Las tarifas en el interior resultaban más elevadas que las aplicadas en la zona más rica del país. La legalidad de estos procedimientos se apoyaba en la declaración de la «Emergencia Económica» vigente desde 2002 con la salida de la convertibilidad y que los gobiernos kirchneristas continuaron para manejar a su antojo y conveniencia todo el cuadro tarifario sin pasar por el Congreso Naciona.(por Jorge Avila)
Buenos Aires, 16 de julio.(caraycecaonline) Tres claves para pasar el invierno. Tarifas y subsidios, el ajuste tan temido. Buenos Aires, la provincia asediada, y el comienzo de la temporada electoral.
Con las vacaciones invernales y la consiguiente superpoblacion infanto juvenil por las calles y paseos de las ciudades, es oportuno un breve análisis de las cuestiones vigentes, y también algunas pendientes, que se activan para brindar una perspectiva política de definiciones que, al menos, sen ven complejas para el resto del año. Tanto para el oficialismo como para la oposición. 1) La cuestión tarifaria se transformó finalmente en el desafío mayor para el gobierno de Mauricio Macri.
La imposibilidad de soportar los subsidios y la necesidad de recuperar la producción energética y la calidad de los servicios hacen ineludible elevar las tarifas.
Entre diciembre de 2001 y fines de 2015, los precios internos se multiplicaron en promedio por 12 y la cotización del dólar, por 15. En ese mismo período, las tarifas del gas domiciliario, la electricidad y el transporte público sólo aumentaron en dosis homeopáticas.
La ecuación económica de las empresas de servicios públicos se deterioró y afectó sus inversiones, a pesar de recibir subsidios estatales de diversas formas, no siempre transparentes, ni suficientes. Por ejemplo, las compañías de colectivos reguladas por el gobierno nacional recibían una suma por cada vehículo y combustible a precios inferiores a los del surtidor. El subsidio no era proporcional a la cantidad de pasajeros transportados, como hubiera sido más lógico y controlable. Las empresas distribuidoras de electricidad no recibían compensaciones en forma directa por el aumento de sus costos, sino que el subsidio se transfería a los usuarios a través de un bajo precio de la energía.
Lo mismo ocurría con las distribuidoras de gas, y así proseguían los dislates en el resto de los servicios públicos. Hubo corrupción y retornos y, en definitiva, se privó a las empresas prestatarias de la capacidad económica para hacer mantenimiento e inversiones con el efecto conocido sobre la calidad y la seguridad de los servicios. Las soluciones eran cortes generalizados.
Las distorsiones tuvieron, además, otro condimento. Fueron distintas a lo largo del territorio nacional. La región metropolitana, donde habita un tercio del electorado del país, fue la que recibió casi excluyentemente los subsidios del gobierno nacional. Las tarifas en el interior resultaban más elevadas que las aplicadas en la zona más rica del país. La legalidad de estos procedimientos se apoyaba en la declaración de la «Emergencia Económica» vigente desde 2002 con la salida de la convertibilidad y que los gobiernos kirchneristas continuaron para manejar a su antojo y conveniencia todo el cuadro tarifario sin pasar por el Congreso Nacional.
Durante esos 14 años los ajustes de tarifas, fueron insignificantes ante al aumento de los costos. Los consumidores recibían facturas que exponían cuánto más habrían tenido que pagar si hubieran vivido en Santa Fe, Montevideo o San Pablo. Tal vez se lo hacía para despertar alivio y el placer de pagar menos, pero lamentablemente estas sensaciones no fueron acumulables como para aceptar ahora mansamente la recuperación de los atrasos. Los subsidios crecieron exponencialmente hasta alcanzar en 2015 un monto anual equivalente a 20.000 millones de dólares, cercano a un 4% del PBI. Sumaban casi la mitad del déficit fiscal anual. Debería también computarse como un costo el consumo de capital que esa política ocasionó. Nuestro país perdió el autoabastecimiento energético y se extendieron los cortes de luz y las interrupciones de gas a las industrias. Los ferrocarriles, hasta llegar a trageidas como las de Once con 54 muertos. Envejeció el parque de vehículos de transporte público. Las rutas llegaron a un deterioro que las transformó en trampas mortales. Todo eso ocurrió mientras una parte de los subsidios y de los pagos a constructores retornaba a los bolsillos de los presidentes K y funcionarios en valijas y bolsos llenos de dólares y euros.
Ahora bien, el manejo de la cuestión, ha mostrado las primeras disidencias dentro del nuevo gobierno. Si bien toda la artilleria apuntó sobre el ministro Juan José Aranguren, fue decisiva la intervención del tándem de los coordinadores del gabinete económico, Mario Quintana (ex Farmacity) y Gustavo Lopetegui (ex Aerolineas Lan) para instrumentar el ajuste. Un ajuste que provocó el mayor desgaste para el gobierno con las primeras manifestaciones de descontento agitadas por los remanentes kirchneristas, que no son pocos, sino la judicializacion a través de amparos que, tras la apelación gubernamental, dirimirá la Corte Suprema tras la feria judicial. Todo indica, que habrá correcciones, especialmente en el análisis de impacto social a nivel regional, y el nuevo cuadro tarifario quedará vigente.(www.caraycecaonline.com.ar)