Fueron creados mediante la resolución 1171/2017, que también reasignó en funciones más relevantes, a más de 40 empleados jerárquicos del Consejo. La norma pretende «optimizar los objetivos constitucionales y legales impuestos».

Cerca de la titular del organismo, Marcela Basterra, del riñón de Horacio Rodríguez Larreta, rechazaron las versiones periodísticas que afirmaban que se había sumado nuevo personal externo. «Ya era personal de planta. Solo se sumaron 4 nuevos funcionarios y hubo dos pases, que venían de la fiscalía; el Consejo ya les pagaba los sueldos», destacaron.

Oficialismo y oposición dentro del organismo coinciden en que los nuevos cargos, no significarán más gastos, pero podrían tener impacto en las respectivas jubilaciones.

Entre los nuevos destacamentos hay nombres como el flamante «Departamento de Implementación de Lenguaje Claro». Su función es «adaptar y redactar los textos de las actividades y/o programas del Consejo en lectura fácil, sin expresiones técnicas y con estilo directo, para su posterior comunicación».

La Dirección de Materias Especiales y Apoyo Técnico Operativo tendrá tres nuevos departamentos; así como el «Proyecto Teatro de papel: Una función justa», cuyo objetivo es «generar espacios de acceso a la justicia en la primera infancia». Y, aunque el derecho ambiental no es competencia de la Ciudad se creó una dirección con ese nombre.

En cada uno de los anexos de la resolución se detalla la composición de cada empleado. La batería de nombramientos beneficia fundamentalmente a los empleados ligados a las tres ramas que controlan el Consejo. En primer lugar a los vinculados con presidente de Boca Daniel Angelici, principal operador en la Justicia porteña del PRO. En segundo lugar, al ex titular del Consejo, el peronista Juan Manuel Olmos. Por último, al más relegado Colegio de Abogados de la Ciudad. Esa repartija de poder tiene su correlato entre los consejeros.

Los cargos en el Consejo porteño oscilan entre los $30 mil de bolsillo, en el escalafón más bajo, hasta $200 mil.

Una auditoría interna arrojó que el Consejo debería tener un máximo de 850 empleados. Hoy, sin embargo, hay 1037 empleados y alrededor de un tercio son contratados.

Sin embargo, el nuevo plan de ajuste que Basterra pretende aprobar en el plenario de febrero incluye una reducción para los próximos de 2 años de 200 empleados, aunque afirman que no echarán a nadie. Apostarán a un plan de retiros y jubilaciones.

En el macrismo consideran que el plan de ajuste equivaldrá al 20%, el mismo recorte al que apunta el Ejecutivo nacional.(www.caraycecaonline.com.ar)