En una ampliación de denuncia, Frade reclamó realizar medidas de prueba en una presentación en la causa que tramita en Comodoro Py. Reseñó que Daer tiene un “poder especial” en la sociedad Sur II SRL, de Scozzari y Luciano Tiranti, domiciliada en Moreno 567, Quilmes.

Sur II SRL es una firma anotada con el objeto de realizar “construcción y venta de inmuebles en el país y en el exterior”. Daer comparte ese poder especial con los gerentes de la sociedad, con el secretario legal y técnico de la Municipalidad de Quilmes, Claudio Carbone, y con la directora de Defensa al Consumidor del municipio, Anabella Galván.

“El doctor Daer es exposo de la intendenta, con una hija en común y actual funcionario de la AFIP. De esa sociedad [por SUR II SRL] surge una primera y directa relación entre el hoy secretario legal y técnico de la Sra. Intendente, su exesposo y la Sra. Anabella Galván, empleada de la Municipalidad de Quilmes”, relacionó Frade en su denuncia.

Daer es hijo del abogado Luis Omar Daer, que defendió al expresidente Carlos Saúl Menem en la causa por venta de armas a Ecuador y fue conjuez de la Suprema Corte bonaerense. A principios de este año, Luis Omar Daer se disparó en la cara en su casa de Bernal, en un hecho de intento de suicidio. Tras estar internado en grave estado, actualmente se encuentra en rehabilitación.

El exesposo de la intendenta de Quilmes fue asesor en la Cámara de Diputados de la Nación y actualmente cumple funciones en la AFIP, organismo recaudador que conduce Mercedes Marcó del Pont, como consejero técnico de Fiscalización y Operativa Aduanera. Según la ampliación de denuncia presentada por Frade, Daer comparte también una sociedad de reciente creación con la intendenta, con Carbone y con el subsecretario de Producción y Empleo quilmeño, Paul O’Shanghnessy. Se trata de 4Ter SA, que se conformó en febrero de este año.

Mendoza, Scozzari, Sebastián Raspa, Martín Bordalejo, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler están imputados en la causa que investiga el fiscal Ramiro González y tiene a su cargo el juez Ariel Lijo. También hay una imputación contra la intendenta y sus funcionarios en la justicia federal de Quilmes, donde tramita una autodenuncia que realizó la jefa comunal al estallar el caso. El juez en ese expediente es Luis Armella y la fiscal es Silvia Cavallo.

El caso de las cooperativas de Quilmes, que se denunció originalmente en el sitio web El Disenso, implica giros por unos $535 millones a cooperativas de trabajo para distintas tareas contratadas por la Municipalidad de Quilmes, en los que participaron asociaciones que tenían como titulares a funcionarios del municipio. Parte de esos fondos habría terminado en sociedades offshore en Miami, según la denuncia.(ww2.caraycecaonline.com.ar)

LA NACION