El fiscal expuso un muy fuerte alegato frente a los jueces del TOF 2; desde el comienzo de su exposición, Culpó a la vicepresidenta y a su marido de haber instalado “una de las maniobras más extraordinarias de corrupción”.
Y agregó: “El plan fracasó por su propia impericia, por su torpeza. Los imputados dejaron las huellas en todos lados”.
“Las obras fueron abandonadas a partir del año 2016. Lo que significa miles de millones de pesos tirados a la basura. La UIF, de esto, no dijo nada. Quisieron responsabilizar a la gestión entrante sobre la parálisis con el argumento de la persecución. Generaron un caos para Santa Cruz”, dijo el fiscal.
El fiscal Diego Sebastián Luciani retomó su alegato después del breve cuarto intermedio. Comenzó con una aclaración sobre los mensjaes de teléfono de José López que había mostrado previamente. “Cuando revisamos estos mensajes, se dieron solamente con Austral Construcciones. En esta parte y en estas fechas”, reforzó su idea de que hubo un “plan” para “limpiar todo” antes del cambio de gobierno, en 2015.
En la serie de mensajes de José Franciso López, el exsecretario de Obra Pública, que exhibió el fiscal Luciani sale a la luz que hubo un encuentro entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez antes de que finalice la gestión y asuma Mauricio Macri. Luego del encuentro, Baéz intenta comunicarse con López y le dice: “Es para coordinar con lo que me dijo la señora, gracias”.
“Del teléfono, un Iphone, secuestrado a López en 2016 se confirma que la paralización y el abandono de las obras [de Austral Construcciones] fue una idea gestada por Cristina Fernández”, denunció el fiscal.
“Diego Bermudez, otro de los secretarios de la Presidenta, intenta comunicarse con José López. También lo intenta Axel Kicillof, ministro de Economía”, dijo Luciani, y mostró cómo se buscó liberar fondos para Báez. “Este raid delictivo permitió que a ellos no se les debiera nada al 10 de diciembre de 2015″, concluyó Luciani antes de un nuevo cuarto intermedio.
El fiscal Diego Luciani presentó como prueba un intercambio de mensajes telefónicos entre Julio Francisco López, Julio Mendoza, el presidente de Austral Construcciones, y Lázaro Báez. Los mensajes, provenientes del teléfono Iphone de López que se le secuestró el 16 de junio de 2016, cuando cayó con bolsos repletos de dólares y armas en un convento, son parte de lo que Luciani describió como “el plan limpiar todo”, que se activó al día siguiente de que el Gobierno perdiera las elecciones presidenciales en 2015.
“Al día siguiente de que el gobierno perdiera las elecciones (23 de noviembre) Julio De Vido incrementa el presupuesto para obras por convenio”, señaló Luciani y agregó que a los dos días se emitieron resoluciones aprobando pagos por redeterminación de precios y pagos a las empresas Austral y Kank.
Luciani también mostró mensajes en donde se coordinaba una reunión entre López con el presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza. Quién también estaba al tanto era Cristina Kirchner porque al día siguiente del encuentro con Mendoza, López solicitó una reunión con la entonces Presidenta a través del secretario privado Mariano Cabral. López también se comunicÓ para coordinar una reunión con Máximo Kirchner.
“Tenes que estar en Rio Gallegos antes del mediodía. Porque si no se implementa el lunes. Luego es tarde”, dice uno de los mensajes que intercambiaron López y Mendoza, y que que mostró Luciani.
“Los tiempos apremiaban, debía ejecutarse el plan a más tardar el lunes 30 de noviembre tal como surge de los siguientes mensajes de texto enviados por López a Mendoza”, señaló Luciani y añadió: “Debía implementarse el plan de salida de las empresas del grupo en Santa Cruz no solo despidiendo a todo el personal sino tambien cobrando los últimos certificados de pagos que faltaban”.
“Limpiar todo. Ok”, le indica López en otro de los mensajes, luego de haber coordinado el viaje a Río Gallegos y agrega: “No dejar sensación nunca más retomar las obras”. “El lunes o martes limpiamos a todos”, contesta Mendoza. Y López indicó: “No hay que dar sensación de fuga”.
