Buenos Aires, 9 de julio.( caraycecaonline) En el Bicentenario de la Independencia, el escenario político nacional muestra una particular simetría con las encrucijadas que llevaron el 9 de julio de 1816, a los congresales reunidos en Tucumán, a ratificar nuestro destino como Nación. Libertad, justicia y soberanía popular, siguen siendo parte de los anhelos no siempre respetados por dirigencias ciegas y mezquinas, que han dañado los mejores proyectos para nuestra Patria, y pese a ello, se levanta incólume la esperanza de un futuro de progreso y paz.

La gira encabezada por el presidente Macri a Europa y EE.UU, acompañado por los gobernadores peronistas de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Misiones, Hugo Passalacqua, junto a una comitiva de empresarios y legisladores, cumplió ampliamente el objetivo  de reinsertar a nuestro país en el circuito internacional de inversiones productivas. Porque lo hizo en un contexto donde la reciente decisión británica de abandonar la Unión Europea, ha socavado la confianza de las principales empresas multinacionales, que buscan nuevos mercados para su expansión. Así, la ofensiva del gobierno argentino, se presenta como una renovada opción, especialmente tras el acercamiento  a la Alianza del Pacífico. A la para de ratificar  su liderazgo en el Mercosur, que se plasmará en la próxima semana al dilatar el traspaso de la presidencia «pro témpore» del bloque a Venezuela, que permanece a la sombra del chavismo en una suerte de «guerra civil» de baja intensidad. El periplo resultó útil también para consolidar los apoyos de varios países a la candidatura de la canciller Susana Malcorra a secretaria general de las Naciones Unidas, para suvedersucediendo al coreano Ban Ki Moon, quien nos visitará la semana próxima, en otro gesto de indudable trascendencia.

Bien distinto resultó el peregrinaje por los tribunales federales, de la ex presidenta Cristina Kirchner.  Uun lánguido grupo de  acólitos la acompañó a su cita con el juez Claudio Bonadío, quién le inhibió sus bienes. En tanto otro magistrado, Julián Ercolini, bloqueó todos los movimientos bancarios de la familia Kirchner, incluyendo las cuentas de Máximo y Florencia, mientras siguen las diligencias judiciales que involucran a los Báez, De Vido, Cristóbal López, Aníbal Fernámndez, Boudou,  y el montón de integrantes del cotillón K que se regodeó mientras estuvieron en el poder.

Esta vez, no hubo baile en el balcón y a la salida del Tribunal, la señora solo pudo articular un desvaído discurso defensivo, con ataques a los jueces y a la diputada Stolbizer. Se redujo a defenderse y victimizárase. El peronismo, y algunos sectores hasta hace poco incondicionales, como el «Movimiento Evita», van tomando nota y prudente distancia. Ni siquiera una visita de compromiso a los restos de la redacción de «Tiempo Argentino» evitaron que tuviera que dar explicaciones por el vaciamiento de un medio,  ahora  atacado por una patota de usurpadores, que pretenden seguir bastardeando a uno de los títulos emblemáticos del periodismo argentino. Finalmente, la «exitosa abogada» huyó una noche, rumbo al sur, con la certeza de que nada será igual en el sórdido horizonte que se abre para ella.
Mientras la corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas nacionales, que impacta sobre la credibilidad misma del país en el exterior, las medidas que hacen falta para combatirla son múltiples, y su necesidad es inmediata. La acalorada discusión parlamentaria del proyecto de ley sobre las nuevas normativas  muestra las resistencias que aún subsisten para aprobar los instrumentos idóneos para combatir la corrupción. Muchos legisladores cuestionan la posibilidad de que se conozcan públicamente sus patrimonios porque temen tanto el ser acechados por delincuentes como el posible uso de la información para dirimir aviesamente rivalidades políticas.  Pero dado el reclamo ciudadano de ética pública, ya es ineludible disponer los mecanismos institucionales más adecuados y probados para garantizar la transparencia y la honestidad de los funcionarios. En este sentido, un instrumento idóneo para combatir y prevenir los enriquecimientos ilícitos es poder comparar el nivel de vida de los funcionarios con el volumen de sus ingresos y la variación de su patrimonio durante la permanencia en el cargo. El proyecto de ley sobre la colaboración de imputados en delitos de corrupción  y recuperación de activos, que se debate en el Parlamento, resulta una oportunidad única para que los legisladores renueven su compromiso con la ciudadanía haciendo de la transparencia en el manejo del patrimonio común una realidad palpable.
Es tiempo de retornar al coraje moral que permitió hace 200 años, alzarnos contra los imperios que acechaban y declarar nuestra indpendencia y permitir a José de San Martín y otros patriotas, la gesta libertadora que aún América saluda. (www.caraycecaonline.com.ar)