En medio de las disputas acerca del mentado proyecto de «Ley antidespidos» , el procesamiento y embargo de Cristina de Kirchner y 12 funcionarios más por el caso del “dólar a futuro” pone un punto de inflexión en la marcha de las diversas investigaciones judiciales. ( por jorge Avila)
Buenos Aires, 14 de mayo.(caraycecaonine) La semana política que pasó podría asimilarse a una sonata musical, por su forma de combinar varios temas que producen un contraste y logran armonizar sobre el final de la composición. Es el caso de las controversias suscitadas por el proyecto de ley contra
los despidos, que suma tensiones en un contexto donde tanto la econom¡a como la pol¡tica, mantienen equilibrios precarios.
Mientras el Congreso se despereza, tras años de una actividad regulada a «piacere» por el centralismo kirchnerista, los debates no parecen resultar fértiles para lograr soluciones en varios de los frentes conflictivos que asume el gobierno de Mauricio Macri.
Tal como se advirtió con la proyectada «ley antidespidos», las posiciones parecen irreductibles. El Ejecutivo, además de oponerse a través de los bloques oficialistas parlamentarios ha anunciado un inflexible veto en caso de sancionarse la norma. En tanto el kirchnerismo y sus aliados, que pese al fracaso de la sesión especial del jueves pasado, insistirá en el recinto con el texto aprobado en Senado, según anunció su principal vocero, el ex abogado sindical Héctor Recalde. Ciertamente, de poco vale un análisis extemporáneo de la norma, ya rechazada por Cristina Kirchner en 2010, cuando se comenzó a advertir el creciente desempleo e informalidad del mercado laboral, tras la crisis económica internacional del año previo, que estancó la economía mundial y generó renovadas dificultades para los países emergentes, entre ellos la Argentina.
Lo cierto es que ahora, todos buscan en una suerte de «reñidero» tribal, capitalizar una victoria política, que escasamente brindará beneficios para los sectores productivos de la sociedad. Los sindicalistas, que también han comenzado a ejercitar el «músculo» de las concentraciones masivas tras largos años de ostracismo, recibieron un rotundo revés en su cita presidencial del lunes pasado, donde Armando Cavalieri, Gerardo Mart¡nez, Luis Barrionuevo y otros representantes cegetistas, debieron conocer la versión más furibunda de la ira del ingeniero zen, quien por un rato recuperó, de acuerdo a testigos, la más fervorosa vena itálica de su estirpe. Poco antes, la firma del acuerdo con los empresarios, para suspender despidos por noventa d¡as, tampoco mostró al primer mandatario del mejor talante. Tanto los directivos de la UIA encabezada por Adrián Kaufmann Brea como los representantes de la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) a través de su titular Jaime Campos manifestaron su disconformidad con el procedimiento, y buscaron apelar al diálogo con los legisladores para influ¡r sobre las decisiones que adopten. En los corrillos entre dirigentes de ambos sectores, se repite esta versión : «El ministro Jorge Triaca, tiene razón. La ola de despidos ya fue, y habia arrancado mucho antes que el macrismo accediera al poder. Lo que hay que discutir, es como reformar el esquema productivo y generar empleo».
Lejos de las ofuscaciones y protestas, la Justicia sigue su marcha en busca de componer los desastres que resultan de la peor herencia que dejó el kirchnerismo tras sus doce años de autoexaltación. El procesamiento y embargo de Cristina Kirchner y 12 funcionarios más por el caso del “dólar a futuro” pone un punto de inflexión en la marcha de las diversas investigaciones judiciales. Acentuadas ahora sobre los intereses de la ex familia presidencial con las imputaciones de los hijos Máximo y Florencia por cohecho en la causa «Los Sauces». Se podría decir que los ubican en una estrecha l¡nea con el encarcelado Lázaro Báez, como también el procesamiento de Julio De Vido, a su vez mas cerca al destino de Ricardo Jaime, compañero de residencia con el empresario austral. Los avances, dispares pero continuos en las investigaciones, manifiestan la búsqueda implacable de Justicia porque sólo sin impunidad, habrá posibilidades de recuperar el equilibrio económico y político que hoy, parece aún lejano. El avance de la Justicia y la reparación moral de quienes saquearon el poder durante años, es condición indispensable para lograr la reactivación económica, controlar las variables inflacionarias y productivas y enriquecer, jerarquizando, la calidad institucional de nuestra democracia. (www.caraycecaonline.com.ar)