“El secretario de obras públicas, funcionario público de rango nacional le pide al presidente de Austral Consturcciones la nómina de todo el personal”, continuó Luciani. Fue Mendoza quien detalló como lo harían. “Neutralización, despido, pago, después acomodamos, lo que quieran”, le contestó a López.
El fiscal Diego Luciani no solo consideró que Lázaro Báez era favorecido por negocios irregulares y estaba asociado con los Kirchner. Fue incluso más allá y dijo: “Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Fernández”.
“Hemos analizado 26.000 mensajes -dijo el fiscal-. Meses y meses trabajando en estos teléfonos. Vamos a hablar de esto en otro apartado. Acá vamos a tomar solo una franja de tiempo que permite dilucidar cómo fueron los últimos tiempos del gobierno de Cristina Kirchner. Vamos a exponer cómo desde la quinta de Olivos y Santa Cruz se coordinaron los últimos pagos que se debían a Lázaro Báez”.
El fiscal dice que del análisis de esas comunicaciones surge que el abandono de las obras que hace Báez cuando termina el gobierno de Cristina Kirchner “fue una idea gestada y avalada por la propia Cristina Kirchner”.
“¿Cuándo se vio que un empresario abandonara un sin número de contratos en ejecución por la mera circunstancia de que se produjera un cambio de Gobierno? Es grotesco”, consideró el fiscal Luciani. “Lázaro Baez insólitamente decidió abandonar todos y cada uno de los trabajos pendientes”, planteó y agregó: “Se fue, dejo las obras que tenía a su cargo”.
Luciani consideró que era “un secreto a voces” entre los funcionarios imputados en la causa, y que “todos conocían” la maniobra en curso, en referencia a los beneficios que recibían las empresas vinculadas a Lázaro Báez.
“Luego de 12 años de permanentes y sucesivas administraciones en las que concurrían simultáneamente Austral y Kank como mínimo 36 señores jueces, como mínimo 36 veces concurrieron, de verdad, ¿Es racional creer que frente a los principios de competitividad, de concurrencia, de transparencia, ningún funcionario había advertido que todas esas firmas pertenecían al mismo grupo empresarial? ¿De verdad?”, planteó Luciani ,y siguió: “Dentro de los funcionarios era un secreto a voces. Todos conocían lo que era una verdad inocultable y en este contexto, la inacción de los funcionarios solo puede ser considerado como un aporte deliberado para el consolidamiento de la maniobra”.
El fiscal Diego Luciani comparó cuánto tardó un proceso de adjudicación de obra para Lázaro Báez y cuánto para otra empresa. “Entre la apertura de cada licitación y la fecha de suscripción del contrato transcurrían 29 días. Hubo 17 casos. Es imposible. Están los expedientes que nos prueban esto. Los procesos en los que no participaba día duraba 210 días. A esto nos referíamos cuando hablamos de principio de igualdad en la contratación pública”, denunció en su alegato del juicio que tiene a Cristina Kirchner en el banquillo.
“Hubo una connivencia de los máximos funcionarios con la operatoria. Es un caso paradigmático de corrupción. Hubo una relación promiscua entre un empresario contratista con los funcionarios provinciales y nacionales”, dijo el fiscal Luciani, que luego precisó cómo Lázaro Báez ubicó gente propia en la Dirección Nacional de Vialidad.
“A fines de 2015, 1500 trabajadores de Kank y Austral habían sido despedidos por Lázaro Báez. A Lázaro no le importó dejar 1500 familias en la calle. Pero fue una pieza clave que el hombre que fue en representación de Vialidad, también era empleado de Báez”, expuso Luciani.
Patricio Gerbi, de 66 años, heredó la empresa constructora Coarco SA de su padre. Tiene 66 años y desde los 23 trabaja allí. Durante el kirchnerismo, fue el responsable –según su propia confesión– de acordar los sobornos que le permitirían obtener la concesión de obras públicas viales y garantizarse los pagos del Estado.
Declaró el año pasado en una audiencia por el caso Vialidad, único por el que Cristina Kirchner está siendo juzgada, y repitió lo que había dicho como arrepentido del caso de los cuadernos de las coimas. Fue una audiencia muy tensa. Los defensores se negaban a dejarlo hablar. El fiscal insistía y cada pregunta implicaba un tironeo de horas; los abogados se oponían en bloque.
Hoy, su testimonio, fue utilizado como medida de prueba por el fiscal Luciani. Luego, a las 11.15, se dispuso un cuarto intermedio.
