Lo dictaminó el juez Claudio Bonadio. Lo investiga por el delito de defraudación contra la administración pública.
Buenos Aires, 10 de julio.(caraycecaonline) Julio De Vido sumó un nuevo revés judicial. El juez, Claudio Bonadio lo procesó por el presunto delito de defraudación de $ 609 millone contra la administración pública por el modo en que se repartieron los subsidios a las líneas de colectivos.
De esta manera, al ex ministro de Planificación Federal y actual diputado del Frente para la Victoria se le sigue enturbiando el frente judicial, en medio de la iniciativa de Cambiemos por Inhabilidad moral para ejercer su cargo en el Congreso.
En la causa judicial, según publica el portal Infobae, fue determinado que hubo empresas que cobraron entre el 5 y el 50% más de dinero que el que les correspondía.
El ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner tiene 135 denuncias judiciales en su contra, por unos 30 delitos diferentes vinculados a la obra pública, el transporte, la energía y los vidriosos acuerdos con universidades públicas.
Además, tiene 26 imputaciones y está procesado en tres causas: la Tragedia de Once, por estrago culposo y administración fraudulenta; la compra de chatarra ferroviaria y por irregularidades en contratos de trenes.
Además de Eduardo Sícaro, Guillermo Lapadula y Pedro Ochoa Romero, quienes estuvieron al frente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
El juez Bonadio además les estableció embargos a todos los procesados por un total de 1.000 millones de pesos.
«El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, con la anuencia del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se encargó de diseñar el marco normativo dentro del cual tuvo lugar la actividad ilegal. A tal efecto se dictaron las resoluciones que regulaban todo el sistema incluyendo las relativas a la actuaciones de la CNRT y terminaron creando un entramado de múltiples subsidios y compensaciones superpuestas hasta el extremo de entregar seis subsidios simultáneos con formulas de cálculo diferentes, ademas del gasoil a precio diferencial que a su vez poseía otra fórmula más.
En ese marco, el 23 de julio de 2003 se dictó la resolución 23/2003 de la Secretaría de Transporte que los kilometrajes a considerar para los cálculos de los subsidios fueran proporcionados por las empresas beneficiarias a través de declaraciones juradas», establece la resolución firmada por el magistrado.
Así dio por terminada la etapa de instrucción y para comenzar las rondas de indagatorias a los directivos de las distintas empresas involucradas.(www.caraycecaonline.com.ar)