Al momento de fundamentar su planteo, la defensa señaló: «Dejamos expresamente planteada la nulidad de todos los actos procesales desarrollados por los nombrados magistrados, (…) toda vez que importa un severo menoscabo para el derecho de ser juzgado por un juez imparcial y vulnera la garantía del “doble conforme».

La presentación se formuló previo al inicio de la cuarta jornada de alegatos a cargo del Ministerio Público Fiscal representado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Cuando el Tribunal informó sobre el ingreso del pedido de recusación, la defensa de Julio De Vido anticipó que realizará un pedido de iguales características.

La vicepresidenta sostuvo su pedido en función de una fotografía publicada en el diario Página/12, en la que se ve a Luciani y Rodríguez Uriburu posando junto a otras personas como parte de un equipo de fútbol que habría jugado partidos en la quinta Los Abrojos, cuyo dueño es Mauricio Macri. Ni el fiscal ni el juez aceptarán ser apartados del caso, cuyas audiencias orales se llevan a cabo desde mayo de 2019.

«En dicho artículo-explica el texto de la recusación- se consignaron dos fotografías que denotan una clara relación de amistad entre el Fiscal Diego Luciani y el Juez Rodrigo Giménez Uriburu, quienes integran el equipo de fútbol denominado Liverpool o La Liverpool”.

Según el abogado de Cristina, «esta relación personal, que se mantuvo en todo momento bajo reserva, debió haber sido formalmente comunicada a las defensas –y en rigor de verdad, a toda la sociedad- una vez que este proceso, de singular relevancia institucional y trascendencia mediática, quedó radicado ante este Tribunal.»

En otro tramo de sus argumentos, Beraldi indicó: «En pocas palabras y para que todos lo entiendan: impulsar una causa como Fiscal para que la resuelva un Juez amigo no es un comportamiento inocuo desde el punto de vista legal, máxime cuando se trata de un representante del Ministerio Público que tanto hincapié hace sobre la necesidad de resguardar la transparencia en el ejercicio de la cosa pública».

En definitiva, continúa la recusación, «es evidente que en el presente caso se encuentra lesionada de una manera intolerable la garantía del Juez imparcial y, de igual manera, vulnerado el principio de objetividad y respeto de la legalidad. Los doctores Giménez Uriburu y Luciani llevaban a cabo sus actividades sociales y futbolísticas no en cualquier lugar, sino nada más ni nada menos que en la Quinta Los Abrojos, la cual, como es de dominio público, es de propiedad del ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri».

Bajo ese mismo criterio la defensa añadió, «¿No pensaron siquiera que jugar partidos de fútbol en la quinta de Macri representa una conducta que no es compatible con los deberes de imparcialidad y objetividad que deben observar los miembros del ser- vicio de administración de justicia? ¿Acaso pensaron que nadie se iba a enterar de semejante situación?».

Sin embargo, como la recusación se considera un «trámite incidental», no suspende la continuidad del alegato de la fiscalía, que inició el lunes pasado.

Fue la semana pasada cuando el fiscal Diego Luciani comenzó su exposición, anticipando que pedirá una condena por corrupción contra Cristina Kirchner, acusada como jefa de una asociación ilícita, administración fraudulenta en perjuicio del Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para el Ministerio Público Fiscal «se dio por corroborado a lo largo de las audiencias todos los delitos investigados». Es decir: encontraron «responsable a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de montar una organización criminal destinada a favorecer al mismo grupo económico, a Lázaro Báez».

Durante las audiencias de la semana pasada, el Ministerio Público Fiscal analizó contrato por contrato, para exponer en base a qué entienden que hubo un «direccionamiento de los contratos a favor de un solo grupo económico». Con el transcurrir de los años, el sistema que la fiscalía definió como una «estructura de corrupción», funcionaba cada vez mejor. El fiscal Luciani amplió la idea y dijo: «Lázaro Báez no tenía que hacer el mínimo esfuerzo para ganar, sólo presentarse con tres de sus empresas, ni siquiera tenía que hacer la mejor oferta, iba a ganar de todos modos».

Recorriendo de forma cronológica y obra por obra, la fiscalía analizó las diversas irregularidades detectadas en los procesos licitatorios. Se habló en este punto de un «modus operandi de corrupción»: competían las empresas del holding juntas, ofertaban por encima del 20% del presupuesto oficial, nadie las impugnaba, no contaba con certificados de capacidad de obra, presentaba al mismo representante técnico, se modificaban los costos y los plazos de obra, la ruta no se terminó, hubo sobrecostos y finalmente, Báez abandonó sin concluir 24 de los 51 contratos que firmó.(www.caraycecaonline.com.ar)