“No había mucha voluntad para controlar. No había recursos ni estructura suficiente”, denunció el fiscal Luciani, que después desgranó las tres generaciones operativas que debían ejecutar las medidas de control. Se refirió a la gerencia de administración, a cargo de Sergio Passacantando, que estuvo desde 2007 hasta fines de 2015. Fue nombrado por el expresidente Néstor Kirchner, Julio De Vido y Alberto Fernández. “Passacantando pasó de contador de Invernes, de Clarens, a gerente de Vialidad. Intervino en una serie de licitaciones a favor de Lázaro Báez. Clarens era el encargado de los pagos de la obra pública, dijo un testigo en este juicio “, precisó Luciana.
El fiscal también mencionó y prometió profundizar sobre las áreas de Administración [a cargo de Sandro Férgola, entre diciembre de 2004 y diciembre de 2007, y Guillermo Gregorutti desde 2008 hasta 2015] y la de Obras y Servicios Viales, que era la encargada de controlar la eficacia.
“Hubo licitaciones ficticias para la cartelización de la obra pública”, señaló el fiscal.
El fiscal Luciani afirmó que desde la cúpula del Gobierno “se montó un plan sistemático de extracción de fondos”. Y dijo: “Santa Cruz era el lugar ideal para llevar adelante la maniobra y procurar impunidad a los aquí imputados”.
Fue muy duro contra Néstor y Cristina Kirchner. “Los jefes de la asociación ilícita consolidaron una base de poder, conocían el funcionamiento y tenían el poder de decidir”, dijo, y destacó que además manejaron “los organismos de control”.
El fiscal hizo especial hincapié en “la decisión de favorecer a Santa Cruz” en el reparto de la obra pública, “pese a su baja densidad poblacional”. Esto se hizo -sostuvo Luciani- “en contra de los criterios de razonabilidad que deben regir las contrataciones administrativas”.
Destacó que Santa Cruz tiene una población 57 veces más chica que la de la provincia de Buenos Aires y “recibió fondos cuantiosamente superiores”.
Recordó que Javier Iguacel, que fue director de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, declaró en este juicio que le resultó llamativa la prioridad que se le dio a Santa Cruz por sobre otras provincias con mucha mayor densidad poblacional donde hay “índices de accidentes viales mucho más altos”.
El fiscal Luciani destaca en la segunda hora de su alegato las relaciones entre los Kirchner y los funcionarios nacionales que, según él, participaron de la maniobra para estafar al Estado, escogidos especialmente para ocupar esos lugares claves.
“Era necesaria gente de confianza para cumplir con el plan y para asegurarse la impunidad”, dijo Luciani. Uno de los objetivos, a su juicio, era “tomar distancia para alejar la responsabilidad de la Presidencia”.
“Acá no se va a juzgar la relación de confianza [entre los Kirchner y los demás funcionarios que favorecieron a Báez]. Eso no implica la comisión de un delito, pero estos actos fueron el ropaje legal para crear el plan sistemático de extracción de fondos”, afirmó el fiscal.
Destacó además el rol de Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido, nombrada en la Sindicatura General de la Nación, máximo organismo de control interno del Gobierno. “Se designó para cuidar los recursos del Estado a la pareja del ministro. Además de ser un mensaje nefasto para la sociedad demuestra que no se podía esperar ningún control real”, sostuvo Luciani.
Y agregó: “Es un claro conflicto de interés aunque se haya excusado de intervenir. Favorece la proliferación de la corrupción”.
El fiscal Luciani destacó en su alegato la relación entre los Kirchner y los funcionarios que, según él, colaboraron para montar la maniobra de corrupción. Mencionó, puntualmente, el caso de José López, el exsecretario de Obras Públicas que quedó registrado tirando bolsos con millones en un monasterio: “A pesar de que se quiera negar esta relación, López transcurrió su carrera en Santa Cruz al lado de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner”.
El fiscal Luciani destacó que Báez incumplió casi todas de las obras que se le adjudicaron. Y que solo una mantuvo su precio original. En 50 de las 51, hubo redeterminaciones de precios.
Además, dijo el fiscal, “24 obras de las 51 adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas”.
