Editoriales Panorama político

El sueño de la razón

El cuestionato músico Gustavo Cordera

Las buenas conciencias , azuzadas por declaraciones públicas imprudentes, se rasgan las vestiduras en el altar de la corrección política, mientras la ausencia de propuestas sigue marcada por la intolerancia y la miopía conceptual. (por Jorge Avila)

Buenos Aires, 13 de agosto.(caraycecaonline) Los días más tibios del inverno parecen haber alentado la restauración de las buenas conciencias que, azuzadas por declaraciones públicas imprudentes, se rasgan las vestiduras en el altar de la corrección política, mientras la ausencia de propuestas sigue marcada por la intolerancia y la miopía conceptual.

1) Un músico, más o menos notorio, justifica la violencia sexual contra las mujeres, con fundamentos psicologistas cuanto menos ambiguos. Es refutado y castigado públicamente. Le suspenden sus presentaciones, da explicaciones estrafalarias sobre los motivos de su conducta y  es condenado a un módico ostracismo del que quizá tarde en retornar. Poco se dice de las reales situaciones de violaciones y abusos a que son sometidos chicas y muchachos en el ámbito del espectáculo. No sólo del rock, al amparo de la búsqueda desenfrenada de ídolos difusos, con códigos  basados precisamente en la revelación temprana del sexo, el consumo desenfrenado de drogas y alcohol, que no hace tanto costó varias vidas en una llamada fiesta tecno. Antes había sido la tragedia de Cromagnon, herida que aún sangra en la memoria colectiva. Exceso y confusión, tapan la escena del debate colectivo, con el villano en fuga y una multitud de «interpretadores» que nada aportan para evitar la continuidad de esta sistemática disfunción entre arte y conducta.

2) El presidente Macri brinda una entrevista a un medio electrónico, donde se manifiesta ignaro respecto a varios aspectos de la historia nacional reciente previa al retorno democrático, en busca de alejarse de las polémicas sobre las consecuencias de la violencia política de los 70 y 80. Resurge la polémica abierta por la teoría Lopérfido, sobre la cantidad de víctimas, si las constatadas por la Conadep (aproximadamente 9 mil) o la cifra que esgrimen los organismos de derechos humanos, de 30 mil. En todo caso, siempre han sido demasiado los que pagaron las consecuencias de las luchas facciosas, que bajo otras formas perduran en nuestra sociedad, abriendo a diario nuevos abismos en lugar de tender puentes mientras la Justicia y el tiempo hacen su trabajo. También aquí vemos el simulacro de nuevas redenciones, ataques y amenazas al gobierno, explicaciones insulsas, nuevas sombras sobre el horizonte. La autoridad moral de las organizaciones de derechos humanos locales, ha caído desde hace tiempo en el descrédito a nivel local e internacional, como para ser factor de cuestionamiento eficiente sobre el Estado. Es que se han transformado en meras administradoras de fondos para usos diversos, incompatibles con sus fines originales, y mas bien vinculados a la búsqueda de réditos económicos y sectoriales. Ello no implica dejar de señalar la ausencia de respuestas más atinadas por parte de la actual administración, para alcanzar consensos básicos en busca de una reparación adecuada que avance en el afianzamiento de la paz social. Memoria, verdad y justicia, son un presupuesto básico para ello, pero debe ser enriquecido por acciones y compromisos que superen el consignismo y la visión maniquea que todavía persiste en la sociedad y su dirigencia.

3) Mientras seguimos navegando en la incertidumbre del nuevo esquema tarifario, los distintos sectores involucrados parecen ajenos al costo de las penurias cotidianas de la ciudadanía. No es razonable normalizar el despilfarro y la corrupción de la política K de subsidos que arrasó la calidad de servicios y controles incumplidos en la provisión de agua, luz y gas. Pero el esfuerzo de superar las distorsiones debe ser compartido por el Estado, las empresas y los usuarios, y no recaer el mayor peso en estos últimos. Ni la Corte, ni las entidades de defensa del consumidor, ni los entes de regulación parecen dispuestos a contemplar la situación en su conjunto. Porque no están diseñados para eso. Se trata de una razón de Estado, que implica garantizar el cumplimiento de un mandato constitucional: «Proveer al bien común».

Nada impide que se logren solucionar las cuestiones pendientes, pero para eso deben ser superadas las hipocresías y templar el espíritu para afrontar las consecuencias. Podemos mirarnos a los ojos y recomenzar el camino juntos. O seguir hablando durante los próximos cuarenta años, de los cuarenta años que pasaron.(www.caraycecaonline.com.ar)

 

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