Política Justicia y `política

“La teoría del lawfare me parece un total disparate” opinó José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch:

José Miguel Vivanco, titular de Human Rights Watch para las Américas.

El director para las Américas de la prestigiosa organización de Derechos Humanos advirtió sobre la reforma judicial y celebró la independencia de la Corte.

Buenos Aires, 19 ene 2021.(caraycecaonline)Nacido en Chile hace 60 años, José Miguel Vivanco es el director para las Américas de la prestigiosa organización de Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) desde 1994, y conoce los entresijos de la Argentina -y a sus protagonistas- casi como un porteño más. La semana pasada, y como todos los años, la entidad presentó su informe 2020 con capítulos dedicados a cada país, que incluyó un apartado sobre «independencia judicial» con referencias a la «comisión Beraldi» para reformar la justicia, y el controvertido traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. En el acto de presentación, Vivanco se refirió con preocupación a la teoría del lawfare, bajo la cual ex funcionarios y líderes políticos de la región buscan cuestionar investigaciones judiciales por corrupción.

¿Cuáles estima usted que son los desafíos más urgentes de afrontar en la Argentina en la agenda de los Derechos Humanos?

La pandemia ha dejado al descubierto algunos de los problemas de derechos humanos endémicos de Argentina. Uno de ellos es el abuso policial: entre el comienzo del confinamiento en marzo y agosto, la Secretaría de Derechos Humanos recibió 531 denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, en la implementación de las restricciones ambulatorias, incluyendo 25 muertes. El caso más resonado fue el de Facundo Astudillo Castro.

Otro de los problemas históricos son las pobres condiciones carcelarias, incluyendo el hacinamiento. Afortunadamente, a pesar de la controversia inicial, la Justicia autorizó el arresto domiciliario de cientos de presos a nivel federal y en la provincia de Buenos Aires para reducir la sobrepoblación carcelaria y evitar la propagación del Covid-19. Recordemos que no se trata de exculpar a nadie por los delitos que pudieron haber cometido, sino de adoptar medidas sanitarias para proteger a los reclusos.

Sin duda, una de las pocas buenas noticias del 2020 en la región fue la legalización del aborto en Argentina. La próxima tarea es garantizar la implementación de la ley para que las mujeres puedan efectivamente ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

Por último, cabe resaltar que Argentina continúa logrando avances significativos en la protección de los derechos de la comunidad LGBT y en los juicios por las atrocidades de la última dictadura militar, si bien hubo demoras en algunas de las causas. El desafío aquí es sostener estos avances y, en el caso de los juicios sobre la dictadura, hacerlo preservando plenamente las garantías del debido proceso de los acusados y los derechos de las víctimas.

América Latina tiene una penosa experiencia de persecuciones políticas a dirigentes de distintas ideologías bajo las dictaduras. ¿Cree usted que en la actualidad hay políticos perseguidos por sus ideas o por sus resoluciones cuando gobernaban?

Creo que no se puede generalizar. El principio básico es que los acusados de cometer un delito deben ser debidamente investigados, con pleno respeto por las garantías procesales. Una de las características que definen a los regímenes dictatoriales es precisamente la ausencia de tales garantías, la falta de Estado de derecho y la arbitrariedad. Y eso lo vemos hoy en día en Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde periodistas, activistas y políticos son perseguidos por sus ideas.

Sin embargo también pueden suscitarse casos de persecución política en otros contextos donde no existe suficiente independencia del Poder Judicial. Destacaría como ejemplo el proceso penal contra Evo Morales en Bolivia. Cuando Morales gobernó Bolivia su gobierno tomó medidas para socavar la independencia judicial. Cuando asumió Janine Añez la presidencia interina en noviembre de 2019, en vez de promover la independencia de la justicia, usó a los tribunales para perseguir a sus opositores políticos, incluyendo a Morales, que fue acusado de terrorismo. Human Rights Watch revisó el expediente completo de la fiscalía contra Morales y comprobamos que no había ninguna prueba de actos terroristas.

En la presentación del informe, usted hizo referencia a la llamada teoría del lawfare, que está siendo invocada por varios políticos y ex jefes de Estado de la región acusados -o hasta condenados- por graves hechos de corrupción. ¿Podría explayarse al respecto?

La teoría del lawfare me parece un total disparate. Las denuncias sobre corrupción se dan en toda la región; lamentablemente lo vemos en distintos países y afectan a gobernantes de todo el espectro ideológico. No es serio ni tiene base denunciar una supuesta conspiración regional para perseguir a líderes de izquierda. No es más que una argucia para blindar a ciertos líderes, desacreditar las investigaciones judiciales y distraer a la opinión pública. No voy a pronunciarme sobre casos particulares, pero sí puedo afirmar que, en esta materia hay que seguir investigando rigurosamente cualquier hecho de corrupción, sin doble rasero, sin importar el poder o influencia del sospechoso, respetando desde luego las garantías judiciales, y lograr establecer las responsabilidades penales correspondientes. La corrupción sigue siendo uno de los principales abusos que afecta a la región, aunque gracias a la aprobación de normas de transparencia y algunos notables esfuerzos judiciales se han logrado un puñado de precedentes que demuestran que incluso los poderosos están obligados a rendir cuentas por sus actos.

El gobierno argentino impulsa varios proyectos y medidas para modificar la estructura y hasta la naturaleza del Poder Judicial, con especial foco en la justicia federal que investiga los hechos de corrupción. ¿No existe el peligro de consagrar la impunidad de estos delitos?

Estamos siguiendo de cerca las propuestas del gobierno para reformar la justicia. En lo que concierne a la justicia federal, hay que reconocer que históricamente se ha caracterizado por responder a los intereses políticos de turno, y eso obviamente es un problema que hay que abordar con la mayor transparencia y seriedad. No obstante, Argentina debe asegurarse que ninguna reforma a la justicia esté inspirada o sea promovida para lograr una justicia a la medida que permita resolver o manipular el curso de una investigación judicial para beneficiar a una autoridad particular. Cualquier reforma judicial debe estar orientada a fortalecer, no a debilitar, la independencia judicial. En este sentido, es importante resaltar que Argentina debería estar orgullosa del récord de su Corte Suprema que, a pesar de las demoras y debilidades propias de los sistemas judiciales de la región, ha demostrado una independencia importante que hay que destacar y aplaudir. (www.caraycecaonline.com.ar)