“En 39 casos Báez logró 700 meses de prórrogas, algo así como 63 años. Y consiguió más de 1500 millones de pesos en concepto de incrementos presupuestarios. Todo con un procedimiento ilegal”, afirmó Luciani.
El fiscal expone su alegato, muy duro contra Cristina y Néstor Kirchner, desde su despacho del edificio de los tribunales de Comodoro Py. Detrás tiene, de un lado, una bandera argentina; del otro, un banner del Ministerio Público Fiscal.
El fiscal Luciani abrió su alegato con una durísima crítica a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo estatal que hace 20 días, en lugar de acusar, pidió la absolución de Cristina Kirchner y los demás exfuncionarios acusados en este juicio.
“El trabajo de la UIF fue temerario. No valoraron la prueba y la escasa prueba que valoraron, la tergiversaron”, dijo Luciani. “Debió explicar por lo menos mínimamente por qué descartó la cuantiosa prueba”.
Según el fiscal, el alegato de la UIF fue “vago, impreciso y carente de rigurosidad”.
El fiscal Diego Luciani citó la declaración de Alberto Fernández en este juicio como prueba contra Cristina Kirchner. Dijo que el Presidente había aportado un elemento más para demostrar la relación, “que no está en duda”, entre Néstor Kirchner y Lázaro Báez. El fiscal pidió incluso que se escuchara en la audiencia la declaración de Fernández. Fue la única grabación que pidió hasta ahora. El tribunal accedió y en el juicio se escuchó la voz de Fernández.
Para el fiscal, Austral Construcciones “fue una cáscara vacía que les permitió durante 12 años extirpar fondos del Estado”. Y todo fue diseñado “desde los más altos cargos del Gobierno”; para ellos, “la regla fue el abuso de poder”.
El fiscal Luciani insistió en los primeros minutos de su alegato en el rol de Lázaro Báez, un empresario “creado” para hacerse de los negocios y estafar al Estado. “Se le adjudicó el 78,4% de la obra pública vial de Santa Cruz”, destacó.
“De un día para el otro se convirtió en empresario de construcción. De un día para el otro pasó de ser empleado de banco a ser empresario de la construcción (…). De un día para el otro, el Estado, con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, le confió el 78,4% de la obra vial de Santa Cruz”.
Dijo que esto fue posible porque estaban detrás “los principales responsables de la organización” y una “estructura estatal corrupta lo avalaba”.
Así, dijo, se generó un “daño colosal” al Estado.
El fiscal empezó su alegato con una fuerte acusación contra Cristina Kirchner y su marido, el expresidente Néstor Kirchner: los acusó de haber montado “un auténtico y eficaz sistema de corrupción” y de haber provocado una defraudación millonaria a las arcas públicas.
El fiscal dijo que tiene por acreditado que “funcionó en el seno del estado una asociación ilícita”, de la que los culpó a ambos. También se refirió a Lázaro Báez, “socio comercial de Néstor Kirchner y de su esposa”. A todos ellos los responsabilizó de un “perjuicio económico y social inconmensurable”.
Según el fiscal, se eligió la obra pública vial de Santa Cruz como el ámbito de donde sacar fondos del Estado para generarse enormes beneficios económicos. Para eso, dijo, “se le dio al plan algo inaudito: se creó un oferente”.
Luciani insistió: “Crearon la empresa constructora que les respondiera”, en alusión a Austral Construcciones.
“Las 51 licitaciones analizadas buscaron eliminar la competencia para que Báez fuera beneficiado ilícitamente con contratos millonarios”, dijo Luciani. La supuesta competencia que tenían las empresas de Báez “era una ficción”.
“Fue una maniobra burda para montar un escenario de libre competencia”, afirmó. “La corrupción parasitó todos los controles.”
Y todo se encubrió -dijo- con fórmulas para darle una aparente legalidad. “Vamos a explicar cada una de las licitaciones. Cada una, las 51″, anunció Luciani.
“Lograron beneficios económicos inmensos en contra del Estado”, afirmó, y Báez forjó una fortuna “inmensa”.
“Vamos a demostrar cómo se gestó este pacto venal y cómo se ejecutó”, anunció Luciani.
El TOF 2 dio inicio a la audiencia y anunció que en minutos empieza el alegato del fiscal Diego Luciani. “Creo que vamos a arrancar bastante puntuales”, dijo el secretario del tribunal, Tomás Cisneros. “Se encuentra la totalidad de las partes debidamente conectadas”.
