La Oficina Anticorrupción, la AFIP y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) pidieron la elevación a juicio del tramo vinculado a la fuga de dinero
Buenos Aires, 9 de febrero.(caraycecaonline) Lázaro Báez y otros doce colaboradores quedaron a un paso del juicio oral y público por lavado de activos. La causa de » la ruta del dinero K » sumó a su expediente un paso crucial: las querellas (todos organismos que dependen del Gobierno) dieron luz verde para pasar a la siguiente etapa, luego de considerar que un número de maniobras están probadas.
La Oficina Anticorrupción (OA) , la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP enviaron en los últimos días de enero extensos escritos al juez federal Sebastián Casanello para pedir la elevación a juicio. Este paso es clave porque, cinco meses atrás, dos de esos organismos se habían manifestado en contra de darlo porque consideraban que eso implicaría «fragmentar la causa» sin antes determinar la responsabilidad de Cristina Kirchner en la operatoria de Báez.
La OA y la UIF presentaron nuevos escritos en los que advirtieron sobre este cambio de postura. Ambos organismos insistieron en que se trata de «una operatoria compleja que se inicia con dinero proveniente de la obra pública». De todas formas accedieron a enviar a juicio un tramo de la investigación. Casanello, que hace tiempo quiere dar por terminada una etapa de la instrucción, ya le envió el expediente al fiscal Guillermo Marijuan para que se pronuncie.
Los hechos que irán a juicio oral son los vinculados con la maniobra de lavado de dinero canalizada a través de la financiera SGI, la fuga de capitales y el reingreso de los fondos en forma de bonos de deuda. De todas formas, Casanello y Marijuan seguirán investigando un universo mucho más grande de operaciones. De hecho, ayer el juez y el fiscal viajaron a Uruguay y aún esperan múltiples exhortos.
Irían a juicio, además, Jorge Chueco, Claudio Bustos y Julio Enrique Mendoza, por participar del reingreso del dinero al país.
La historia completa incluye un capítulo previo: la irregular asignación de obra pública al Grupo Austral, un hecho que se investiga en una causa separada, a cargo del juez Julián Ercolini.
Las querellas detallaron el paso a paso de la maniobra. El primer eslabón fue la generación de dinero negro a través de facturas apócrifas. Báez, en tanto, tomó el control de la financiera SGI: Elaskar cedió sus acciones de la financiera a la firma Sernote, propiedad de Chueco, quien luego la transfirió a la sociedad «vehículo» Helvétic Services Group . El mandamás de SGI era Pérez Gadín.
También quedó probado que la firma Top Air SA (cuyos accionistas son Austral y Zanzot) trasladó dinero desde Santa Cruz hasta el aeropuerto de San Fernando y desde allí hacia SGI.
El siguiente paso fue la fuga de divisas al exterior. Según describió la UIF, «Báez utilizó servicios financieros para depositar los fondos en cuentas a nombre de sus hijos». La maniobra habría culminado con la repatriación de US$ 32,8 millones, con la adquisición de bonos de la deuda argentina en Suiza que luego se transfirieron a una cuenta de Helvétic Service Group en la Argentina. Éstos se vendieron y se libraron nueve cheques que fueron endosados en favor de Austral. (www.caraycecaonline.com.ar)