Economía El drama de los jubilados

El Gobierno quiere dejar volver a los índices del kirchnerismo para actualizar las jubilaciones para abondonar el índice inflacionario

Se advierte sobre la falta de transparencia en los datos de las variables que integrarían la fórmula, teniendo en cuenta lo ocurrido entre 2009 y 2017, cuando los reajustes se basaron también en la recaudación, nunca se hicieron públicos todos los valores que se usaban para determinar los porcentajes

Buenos Aires, 12 noviembre 2020.(caraycecaonline) Que la recomposición de las jubilaciones quede sujeta a la evolución de la recaudación impositiva y que se deje de lado el índice inflacionario, tal como propone el Gobierno, perjudicará la movilidad previsional, según lopinan varios expertos en temas previsionales y economistas consultados Entre los riesgos está el de que se produzcan alteraciones en función de reformas tributarias, que podrían arrojar resultados desvinculados del poder adquisitivo de los haberes, que es, en definitiva, lo que debería preservarse.

Además, se advierte sobre la falta de transparencia en los datos de las variables que integrarían la fórmula, algo sobre lo cual ya hay experiencia: entre 2009 y 2017, cuando rigió una modalidad de reajustes basada también en la recaudación -propuesta por el kirchnerismo-, nunca se hicieron públicos todos los valores que se usaban para determinar los porcentajes. Eso da lugar, claramente, a que la discrecionalidad política sea un elemento que intervenga en la determinación del nivel de recomposiciones de haberes.

Según anunció anoche el Gobierno, con un comunicado emitido pasadas las 22 y pocas horas antes de iniciarse el diálogo con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), la fórmula que se incluirá en un proyecto de ley estará compuesta por la suma del 50% de la evolución de los salarios según el índice Ripte, y 50% de la variación de la recaudación de impuestos que, según lo establecido, se destinan a la Anses, dividida por la cantidad de beneficios del sistema. Los ajustes bajo esta modalidad, que permitirían reducir el déficit previsional -según se admitió- se otorgarían semestralmente, en marzo y en septiembre, y en la segunda oportunidad se aplicaría un tope, porque las subas no podrían superar la variación interanual de los recursos por beneficio que recibe el sistema previsional, multiplicada por 1,03.(www.caraycecaonline.com.ar)

«No encuentro razones para incorporar la recaudación, salvo la validación ex-post de un esquema que estuvo vigente cuando no había Indec», sostiene el economista Oscar Cetrángolo, investigador en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, en referencia a la etapa en la cual, por la intervención del gobierno kirchnerista en el organismo de estadística, no había índices oficiales de inflación creíbles. Y agrega que por lo general, en la experiencia de otros países las fórmulas utilizan la variación de precios o de los salarios.

Según el último Informe Mundial sobre la Protección Social de la OIT, de 2019, de un conjunto de 120 países que dijeron tener sistemas de reajustes para sus pensiones, 92 lo tienen basados en inflación, sueldos, o en una combinación de ambas variables (del resto no hay especificaciones).

Para Cetrángolo, la comunicación oficial sobre el tema es contradictoria, porque dice que es un intento por mejorar los ingresos reales de los pasivos y, al mismo tiempo, que se busca hacer más sustentable el sistema. «Toda una novedad: un instrumento para dos objetivos contrapuestos», afirma el economista, quien afirma que, si bien desde el Gobierno se dice que el cambio propuesto «fue validado por los expertos convocados» a la comisión mixta que consideró el tema en los últimos meses, ese no es su caso.

Cuando rigió la fórmula según la variación de la recaudación, hubo dos años con recesión, 2014 y 2016, en los cuales el poder adquisitivo de la jubilaciones cayó. Y hubo años en los que subió varios puntos porcentuales, un efecto que, más allá de las bondades para los bolsillos en esos meses, no responde, según los expertos, al objetivo de la movilidad ni al de hacer sustentable el sistema de pagos.

