Buenos Aires 31 de marzo.(caraycecaonline) Las recientes confrontaciones entre el Poder Ejecutivo y Judicial, por liberaciones de dirigentes pol¡ticos y empresarios K, revelan una fuerte encrucijada. Tanto quienes antes ejercieron el gobierno, buscan influir sobre el servicio de justicia. Mientras se suceden los proyectos de reforma, la sociedad sigue reclamando por mayor eficiencia y calidad para todos.­

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La liberación del «zar del juego»Cristóbal L¢pez y su socio Fabián de Sousa, tras la salida del ex vicepresidente Amado Boudou , Carlos Zannini y Luis D’Elia por la causa Amia-Irán, inquieta al gobierno. Sus integrantes advierten cierta escalada en tales decisiones como una advertencia sobre los l¡mites que las acusaciones deben sustentar para derivar en acciones judiciales eficaces. La reciente visita del ex mandatario de Ecuador, Rafael Correa, esclarec el tema: «Existe una persecuci¢n jurídica contra los ex presidentes en América Latina. En Brasil, con Lula y en Argentina, con Cristina Kirchner». Olvidó decir que también ‚él  y su par venezolano, Rafael Maduro, están acusados de un accionar cuanto menos sospechoso en el manejo de cuestiones de Estado, especialmente vinculadas a los medios de comunicaci¢n y las coimas de la constructora brasileña Odebrecht’.

Lo cierto es que existe una relación inversa entre la posibilidad de ser investigado y condenado por corrupción, y el hecho de retener los hilos del poder. No cabe duda que ningún modelo de país razonable, en el que merezca la pena vivir, puede prescindir de una administración de Justicia ecuánime, objetiva, independiente, prudente y eficiente. Pero esa certeza convive con una sensación tóxica que se basa en la sospecha que, en materia de investigación de ilícitos vinculados con la corrupción cuya evaluación a veces ha estado influida por razones políticas o ideológicas, la culpabilidad nace recién cuando el poder muere. Prevalece una Justicia que, a pesar de las vendas en los ojos que  la  caracteriza, puede advertir cuándo el funcionario cae en desgracia y recién allí, hace caer el brazo que sostiene la espada de la condena. Pareciera que los funcionarios sospechados tienen la rara capacidad de dominar con virtuosismo los tiempos judiciales, de que a cada excusa de coyuntura le siga una aceptación comprensiva por parte de jueces y fiscales, en la cual cada trámite dura una eternidad y a la larga siempre resulta inservible, y en donde a la morosidad no hay empacho en presentarla como sinónimo de prudencia. Paralelamente, hay despliegues también obscenos del poder que detentan los funcionarios. La fórmula es, a mayor poder del funcionario sospechado, menor nivel de eficiencia en la investigación. Los ciudadanos que desean vivir en Estado de Derecho tienen fundadas razones para sentirse desilusionados de esta Justicia oportunista, de coyuntura. Añoran las bondades de una administración de Justicia Penal que se decide contra la corrupción en el momento en el que el tejido social se beneficia en mayor grado, cuando el poder se ha alejado de la política, y debe reconocer los límites y controles. Cuando eso haya sucedido, recién tendremos un país mejor.(www.caraycecaonline.com.ar)