Buenos Aires, 9 de marzo.(caraycecaonline) El gobierno de Cristina de Kirchner había otorgado un crédito de 590 millones de pesos a la empresa brasileña Odebrecht, para financiar el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. De esos fondos  habrían sido desviados 20 millones de dólares para pagar coimas a funcionarios argentinos de la secretaría de Obras Pública, a cargo entonces del inefable José López,

Así se desprende de una serie de mails secuestrados de una computadora del ex gerente de la empresa brasileña en la Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, según la denuncia que realizó la diputada Graciela Ocaña ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

Ahora el magistrado espera que Brasil, EE.UU., Uruguay y Curazao le contesten exhortos con datos de los pagos de sobornos de la constructora. El juez quiere, por ejemplo, que la Justicia de Curazao conteste quién es el apoderado de la cuenta a nombre de la empresa uruguaya Pribont Corporation SA que recibió US$ 80.000 de coimas y está abierta en el First Carribbean International Bank Willemstad de ese país. Otra conexión con el escándalo Odebrecht es a través de la constructora Contreras Hermanos. Esta cuenta la manejaría el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

Por ejemplo, en el mail del 4 de marzo de 2010 cuyo asunto era «Reunión con Biancuso», se ofrece una minuta de los puntos abordados en el encuentro. El título podría hacer referencia al ex director de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico, Raúl Biancuzzo, un funconario K que también estuvo al frente de la empresa de agua y cloacas AySA, lugar donde recaló la responsabilidad del avance del soterramiento.

Otro correo electrónico, denominado «Reunión Sarmiento 29/04/10», contiene una minuta fechada ese mismo día a las 17:44 se puntualiza que “se firmó un decreto por parte del Ministro”. Ese mismo día fue firmado el decreto presidencial 600/2010 que implicó una addenda al contrato del soterramiento que “dejaba la facultad de realizar adecuaciones del contrato en manos de la secretaría Transporte, en ese momento ya ocupado por Juan Pablo Schiavi”.

La addenda menciona que se acordó entre el funcionario, IECSA, Odebrecht, Ghella, Comsa, y Consorcio Nuevo Sarmiento, las distintas etapas en las que se dividiría el proyecto. El gerente de Odebrech Couri Ribeiro en Argentina participó de la firma de ese documento.

Del backup de la computadora de Couri Ribeiro secuestrada por la Policía Federal del Brasil surgieron los contactos sospechosos entre marzo y junio de 2010. Diez días después de ese encuentro, de acuerdo con el decreto, «el contratista percibirá un primer desembolso del anticipo financiero de veintiún millones setenta y nueve mil doscientos setenta y otro de $ 21.079.271,53» de fondos de la ANSES. En el correo se describen cuatro puntos que describen alcances de las cláusulas firmadas. Principalmente, el punto 4, señala que «a 90 días, $500 MM, Bonos ANSES», en referencia a que el organismo previsional conducido entonces por Diego Bossio iba a financiar parte del proyecto. Pero a renglón seguido, se consignó la enigmática sigla «DGI» -que no tiene que ver con el organismo fiscal argentina- y la cifra de U$S16 millones(dólares estadounidenses dieciséis millones). Otro correo del 27 de mayo titulado «DGI 2» apunta a un «Tatu», que no identifica, como receptor de los pagos.

“Los funcionarios del gobierno en claros actos de malversación de fondos, incumplimientos de deberes de funcionario público y defraudación a la Administración Publica, han utilizado fondos de naturaleza pública como los provenientes de la ANSES para afrontar el pago de coimas en relación a la realización de las obras públicas”, afirmó Ocaña al cerrar su ampliación de su denuncia (www.caraycecaonline.com.ar)