagos se sumó a por lo menos otros tres planes que el actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) le había concedido antes a Oil Combustibles, por otros $ 3400 millones. Y en todos los casos, por el dinero que retuvo del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), una práctica que no se repitió en ninguna otra petrolera del mercado.

Los tiempos en que Echegaray otorgó esos planes de pago también resultan sintomáticos. Firmó el cuarto y más amplio de esos planes cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzaba a despedirse de la Casa Rosada. Se extiende por 120 cuotas e incluye los intereses resarcitorios acumulados, pero con una tasa de interés que en la práctica resulta hoy más baja que la inflación.

Ése no es el único riesgo, según las fuentes oficiales consultadas. Si López se queda con Inversora M&S SA (la empresa que a su vez recibió $ 3400 millones de esos impuestos), y De Souza asume el control de Oil Combustibles, la deuda por $ 8000 millones podría tornarse irrecuperable para las arcas del Estado nacional.

Aval oficial

«Lo que hicieron en Oil Combustibles de acumular deudas de corto plazo y obtener luego planes de pago de largo plazo sólo fue posible con algún tipo de venia oficial», indicó un auditor.

«Sólo pudieron hacerlo porque sabían que al final del camino no se estrellarían contra una pared, sino que los esperaban con los brazos abiertos», argumentó. De hecho, la acumulación de planes de pago colocó a López y De Souza, en serios problemas tributarios, contables y financieros, indicaron los contadores, tributaristas y auditores consultados. Sólo mantenerse al día con todas las cuotas mensuales ya vigentes les absorbe más de 150 millones de pesos por mes de Oil Combustibles.

Las nuevas autoridades de la AFIP, además, comunicaron a López y De Souza que ya no podrán continuar con la retención del ITC, por lo que ahora afrontan una disyuntiva. Deberán revertir la dinámica de girarle millones a las otras empresas del Grupo para subsidiar sus operaciones o comprar nuevos activos. Si no, deberán capitalizar -inyectar dinero fresco- en Oil Combustibles.

Con la salida de Echegaray y el arribo de Abad, esa «benevolencia» de la AFIP hacia el «zar del juego» y el Grupo Indalo comenzó a acotarse.

Así, tras años de figurar en una agencia del barrio de Palermo, Oil Combustibles quedó bajo la órbita de Grandes Contribuyentes Nacionales, que lidera el subdirector general de la DGI, Juan Carlos Santos. En la práctica, ese pase implica que la petrolera quedará sujeta a controles más exhaustivos, intimaciones si incumple con el pago del ITC -que debe informar cuatro veces al mes mediante declaraciones juradas- y la potencial apertura de investigaciones administrativas y causas penales.

«Pasó a Grandes Contribuyentes [nacionales] atento a la situación crítica que mostraba la compañía», indicó a LA NACION una alta fuente del organismo tributario, quien sin embargo, se negó a brindar más precisiones del caso escudado en el «secreto fiscal». «Ahora será controlada como todas las demás petroleras -indicó-. Ni más, ni menos.»

Silencio y pocas defensas desde el kirchnerismo

Ningún referente de peso del kirchnerismo salió en defensa ayer del empresario Cristóbal López, que habría evadido impuestos por un valor de $ 8000 millones durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.

Desde las redes sociales, referentes de ese espacio se dedicaron a otros temas. Luis D’Elía, por caso, pidió la renuncia a su banca del ex titular de la Anses Diego Bossio, mientras que Gabriela Cerruti y Leopoldo Moreau, entre otros, llamaron a una concentración contra el acuerdo con los holdouts en las puertas del Congreso.

La única voz aislada fue la del ex titular de la Dirección Nacional Electoral Alejandro Tullio, quien luego de elogiar la nota del periodista  Hugo Alconada Mon sobre el caso, pidió que se aguarde el «debido proceso» como «base del Estado de Derecho» antes de dar una definición.(www.caraycecaonline.com.ar)