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Salvo error u omisión

El canciller Héctor Timerman y su par iraní, Alí Akbar Salehi, al firmar el Memorándum en la capital de Etiopía, en enero de 2013.

(Por Jorge Augusto Avila)

Buenos Aires, 9 de diciembre.(caraycecaonline) La pretensión de impunidad ante el renovado impulso de las causas judiciales contra Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Carlos Zannini y sus secuaces, más allá de formas y procedimientos, revelan varias cuestiones de fondo que conviene analizar. El asesinato del fiscal Alberto Nisman mostró, una vez más, una realidad cruel: el Estado argentino no está estructuralmente capacitado para llevar adelante sus funciones más básicas. El episodio, por sus características trágicas, sacudió de tal manera a la sociedad, que no resulta ya posible evadir esta realidad que –a fuerza de mala praxis, incompetencia y ausencia– aflora en carne viva.  La actuación de la Justicia y de las fuerzas de seguridad lideradas en aquel momento por el teniente coronel Sergio Berni, la reacción del oficialismo encabezado por la ex presidente, de la oposición y de la sociedad civil, son, quizá, una prueba más de lo que sostenemos en el primer párrafo. Para comenzar a buscar las razones que sustentan al Estado, basta echar una rápida mirada al Preámbulo, para encontrar allí unas cuantas directivas generales: construir la unión nacional, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Las acciones del juez Claudio Bonadío para encaminar y reparar errores u omisiones interesadas en la denucia por encubrimiento del pacto con Irán, para los autores del atentado terrorista mas grave de nuestra historia reclaman un accionar acorde de las instituciones de la República. El Poder Ejecutivo, respetando la independencia judicial, tiene el deber de hacer cumplir las medidas reclamadas por los magistrados. El Poder Legislativo debe despertar de su largo letargo, y dejar de ser una guarida de quienes amparados en la anacrónica institución de los fueros, buscan eludir el accionar de la justicia.

Ante estas situaciones como la planteada resulta difícil encontrar aquellos elementos o sucesos que permitan observar la consolidación de los objetivos planteados en el Preámbulo. Por el contrario, pareciera que una diagonal atraviesa nuestra historia, que presenta al Estado como una herramienta al servicio de distintos grupos de interés y no tanto como el instrumento para llevar adelante los fines para los que fue pensado.
Si bien es cierto que la captura del Estado por ciertos sectores no es patrimonio de un gobierno en particular y quizá tuvo su expresión más macabra con el proceso de reorganización nacional, no lo es menos que en la etapa democrática iniciada en 1983, pero los doce años de kirchnerismo han consolidado la tendencia, en gran medida, por la coyuntura internacional. Las causas son múltiples, las culpas también, y la sociedad civil en su conjunto no es ajena a este deterioro. Hoy, el escenario ha cambiado radicalmente y tras la abrupta irrupción del gobierno estadounidense en el conflicto de Medio Oriente, el resurgimiento de grupos como Hamas y Hezbollah implica nuevas amenazas para el país. Desde la década de los 90, cuando se produjo la voladura de la Embajada de Israel y de la sede de la AMIA, con su cruento saldo de muertos y heridos, células de estos grupos terroristas quedaron instaladas en la región, especialmente en la zona de la Triple Frontera, y han sido motivo de investigaciones periódicas por parte de organismos de inteligencia internacional. El accionar de la banda kirchnerista comandada por Néstor y Cristina Kirchner implica un nivel de responsabilidad institucional que debe ser investigado acorde al tenor de la denuncia: infames traidores a la patria.
El Estado, justo es decirlo, está integrado por un conjunto de entidades multifacéticas, gigantescas, sumamente difíciles de manejar y gobernadas por el statu quo, que incluyen los tres poderes clásicos, el Ministerio Público, los estados provinciales y los municipales. Internamente, también está atravesado por una enorme multiplicidad de intereses corporativos, pequeños nichos de poder prebendario, ineficiencias y muchos otros defectos. El Estado, aun hoy, está colonizado por facciones con características mafiosas, servicios de inteligencia de toda calaña, corrupción e intereses totalmente desalineados con sus objetivos básicos. El primer paso, entonces, es tomar real conciencia de la situación y provocar un cambio categórico.
Confirmar su rol, asumir un compromiso transformador y consolidar las condiciones necesarias, parece ser un muy simplificado camino crítico para comenzar, con espíritu reformista, la reconstrucción del Estado argentino.
Cuando, en el juicio a las Juntas en 1984, la sociedad tomó conciencia del resultado que significó entregar la maquinaria estatal a los militares, motivó el grito de ¡Nunca más!. Podemos alegrarnos con que la alternancia política se realizó, en los últimos 41 años, en el marco de la Constitución.
La muerte del fiscal Nisman, que fue precedida por otra cantidad de muertes fruto de esta coyuntura, como la tragedia de Once, o más atrás en el tiempo, el mismo atentado de la AMIA y otros muchos ejemplos, podría ser el “Nunca más” al Estado deshecho, ausente y secuestrado por grupos de interés. Por otra parte, el mundo del siglo XXI presenta desafíos gigantescos. Las decisiones que el Estado tome, en el contexto internacional, tienen repercusiones inmediatas.
El denominado “Estado Islámico”, que reseñamos en nuestro número anterior, no es un tema menor. El comercio y los mercados internacionales requieren de un Estado en forma para participar de manera solvente en el concierto de las naciones, con ambición de relevancia. El crimen organizado es transnacional. La interacción profesional con las fuerzas de seguridad de países vecinos es fundamental. Estos son sólo algunos ejemplos, que no agotan una interminable lista de retos. En vísperas de la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires, y tras asumir la presidencia del G-20, se avizoran nuevas oportunidades. Un gobierno de coalición –cualquiera sea su signo político– necesitará garantizar la gobernabilidad. El funcionamiento eficaz del Estado, que lo saque de su hipertrofia, requerirá de una sólida concertación que implica que quienes piensan distinto acuerden un funcionamiento constitucional eficaz, a pesar de las disidencias. Los ciudadanos, en quienes reside la soberanía de acuerdo con nuestra Carta Magna, tendrán la última palabra.(www.caraycecaonline.com.ar)