En el Zoom se ve a Cristina Kirchner en su despacho del Senado, vestida de blanco y con una bandera argentina detrás. En la imagen de todos los conectados aparecen también los exfuncionarios nacionales que son juzgados junto a ella -entre ellos, Julio De Vido y José López- y el empresario Lázaro Báez.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) lleva adelante el juicio oral contra Cristina Kirchner. Está integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
Jorge Gorini
Tiene 55 años y se recibió de abogado en la Universidad del Salvador a los 25 años. Juró como juez en 2011. Llevó adelante el juicio que terminó con condenas por el encubrimiento del atentado a la AMIA.
Rodrigo Giménez Uriburu
Nació en Bahía Blanca el 15 de marzo de 1971, estudió en la Universidad Católica Argentina. Intervino en juicios por violaciones de los derechos humanos en los centros de detención conocidos como Atlético, Banco y Olimpo.
Andrés Basso
Se recibió a los 24 años (tiene 50) en la Universidad Nacional de La Plata. Juez desde 2015, es miembro activo de la lista Bordó de la Asociación de Magistrados. Llevó adelante el juicio en la causa Oil Combustibles.
A diferencia del gobierno de Mauricio Macri, que había impulsado las denuncias contra Cristina Kirchner a través de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF), la administración de Alberto Fernández abandonó las acusaciones. En su alegato en el caso Vialidad y, en contra de lo que había hecho hasta entonces, la UIF pidió la absolución de Cristina Kirchner. La voltereta provocó una crisis interna en el organismo. El día anterior al alegato, el domingo 10 de julio, la vicepresidenta de la UIF, Luna Montes, presentó su renuncia. Dejó escrito que lo hacía por razones personales, pero fuentes que conocen la interna dijeron a LA NACION que estaba claro que el motivo era otro: no estaba de acuerdo con el alegato. Decidió irse.
Desde su despacho solitario en el noveno piso de los tribunales federales de Comodoro Py, el fiscal Diego Luciani se dedicó, durante la feria judicial, a apuntalar el alegato que hoy expone en la causa Vialidad. En base a las pruebas que acumula el voluminoso expediente y que fueron expuestas a lo largo del juicio oral, el fiscal deberá fundamentar su pedido para condenar o absolver a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y un conjunto de exfuncionarios nacionales y provinciales que participaron de la adjudicación de contratos de obra pública. En los tribunales de Comodoro Py nadie duda que Luciani pedirá una pena para ella. “Va a ir a fondo” especuló un juez con rango de camarista que conoce al fiscal.
Después del fiscal Luciani, será el turno del resto de las partes, que dispondrán de tres jornadas cada una para alegar. Se distribuirán por orden alfabético. Comenzará Báez; Cristina será la sexta. El Tribunal Oral Federal N° 2 prevé dictar sentencia antes de fin de año. Para lograrlo, deben pasar los alegatos, que llevarán cuatro meses. Después, llegarán las “últimas palabras” y el veredicto.
Cristina Kirchner, llega a esta instancia imputada por haber liderado una asociación ilícita que direccionó obra pública vial hacia Lázaro Báez, quien ganó cerca del 80% de la obras en Santa Cruz, cotizadas en más de $46.000 millones.
El caso se basa en la construcción a partir de indicios y en pruebas directas surgidas de los expedientes de las licitaciones de obras públicas. Se habrían pagado sobreprecios y tolerado incumplimientos. Existen documentos que revelan que Báez tenía trato preferencial a la hora de cobrar, que sus empresas simulaban competir, que recibió adelantos inusuales y que se le pagó por obras inconclusas. Báez crea Austral Construcciones días antes de que Néstor Kirchner asuma la presidencia; se “exportan” funcionarios de Santa Cruz a la Nación; se concentra en Santa Cruz la obra vial y se la direcciona hacia Báez. En este juicio oral se investigan hechos que constituirían el delito precedente al lavado de dinero investigado en la “ruta del dinero K”, expediente en el que se condenó a Báez a 12 años por lavar unos US$60 millones. (www.caraycecaonline.com.ar)
LA NACION
Director: Roberto Muñoz
Si he hablado mal,
exhibe pruebas de que está mal;
pero si he hablado bien,
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San Juan