Un informe de consultora Aerarium confirma que la mano viene efectivamente así.
Revela que aun cuando en los primeros nueve meses de este año las transferencias discrecionales anotaron un muy considerable incremento del 56% contra el mismo período de 2021, la cuenta completa dice que pierden por 27 puntos porcentuales contra la inflación.
Estamos hablando, de todos modos, de nada despreciables $ 480.000 millones que van camino de terminar el 2022 por encima de $ 500.000 millones.
El punto es que ahí manda una provincia que, gracias a la manera como la Rosada administra los fondos, casi le empata a la súper inflación y además consigue una tajada que pasa de largo y muy de largo a la que recibe cualquiera de las 23 jurisdicciones restantes. Por poco no supera a la suma de todas juntas.
Ninguna sorpresa: se trata de Buenos Aires, el territorio donde Axel Kicillof pinta para ir por la reelección del brazo de Cristina Kirchner y, a la vez, el lugar en que Cristina Kirchner concentra su capital electoral y desde el cual proyecta hacerse fuerte, ante eventuales y no tan eventuales adversidades.
Definitivamente privilegiado desde el retorno del kirchnerismo, el gobernador bonaerense ha recibido ya $ 203.400 millones en esos nueve meses de 2022, un 81% o $ 91.000 millones más que en enero-septiembre de 2021. Esta parva de plata representa nada menos que el 42,4% del paquete total y, encima, creciendo seis puntos porcentuales respecto del 36,4% del 2021.
Solo para que se entienda mejor de qué magnitudes hablamos y a riesgo de seguir enredando lo que ya está enredado, vale añadir que frente a ese 42,4% el resto del país pierde por goleada. Cuatro ejemplos: a la Ciudad de Buenos Aires, segunda en la tabla, le toca un 6,1%; 5,8% a Santa Fe; 5,4% a La Rioja y 4,3% a la quinta del lote de arriba, que es Córdoba.
Queda claro en estos números, remachadamente claro, que la muy desigual distribución de los recursos fiscales no va asociada a la cantidad de habitantes, ni a las condiciones en que ellos viven, ni en fin a nada que suene parecido a criterios objetivos. Es kirchnerismo puro y clásico.
Que la provincia de Buenos Aires hubiese recibido $ 203.400 millones contra 28.000 millones de Santa Fe y apenas 20.700 millones de Córdoba, para citar solo unos casos del listón, remite también a una consigna que Néstor K. había traído de Santa Cruz y repetía como un dogma entre sus secretarios de Hacienda.
Decía que la caja da poder y que cuanto más grande sea la caja más poder se tendrá, alentándolos a seguir acumulando. Aplicada como se la aplica, la fórmula es además una manera bien K de entender el federalismo, o sea, bien poco federal.
En la composición de las transferencias discrecionales y en el modo como se las administra hay un manual de privilegios concretos, y además políticos, diseñado en la cúpula del poder y bancado con plata del Estado nacional.
Tenemos allí, entre otros beneficios, subsidios para hospitales y para coberturas médicas; financiamiento a la educación; asistencia alimentaria; obras públicas; adelantos del Ministerio del Interior conocidos como ATN y una enorme parva de fondos de la coparticipación que, por un decreto de Alberto F. de septiembre 2020, fueron restados a la CABA y cedidos a la Provincia.
Se le entre por derecha o por izquierda o de la manera que sea, el resultado siempre da ganadora a Buenos Aires. Por mucho y todo el tiempo, desde 2020.
En continuado e inevitablemente en cifras, siguen ahora las transferencias también discrecionales que van derecho de la Casa Rosada a los municipios, sin pasar por los despachos de los gobernadores. Es decir, arreglos directos y a veces bajo cuerda con los intendentes, o sea, con quienes conocen como pocos el terreno que pisan y las mejores maneras de aprovechar la plata.
Es mucho menos dinero que el del paquete provincial, obviamente, pero es del que luce bien visible, en afiches y carteles ubicados al paso de los propios votantes. Nada casual entonces, el 93% de los $ 60.400 millones distribuidos entre enero y septiembre fue para inversiones en infraestructura básica y de ejecución rápida, como calles, cloacas, agua y alumbrado público.
La estrella del operativo es el Plan Argentina Hace, creado a comienzos de la gestión de Alberto Fernández y apuntado a generar trabajo para habitantes localizados en el lugar de las obras. El corazón electoral está en la Tercera Sección del GBA , que aporta cerca de 5 millones de votantes e integran, entre otros partidos, La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown y Avellanada.
Más del mismo color y con el mismo sello, el 57% de las transferencias totales queda en los municipios de la provincia de Buenos Aires, contra 8% de las comunas de Córdoba, 7% de Entre Ríos y un muy modesto 4% para Santa Fe. No hacen falta nuevas explicaciones: está todo a la vista.
A la vista, pero con final anunciado valdría agregar a partir de un artículo incorporado por la oposición al Presupuesto 2023. Plantea que si el año próximo la inflación supera en 10 puntos porcentuales a la pauta del 60% anual fijada por el Gobierno, se debe tratar un correctivo a la ley donde conste cómo se distribuirán los recursos extra que surgirán de cruzar el 60% con la inflación definitiva. Así no sea a cortísimo plazo, las transferencias discrecionales ya tienen el destino marcado: el último pronóstico de los analistas que consulta el Banco Central canta 96%.
Caída la maniobra se caen, al toque, los cálculos que economistas del kirchnerismo habían empezado a barajar acerca del rédito que subestimar la inflación les dejaría en 2023, justo en un año electoral. “Pero por las dudas mejor estar alerta y no confiar en que no habrá trampas”, dicen escaldados economistas de Juntos.
Buenos Aires es también una muestra de que la plata no resuelve lo que la gestión deja afuera, así sea mucha plata y permanente. Lo dicen datos bien concretos, como pide la Vicepresidenta.
Con una tasa del 42% medida por la cantidad de personas, el Conurbano bonaerense registra una pobreza sólo superada por la de Resistencia entre los 32 aglomerados que releva la encuesta de hogares del INDEC. Esto es, 5,3 millones y algo más: en el ranking de indigencia el GBA figura cuarto.
Estamos hablando, en palabras del INDEC, de gente cuyos ingresos no alcanzan para cubrir “un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales”, incluidas, entre otras, “educación, salud, transporte y vestimenta”. Gente que además vota.