Policiales La Salada

Jorge Castillo, el zar de la venta ilegal que por años se codeó con el poder

Jorge Castillo

Comenzó con La Salada en los 90 y en 2012 llegó a integar una misión presidencial argentina en Angola. Guillermo Moreno lo definió u amigo: «El único radical que labura» dijo.

Buenos Aires, 21 de junio.(caraycecaonline) La Salada es el complejo de ferias informales más grande del país. Y Jorge Castillo es su cara más visible, un hombre que públicamente siempre se declaró en contra de la falsificación de marcas, pero que se mueve al fleje de la ilegalidad en un mundo donde el dinero siempre circula en efectivo, sin facturas y en medio de presiones y negocios turbios.

Castillo tuvo buena llegada al polémico ex secretario de comercio K, Guillermo Moreno, quien incluso lo definió  su «amigo», y de su mano acompañó a la ex presidenta Cristina Fernández en su gira de negocios por Angola en 2012.

En 2012, Cristina Kirchner llevó el modelo de la feria de «La Salada» a Angola. Hoy, «El rey de la Salada» está preso

 El hombre es dueño reconocido de la feria Punta Mogote, uno de los tres predios legales que operan en La Salada -los otros son Urkupiña y Ocean-. Y la feria es el paraíso de las marcas truchas producidas en muchos de los 30 mil talleres clandestinos que abastecen a los puestos, con una facturación muy por encima de los $ 300 millones por cada uno de los dos días por semana que abre.

Castillo también reconoce la propiedad de la feria de Bogotá y Nazca (Flores), y algunas sucursales en otras provincias. Incluso intentó abrir una saladita en una galería de Palermo. Varias veces se jactó de vivir en Puerto Madero y hoy tiene una vida muy acomodada, con una lujosa mansión en Luján.

El mercado de La Salada nació en 1991 con un pequeño grupo de bolivianos asentados en el predio de un antiguo complejo de piletas.

Creció durante el menemismo y en los últimos años llegó a ocupar 20 hectáreas con más 7.000 puestos con calzados, pulóveres, jeans, pero también CD «truchos», juguetes y comida rápida. Hasta el gran desalojo de 2015.

 

El complejo tomó dimensión internacional cuando el diario El País, de España, lo mencionó como “el mercado negro más grande de América Latina”, según la justicia de Estados Unidos.

El prestigioso diario contó que según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, los precios de la Salada no ofrecen ningún misterio: se trata de “productos pirateados o de contrabando, porque el control legal ha sido escaso e intermitente, y eso en el mejor de los casos”.

Y citó un informe elaborado por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

En ese informe, Estados Unidos lamentaba que el Gobierno de Cristina Fernández apoyara este “mercado ilegal” hasta el punto de que los directivos de La Salada acompañaron a la presidenta en misiones comerciales en el exterior.

 

Es que Jorge Castillo, viajó junto a Cristina Fernández, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y decenas de empresarios argentinos en su misión comercial a Angola en 2012.

Castillo no sacó fruto de aquel viaje porque se dio cuenta después de que en Angola “no hay seguridad jurídica”.

Pero aseguraba que Estados Unidos mentía respecto a La Salada: “El único secreto de nuestros precios es que vendemos ropa autóctona de gran calidad al precio justo. El coste de un jeans es de 80 pesos y lo vendemos a 160. Pero el mismo pantalón te cuesta en cualquier otro comercio argentino. 400 pesos. El tema está en el abuso que hay en la cadena de intermediación”, dijo en aquel momento.

Sin embargo, para la Cámara de Comercio Argentina (CAC), el abuso lo cometen muchos  los dueños de este mercado que no pagan impuestos ni alquileres y que han conseguido reproducirse en los últimos años hasta registrar más de cien pequeños mercados ilegales o “saladitas”, en la ciudad de Buenos Aires.

Jorge Castillo, el zar de la venta ilegal que por años se codeó con el poder
Castillo junto a Moreno en el viaje a Angola. (Archivo)

Las diferencias de precios con los comercios legales son abismales, del 40% o más. Es que los puestos –incluso legales– compran sus mercaderías en talleres textiles clandestinos, donde trabajan inmigrantes en condiciones de esclavitud. Además, al no pagar cargas sociales, ni Ingresos Brutos ni ningún tipo de derechos de autor sobre marcas falsificadas, los precios lógicamente son más bajos. (www.caraycecaonline.com.ar)