Buenos Aires, 4 de julio.2020 (caraycecaonline) Rebozante de pruebas, el caso de los cuadernos de las coimas acumuló decenas de «imputados colaboradores», según el nombre que la ley votada en 2017 les ofreció a aquellas personas que, imputadas de un delito contra la administración pública, aceptan aportar información relevante para la causa a cambio de admitir su culpabilidad y esperar algún beneficio cuando el caso tenga sentencia en su juicio oral.
La burbuja duró poco. Tal como temían los testigos, y pese a las blancas promesas del presidente Alberto Fernández, el decreto de Macri voló por el aire, la oficina de «protección» de arrepentidos volvió a la órbita de Justicia y al frente de ella quedó un alfil del viceministro Juan Marín Mena, uno de los halcones de Cristina Kirchner.
Fariña, López y Manzanares renunciaron a la custodia y los beneficios del programa, que más bien se habían convertido en un caramelo envenenado.
Pese al tenor explosivo de sus declaraciones ante la justicia y el riesgo de que las pruebas que aportaron sigan en sus manos hasta que se realice el juicio oral de las respectivas causas en las que se arrepintieron, ninguna agencia o policía del Estado vela por la seguridad de estos testigos, que día tras día permanecen expuestos a aprietes, sobornos y, eventualmente, lamentables accidentes o romances violentos que acaben con sus vidas. También a posibles sicarios a sueldo de quienes fueron incomodados por las declaraciones judiciales de los arrepentidos.
La endeblez de su situación es proporcional a la gigantesca importancia institucional que el Estado debería garantizar -quieran o no- para que cada uno de ellos pueda esperar su juicio y declarar en él sin presiones y con todas las garantías de la ley.
El precio de no hacerlo -siquiera discutirlo, como ocurrió hasta ahora- es demasiado alto. Y no sólo para los arrepentidos. (www.caraycecaonline.com.ar)