Buenos Aires, 2 de julio.(caraycecaonline)Los ilícitos del matrimonio Kirchner, revelan la complicidad de múltiples sectores de la sociedad, que buscan a través de un tardío «mea culpa», exorcizar las fallas estructurales que promovieron la mayor decadencia y corrupción de nuestra historia. En vísperas de nuestro Bicentenario, es tiempo de retornar a las fuentes de aquellos que desde el coraje, fueron protagonistas de los hechos fundantes de nuestra Patria.

La saga judicial que implica a los principales actores de la gestión kirchnerista, desde Néstor y Cristina ,  ha dejado muertos y heridos, además de un empobrecimiento que llevó a la miseria a más de 12 millones de argentinos según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente de la Universidad Católica. Por eso, resulta conveniente ratificar al menos tres puntos esenciales de la cuestión: 1) Existió desde 2003, un plan sistemático desde el Gobierno, de saqueo de las arcas públicas. El ingreso de la Argentina a una etapa de alta productividad en materias primas agrícolas, en un contexto internacional demandante, hizo que las cuentas estatales sumaran cifras inéditas, que fueron desviadas de las políticas públicas hacia  negociados comandados desde el poder. 2) Este plan fue prontamente asociado al desarrollo estratégico del narcotráfico, también impulsado por el kirchnerismo, y permitio asi el ingreso de «carteles» luego convertidos en factores regionales de alta incidencia, además de una fuente de degradación social y cultural que aún se extiende en nuestro  país. 3) La  consumación de todo esto, tuvo la necesaria  complicidad de distintos sectores sociales, que ahora ensayan vagas excusas ante los investigadores judiciales. Esta semana, los empresarios expresaron una muy autocomplaciente contrición, aunque no arrepentimiento, en ocasión de un tradicional encuentro anual. En tanto, varios sindicalistas siguen procesados, la esperada reunificación de la CGT, se dilata en espera de convertirse en una suerte de absolución generalizada de los «pecados» cometidos, y los «activistas sociales» afines, pasan del mutismo o complacencia de madres y abuelas, a convocatorias golpistas como las formuladas por los «profesores de Quebracho», entre otros.

Los coletazos políticos de tal panorama, indican que, aunque incipiente, se avizoran perspectivas económicas más promisorias, en los principales indicadores. La inflación comienza a morigerarse, el sesgo recesivo que se arrastraba desde 2014 muestra un horizonte declinante a mediano plazo y la reversión de la política comercial exterior perfila sus primeros logros.

Se ha ingresado a una etapa definitoria para el proyecto de la coalición gobernante. El positivo accionar parlamentario, que permitió una serie de leyes que reordenaron los ciclos económicos, debe ser complementado ahora por iniciativas que permitan a la ciudadanía, verificar los efectos positivos del nuevo tiempo político. Lejos del patético «frente ciudadano» planteado por el kirchnerismo, como argumento defensivo, es el momento para construír ciudadanía, a través de la mayor participación y compromiso. No se trata de la tarea de un gobierno, sino de toda la sociedad, y es además responsabilidad de los dirigentes sectoriales y el pueblo en su conjunto.

Cuando un gobierno se convierte en garante del cumplimiento de la ley, el Estado genera en la sociedad dos efectos que se relacionan entre sí: un efecto condenatorio que alcanza a todo aquel que comete un delito y un efecto preventivo que disuade al potencial criminal por temor a la condena. Ello da por resultado una sociedad ajustada a Derecho y apegada a las normas.

Cuando un gobierno monopoliza el poder, administra discrecionalmente los recursos públicos y anula las herramientas de transparencia que permiten la participación ciudadana en el control de la gestión pública, el único efecto producido por el Estado es el apego a la corrupción estructural. En este caso, el resultado se ajusta al libro del recordado jurista Carlos Nino, «Un país al margen de la ley».

En un marco de corrupción estructural, cuando se desactivan los pesos y contrapesos del sistema republicano, los demás poderes resignan facultades para concentrarlas en el Poder Ejecutivo, la política se financia desde el delito organizado, los negocios se realizan en el marco de la ilegalidad de los negociados y los organismos públicos resignan los controles en beneficio de un capitalismo de amigos del poder. Así, el Estado amplifica la corrupción para expandirla a la impunidad.

Las imágenes del naufragio kirchnerista, son asi el anticipo de un cambio posible, en vísperas del Bicentenario de la Independencia, en busca de un futuro donde la honestidad, la ética y el respeto a la soberanía popular, vuelvan a ser atributos de la función del Estado, y no meros accesorios del poder omnímodo.(www.caraycecaonline.com.ar)