Buenos Aires. 13 de mayo.(caraycecaonline)  La írrita sentencia de la Corte Suprema fue, junto a la visita a Jujuy del Grupo de Tareas de la ONU por Detenciones Arbitrarias  a pedido de la reclusa Milagro Sala, desnudaron las falsedades del relato kirchnerista sobre Derechos Humanos. A su vez queda planteado un nuevo desafío para resolver el compromiso de la sociedad en busca de mejorar la calidad de vida de quienes habitamos este suelo.

Aunque aún no existen explicaciones más allá de los fundamentos del fallo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el caso del torturador Luis Muiña, desató una multitudinaria ola de rechazos que culminó con la rápida sanción del Congreso para restringir ese fallo  y del Ejecutivo, que sancionó la Ley al día siguiente. Quizá hubiera sido mejor orientar la protesta de las huestes humanistas hacia el Palacio de Tribunales, sede de la Corte donde los votos del ex ministro kirchnerista, Horacio Rossati, el nosiglista Carlos Rosenkrantz y la sopresiva adhesión de Elena Highton de Nolasco, recien beneficiada por la extensión «a eternum» de su cargo , quizá podrían brindar mayores precisiones sobre el notable cambio de criterio doctrinario y jurisprudencial. Recordemos que durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner fueron beneficiados  mas de cincuenta condenados por delitos de lesa humanidad, con la anuencia del ex integrante del máximo tribunal, Raúl Eugenio Zaffaroni, idolatrado jurista y proxeneta en franca decadencia. Al respecto,  Zaffaroni, señaló : «Pude haberme equívocado», en una línea común a la estrafalarias autocríticas de quienes integraron el númen intelectual del régimen de los santacruceños.

Los Derechos Humanos, recordemos, son inherentes a la persona humana y anteriores a la constitución del Estado, por lo que de ninguna manera pueden considerarse como una dádiva de este, sino que, por el contrario, explican y justifican la existencia del mismo. De allí la tremenda e intolerable aberración que se da cuando es el Estado, lo que lamentablemente no es poco frecuente, el que conculca y pisotea los derechos de las personas.

Nuestra historia reciente nos ha confrontado con gobiernos que sucumbieron a la tentación dictatorial o autoritaria, en las décadas de los 70 y los 90, lo que trajo consigo la suspensión de las garantías para la ciudadanía y nos sumergió en un círculo vicioso y oscuro de amenazas, abusos y hasta  atentados contra la vida humana, que merecieron la repulsa de la ciudadanía y de la comunidad internacional.

La adhesión de ciertas entidades de derechos humanos al kirchnerismo no sólo las desvió del propósito prioritario de su objetivo, sino que también contaminó, al menos a una de ellas, en graves hechos de corrupción. El caso notorio fue el de las Madres de Plaza de Mayo, que en la línea, liderada por Hebe de Bonafini, entró en proyectos de construcción de viviendas que se financiaron con dineros públicos y que culminaron con estafas y continuaron con el desfalco a un instituto universitario que fue pagado por todos los argentinos mediante una absurda estatización.

El fácil dinero oficial fluyó para generar gastos y enriquecimientos inexplicables, en algunos casos, mientras que en otros, el aporte de las arcas públicas podría explicar la voluntaria ceguera frente a irregularidades cometidas desde el gobierno nacional.

La cooptación kirchnerista no fue casual. Por el lado del matrimonio gobernante, respondió a una estrategia de construcción de poder. Por el lado de las entidades, fue una respuesta a quienes les dieron satisfacción a su aspiración de ver encarcelados a los acusados de ser victimarios de sus familiares o compañeros en la lucha. La idealización de los guerrilleros como perseguidos políticos está en la naturaleza de la relación afectiva de sus familiares y en el intento de una mejor presentación de su violencia «revolucionaria» frente a la sociedad y el mundo.

Fue tan fuerte ese impulso ideológico y afectivo, así como la aspiración de vengar a sus seres queridos, que algunas entidades de derechos humanos consintieron a cambio la corrupción kirchnerista.

Precisamente, una lectura más integral  de lo que pasó en los años ’70 sería el paso necesario para conformar nuevas entidades de Derechos Humanos.
A ello debemos agregar que la visita del Grupo de Tareas sobre Detenciones Arbitrarias de la Onu a Jujuy, además de constatar la falsas alegaciones de Milagro Sala sobre supuestas hostilidades, fue útil para escuchar la voz de sus víctimas.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas escuchó a los denunciantes de la líder de la agrupación Tupac Amaru ante la Justicia, que contaron sus casos frente a los expertos internacionales. «Finalmente las víctimas de Sala pudimos hablar, vieron que no somos un invento, somos de carne y hueso, y los organismos de derechos humanos se llevaron la voz que hasta ahora nunca habían escuchado», señaló Víctor Mendoza, un dirigente del gremio docente que denunció golpes, secuestro y amenazas de muerte de parte de la agrupación de Sala. Mendoza relató que el Grupo de Trabajo les aclaró que su pedido de libertad a Sala (que el organismo emitió en octubre del año pasado, cuando consideraron que su detención era «arbitraria») no es modificable, pero que las impresiones de este viaje les servirán para elaborar el informe global sobre la Argentina que se conocerá  en 2018. Rosalía Reyes, madre  de Lucas Arias, también habló ante los funcionarios de Naciones Unidas. «Sala copó el Ministerio de Obras Públicas con el permiso del ex gobernador Eduardo Fellner y del ministro, y entre 20 personas masacraron a mi hijo hasta matarlo», relató. Una historia similar detalló ante el grupo María del Carmen González. «Como nos fuimos con el sindicalista Carlos Santillán, Sala me sacó la vivienda que me correspondía y le hizo dar tantos golpes a mi hijo por la Policía que lo dejó en estado vegetativo, muerto en vida. Quieren hacer creer que Sala era la Madre Teresa de Calcuta, que está  mal detenida y que es una presa política», se quejó. Después,Soledad Mendoza, explicó cómo se quedó sin la casa que había heredado de sus padres, que hace más de dos años no logra recuperar. «Sala quería armar un merendero en mi casa y nos echó, arrastró a mi madre inválida por el piso de los pelos, y degolló a mis perros. Me dijo que si no me iba, despúes seguía yo». «Les pedimos que escucharan a los jueces que han dictado la prisión preventiva, pero no les interesa porque vienen con una opinión formada, que es negativa  por la tarea de Verbitsky y Zaffaroni, con quien doctrinariamente no estoy de acuerdo»,  dijo la presidenta del Superior Tribunal de Justicia jujeño, Clara Langhe de Falcone, sobre la reunión que mantuvo con la delegación. El «relato», desnudo. (www.caraycecaonline.com.ar)