Política Investigan a la jefa de los fiscales

Todas las operaciones sospechosas de la Procuradora Gils Carbó

Alejandra Gils Carbó

La justicia y legisladores del oficialismo denunciaron varias operaciones inmobiliarias difíciles de explicar durante la gestión de Gils Carbó.

Buenos Aires, 15 de julio.(caraycecaonline) El juez Julián Ercolini citó a indagatoria para el 31 de agosto a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que explique las presuntas irregularidades en la compra de la sede central del organismo que comanda. No es la única operación inmobiliaria de Gils Carbó que levantó sospechas en la Justicia. Aquí, un resumen de los casos más resonantes.

Perón 667

Es la sede central de la Procuración, y se pagaron 43.850.000millones de pesos en 2013. La gestión de esa compra estuvo a cargo de Guillermo Bellingi, un funcionario que dependía directamente de Gils Carbó. Bellingi modificó los términos de la licitación de forma tal que la operación inmobiliaria quedara despejada para comprar el edificio estilo francés, que pertenecía a la firma Arfinsa, del Grupo Bemberg. Lo más sospechoso de la operación fue que en el camino se pagó una comisión de 7,7 millones de pesos a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, que a su vez pagóotra comisión de 3 millones de pesos por asesoramiento a Juan Carlos Thill, un productor de seguros de La Plata. La investigación reveló que Thill es medio hermano de Bellingi, el cerebro de toda la operación y ex funcionario de confianza de Gils Carbó.

Alejandra Gils Carbó Propiedades: todas las operaciones sospechosas de la Procuradora

Perón 667: en 2013, la jefa de los fiscales adquirió este edificio. Lucía Merle

En un informe de la Coalición Cívica sobre el juicio político que se le podría abrir a Gils Carbó, se consigna que mediante la resolución 4201/15 del organismo, la funcionaria determinó la renovación del alquiler de un edificio que la Procuración utiliza hace muchos años. Está ubicado la calle Tucumán 966. La renta de ese inmueble estaba pactada en 625 mil pesos mensuales. Pero el total del alquiler, dice el informe repitiendo la información de la Procuración, es de $ 22.500.000 anuales, que se pagaron por adelantado.
Alejandra Gils Carbó Propiedades: todas las operaciones sospechosas de la Procuradora
Tucuman 966, otra de las sedes de la Procuración. Martín Bonetto

Corrientes 1615

​Es un edificio de 8 pisos por el cual se pagaron 6.580.000 pesos de alquiler, correspondientes al lapso entre julio del 2015 y enero del 2016. Pero nadie trabajó allí. La Procuración pagó un alquiler millonario, financiado con fondos públicos, pero el edificio nunca se usó.

Alejandra Gils Carbó Propiedades: todas las operaciones sospechosas de la Procuradora

Corrientes 1615, otra de las sedes de la Procuración investigadas. Martín Bonetto

Perú 143

​Además de la compra del edificio de Perón 667, la Procuración hizo otro negocio con empresas relacionadas al Grupo Bemberg. Es un alquiler a la familia Bemberg de una oficina en el piso 13 de un edificio de la calle Perú 143, en un proceso administrativo señalado dentro de la propia Procuración por sus falencias y omisiones en su tramitación. Los jefes del Procuración avalaron que se le pague a una compañía de los Bemberg llamada Tainaul S.A un alquiler mensual de 75 mil pesos por ese departamento. El contrato estipuló que esa operatoria duraría tres años: la suma aprobada oficialmente para abonarle a esa firma privada fue de $ 2.700.000 pesos. La Procuración estableció que también se pagarían con fondos públicos 135 mil pesos en concepto de “honorarios por intervención inmobiliaria” a la empresa “Colliers Badino S.A.”. Alejandro Badino, es socio de “Colliers Bandino S.A”, la firma que cobró la comisión por el alquiler de las oficinas de Perú 143. Y también es residente de una importante empresa de “compra-venta” de propiedades de nombre “Colliers International”. Esta compañía fue la que salió segunda en la licitación pública gracias a la cual los Bemberg lograron que la Procuración les comprara su mansión de Perón 667.

La Procuración General de la Nación, alquiló en marzo del 2016 un edificio en Mar del Plata para mudar ahí a todas las fiscalías de esa ciudad. Esa renta se concretó sin licitación pública, y con carácter de “urgente”. El Ministerio Público acordó con los dueños de la propiedad que se les pagaría por tres años de uso una renta mensual de 193 mil pesos. La suma total de la operación se oficializó en $ 6.948.000. Cuando se firmó el acta de intención de locación de esos nueve pisos de oficinas, ubicadas en la calle Independencia 3179, no existía edificio alguno. En ese lugar había un pozo.Independencia 3179 (Mar del Plata).(www.caraycecaonline.com.ar)