Justicia Sospechas de corrupción

En medio de la pelea con la Corte, ahora el Máximo Tribunal tiene una decisión clave contra Cristina Kirchner

Los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti y Elena Highton junto a la entonces presidenta Cristina Kirchner, durante el acto de presentación del nuevo Código Civil, en 2012.

Debe elegir el fuero en el que se juzgará la millonaria denuncia civil por las pérdidas de Vialidad al darle obras a Báez con sobreprecios. El factor Zannini.

Buenos Aires, 6 de octubre.(caraycecaonline)Mientras Carlos Zannini como Procurador General del Tesoro puede salvar a Cristina Kirchner de una demanda multimillonaria, la Corte Suprema de Justicia, con la que el kirchnerismo se enfrentó abiertamente la última semana, debe tomar una decisión importante respecto a ese reclamo. En juego hay un supuesto perjuicio contra el Estado de 22.500 millones de pesos, que según la anterior gestión de Vialidad Nacional es el daño que se causó por las obras que Lázaro Báez dejó inconclusas «pero que cobró con sobreprecios promedio del 65%». La vicepresidenta fue en queja a la Corte, porque quiere que ese reclamo se trate en el marco del juicio penal en su contra, que avanza en el Tribunal Oral Federal 2.

La cifra es multimillonaria y el Gobierno de la anterior gestión consideró que Cristina Kirchner y los demás acusados por el presunto direccionamiento de la obra pública vial a favor del empresario K son colectivamente responsables. Se les exige que con sus respectivos patrimonios afronten un resarcimiento al Estado de 22.500 millones de pesos.

El reclamo se desprende del expediente por el que es juzgada la vicepresidenta como jefa de una asociación ilícita, que -según la acusación-, defraudó al Estado al direccionar contratos viales a favor de Lázaro Báez: le dieron al socio y amigo K contratos por 46.000 millones de pesos para realizar 51 licitaciones, que luego no controlaron.

Estas maniobras, entendió el Gobierno anterior, ocasionaron “perjuicios financieros” al Estado, y por eso además del juicio penal en la justicia federal, Vialidad realizó una demanda civil reclamando a los acusados el resarcimiento de 22.500 millones de pesos. La cifra no es azarosa: la anterior gestión la fijó como resultado de un informe técnico de Vialidad. Según explicaron en su momento a Clarín, a esa suma se llega restando al dinero volcado a favor del Grupo Austral (46.000 millones) las obras no concluidas (24 en total), los años que se presupuestaron, los daños ocasionados por los retrasos y los costos administrativos, entre otros aspectos.

Como el Tribunal que juzga a la vicepresidenta decidió que durante el juicio no debía incluirse la demanda, Vialidad -bajo la gestión macrista- radicó el planteo en el fuero contencioso administrativo. Hubo apelaciones cruzadas entre Vialidad y la defensa de Cristina Kirchner, y por eso ahora la Corte Suprema debe resolver la competencia. Es decir: dónde avanzará este reclamo por una cifra multimillonaria, si dentro del juicio penal o en la justicia civil.

¿Por qué el TOF 2 se declaró incompetente? Porque consideró que el tipo de reclamo corresponde a ser tratado en el fuero Civilpor tratarse de un planteo por daños y perjuicios. Pero su razonamiento no es unánime: el TOF 3, que juzga a Cristóbal López por no pagar al fisco 8.000 millones de pesos a través de su firma Oil Combustibles, aceptó incorporar al juicio una demanda civil en contra del empresario. Es decir que los criterios no son siempre los mismos.

En el caso del juicio contra la vicepresidenta, para agilizar los plazos procesales Vialidad desistió del reclamo en el fuero penal y fue directo al contencioso administrativo, donde se dirimen las cuestiones que involucran al Estado. La demanda quedó radicada el año pasado en la Fiscalía Nacional 6, a cargo de Miguel Ángel Guilligan. Pero Cristina Kirchner fue en queja y su planteo llegó hasta la Corte, porque insiste en que este reclamo no debe tratarse en ese fuero.

Así, en medio del enfrentamiento del kirchnerismo con el Máximo Tribunal por el caso de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, el pedido de juicio político contra el titular de la Corte Carlos Rosenkrantz y el análisis que la comisión asesora del gobierno integrada por el abogado de Cristina -Carlos Beraldi- está haciendo sobre el trabajo y la integración de ese tribunal,  en el cuarto piso del palacio de Tribunales tienen en sus manos una decisión clave para saber dónde se reclamará que Cristina y los demás imputados deban resarcir al Estado por daños y perjuicios.

Pero hay un dato que no es menor: si el caso queda tramitando en el fuero contencioso administrativo, puede terminar siendo algo también favorable para la vice. Además de la particularidad de que un organismo del Estado tiene una demanda multimillonaria contra la vicepresidenta en ejercicio, el otro dato a considerar es que el jefe de los abogados de Vialidad Nacional es el Procurador del Tesoro, es decir, Zannini, hombre de absoluta confianza de Cristina y computado con ella en la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Ambos están acusados de encubrir a los iraníes responsables de la voladura de la AMIA.

Como Procurador del Tesoro, Zannini tiene al menos tres vías para hacer caer la demanda. Mediante una resolución de la actual gestión de Vialidad, solicitando que se desestime el reclamo contra la vicepresidenta, que el “actor” -es decir quien denunció- sin desistir de la acción no la impulse y puedan dictarle caducidad de instancia, o directamente que Zannini se presente en  el caso y lo requiera expresamente.