Una de las expositoras en las reuniones de la comisión mixta, la abogada previsionalista Elsa Rodríguez Romero, hizo allí mucho hincapié en que la sustentabilidad no es algo que se le deba exigir a la movilidad, sino al diseño del régimen jubilatorio. «Una primera lectura [de lo que busca hacer el Gobierno] remite al ‘desprecio’ a la comisión que se creó para analizar el tema y hacer una propuesta», señala la abogada.

Según lo propuesta, afirma Rodríguez Romero, «la movilidad va a representar no solo la capacidad recaudatoria del Estado, sino su voluntad política y, en ese sentido, existirá un conflicto de políticas sociales, porque para mejorar el empleo y la producción podrían tomarse medidas que signifiquen un sacrificio recaudatorio» y, entonces, se perjudicará a los jubilados.

«Tener una fórmula es mejor que los aumentos discrecionales y asimétricos -considera el economista Gabriel Caamaño, de Estudio Ledesma-. Pero la nueva fórmula no parece enfocarse en la sustentabilidad del sistema y tampoco parece satisfacer los requisitos de movilidad de la Corte Suprema de Justicia. Tiene un tema perverso, que cualquier cambio tributario repercute en las jubilaciones y eso no parece justificable».

Para ejemplificar, Caamaño se pregunta por qué el hecho de desgravar impositivamente los productos de la canasta básica tendría que afectar directamente la actualización de los jubilaciones.

Entre los tributos que hoy derivan recursos a la seguridad social están el IVA (va el 11% de lo recaudado) y el impuesto al cheque.

«Ajustar jubilaciones por la recaudación es una mala idea. Casi todo el mundo lo hace por inflación, salarios o una combinación de ambos, por buenas razones para eso», tuiteó Rafael Rofman, investigador principal en el Cippec, sobre temas de seguridad social, quien recordó que el objetivo de la movilidad «es proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios, dándoles previsibilidad», algo que la recaudación no aporta, porque es muy volátil, la información es poco transparente y las reglas cambian seguido.

El Ministerio de Economía informó que el proyecto tendrá una cláusula de «legislación constante», que establecería «que los cambios en la política tributaria o en las condiciones de acceso a los beneficios no tendrán efecto en la movilidad», aunque no se especificó cómo se lograría eso. Según Rofman, esa cláusula «solo agregaría discrecionalidad», justamente porque la movilidad y las diferentes decisiones de la política económica quedarían atadas.

«Le dejaron la fórmula en la almohada del hotel» a los funcionarios del FMI, afirma en tono crítico Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad en la ciudad de Buenos Aires, en referencia a la visita de los técnicos del organismo. «Yo al proyecto lo veo muy mal y, hasta simbólicamente, da la impresión de que están haciendo algo para cumplir con la manda de los organismos», lamenta. Y coincide con otros expertos que pasaron por la comisión especial en que lo resuelto «da por tierra con lo que pudo haberse discutido ahí».

Semino apunta que, al igual que lo ocurrido con la fórmula de 2008, «las variables son oscuras y no son públicas ni simples». Y recuerda que la entrada en vigor de una fórmula así se produciría después de un año de ajustes a los haberes discrecionales y que fueron a la baja. «Yo había advertido que me parecía muy vago discutir una fórmula sin plantear un camino previo de recomposición de los haberes», puntualiza.

«Con este esquema reconocen que los jubilados no van a recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años», agrega el abogado previsionalista Adrián Tróccoli. Y agrega: «La fórmula puede ser buena o mala; va a depender de cómo le vaya a la economía, pero hay dos factores preocupantes: uno es que en los convenios colectivos salariales se acuerdan aumentos con sumas no remunerativas, algo que afecta al Ripte (que solo considera lo que es remunerativo) y a la recaudación de recursos que llegan a la Anses; otro es el uso de topes».

Según Tróccoli, es «peligroso» usar la fórmula de movilidad como «variable de sustentabilidad», porque el Estado tiene que procurar tener los recursos para cumplir con la garantía constitucional de que haya haberes móviles. Y concluye: «Entiendo que usen eufemismos, pero esto es un ajuste».