Buenos Aires, 22 de febrero. (caraycecaonline)El Gobierno reflotó un proyecto de ley para crear un Ente que controle la distribución de fondos que reciben las obras sociales para cubrir los tratamientos médicos más costosos, por lo general originados en enfermedades crónicas. Sería denominado “Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria”.

La iniciativa también incluiría medidas para evitar posibles medidas cautelares que suelen presentar grandes laboratorios ante el requerimiento de medicamentos costosos, no obstante la certificación médica que lo acompañe.

Se trata de unos 2.300 millones de pesos mensuales que el Estado retiene  de los aportes de los trabajadores a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)  para  girarle proporcionalmente a las organizaciones gremiales.

Durante el gobierno anterior alrededor de $ 30.000 millones habían sido retenidos para ejercer presión particularmente sobre las conducciones sindicales no kirchneristas. Esa coacción hizo que numerosas obras sociales quedaran al borde de la quiebra, imposibilitadas de atender todos los requerimientos de sus afiliados.

El proyecto de ley en marcha  es  analizado por técnicos  del gobierno  en consulta con expertos que forman parte de algunos de los sindicatos más fuertes de la CGT. Incluso  acercaron sus conocimientos algunos secretarios generales de gremios que conocen las “trampas” que pueden generarse en obras sociales que quieran utilizar esa plata para otros fines.

Hace meses que el Gobierno manifestó su propósito  de tranparentar el manejo de estos importantes fondos en línea con  el “cambio cultural” que propone Cambiemos. También en concordancia con el interés oficial de llegar a acuerdos  con los grandes sindicatos en reformas  conducentes a una mayor competividad laboral.

También fuse descubrieron desmanejos que se cometían en loa sindicatos con esos de los trabajadores que administra el Estado, y que tendrían que tener un único objetivo: mejor asistencia sanitaria para los afiliados sindicales. Sean del gremio que fueran.

“Ahora se va a trabajar en serio para que nadie tenga más beneficios que otro por su poder de imposición al Gobierno”, dijo una de las fuentes que participa de estas negociaciones confideciales.

Hoy, la frase tiene una sola lectura: Moyano ya no estará entre los más beneficiados por la suelta de dinero de la SSS, como solía pasar.

El nuevo plan incluiría un proyecto de ley para crear un nuevo organismo público: la “Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria”.

Ese ente, que sería integrado por expertos en medicina, técnicos, abogados y científicos, se encargaría de determinar cuándo una obra social deberá recibir el dinero necesario para ayudar en la recuperación de la salud de un paciente que necesita un remedio o un tratamiento costosos. Esta nueva “agencia” serviría para evitar que pueda ser falsificada la existencia de pacientes  para recibir esos remedios. Un fraude ya descubierto en varias instituciones para recaudar fondos en forma ilegal. (www.caraycecaonline.com.ar)