El tercero en esa mesa era el joven Sergio Massa, titular de la Anses. Hacía poco tiempo que el Gobierno había abierto la posibilidad de que los aportantes pudieran volver al sistema de reparto. El anuncio fue concreto: la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que hoy vuelve a estar en el centro de la polémica.

“El Fondo busca que nunca más en la Argentina, para cerrar las cuentas públicas, se use el descuento a jubilados”, dijo Massa. Pocos meses después, a esa creación fueron a parar las carteras de activos (acciones o bonos) de las AFJP.

Pasaron poco más de 15 años y de aquellas palabras tan enfáticas no quedó nada. El ahora ministro de Economía se apresta a pegar otro zarpazo a una parte de las reservas del mismo Fondo que él creó. La decisión no es un tiro letal para el régimen previsional argentino, que se entienda. Sucede que el sistema ya está desequilibrado y es insostenible desde hace tiempo. Pero claro, este es un golpe más y certero contra la confianza que debe expresar un sistema de ahorro a largo plazo como el jubilatorio. Un sopapo más.

Técnicamente, la medida es simple. De la cartera total de activos de ese fondo, la decisión del Gobierno es que una parte, bonos pagaderos en dólares, sean canjeados por otros que se cancelan en pesos. Directo: entregar moneda estadounidense y recibir billetes argentinos. Se podría llamar pesificación o canje forzoso de esa parte de la cartera.

El FGS fue creado meses antes de la estatización del sistema de capitalización conocido por las siglas de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). “En la Argentina, nunca más los haberes de los jubilados serán rebajados por impericia o falta de previsión en el manejo de las cuentas públicas. Los jubilados no pueden volver a ser la variable de ajuste de cuestiones fiscales”, dijo Miceli entonces. Hoy, volvieron a ser aquella variable.

Desde ese momento, el FGS fue usado políticamente, por aquel oficialismo, pero también por la oposición -incluido Massa cuando lo era- para criticar alguna medida de la Anses. Se convirtió en una entelequia que servía como dardo para todo fin discursivo. “Hay $211.340 millones en el fondo de garantías de ANSES que se pueden destinar a los jubilados y no se está haciendo”, escribió Massa en su cuenta de Twitter en julio de 2017. Sabía perfectamente que ese fondo poco puede hacer para mejorar la vida de cada vez más jubilados, la mayoría de ellos, sin haber completado los aportes.

A los números. De acuerdo con el último informe presentado por la actual titular, Fernanda Raverta, que corresponde al segundo semestre de 2022 -lenta Raverta para eso de rendir cuentas-, el valor de la Cartera de Inversiones del FGS era de $6,11 billones, “lo cual representó un aumento de $362.000 millones, 6,3% respecto a fines del trimestre anterior”. Ahora bien, vale recordar que en ese semestre fue del 17,3%, con lo cual que haya crecido sólo 6,3% implica que en términos reales cayó. En ese período, la tasa de devaluación fue de 12,8%. Dicho de otra manera, perdió en pesos y en dólares contra el bimestre anterior.

Ese último reporte dice que en el año creció 45,2%. Durante ese período, como el dólar aumentó 30,9%, se podría decir que subió en moneda estadounidense. Pero claro, la inflación de 12 meses (desde junio 21 a junio 22) fue de 68%. Las cuentas no le dan a Raverta.

Ahora bien, qué significa ese Fondo en términos reales frente al peso presupuestario de la jubilación. Según el boletín estadístico de la Anses correspondiente al primer semestre de 2022, existían entonces 7.386.150 beneficiarios con un haber medio total por beneficiario de $53.086. Si ese importe se multiplica por 13, que representa los 12 sueldos más el aguinaldo, el peso anual del sistema jubilatorio para 2022 era de 4,70 billones de pesos.

Como el FGS tenía alrededor de $6,1 billones, pues en términos absolutos ese dinero alcanzaba el 30 de junio de 2022 para 16 meses de beneficios. Eso era todo. Dicho de otra forma, el tamaño del sistema deja pequeño ese fondo que de ninguna manera podría solucionar los problemas de los jubilados, actuales o futuros. Pero claro, como en términos nominales en una cifra billonaria, pues la política la usó desde su creación para graficar un discurso con poco asidero real.

Quizá valga la pena recordar, además, qué fue lo que quedó vigente después de aquella tan recordada estatización de las AFJP. A diferencia del anterior, que cada uno aportaba a su cuenta individual y se forjaba una jubilación de acuerdo a lo que sume a su bolsa [igualmente había una porción que se destinaba a un sistema solidario] este es diametralmente opuesto.

El reparto jubilatorio es otra cosa. Todos aportan a una misma cuenta y ese dinero se distribuye entre todos los jubilados. Es decir, el esquema teórico es que los aportes previsionales de los trabajadores activos se reparten entre los pasivos. Como se dijo, teórico. Según datos de Oscar Cetrángolo, economista, profesor de Finanzas Públicas e investigador en de la UBA y el Conicet, “hace algunos años, antes de la pandemia, el financiamiento contributivo era el 55% del total de gasto previsional de la Nación”. Es decir, los trabajadores activos aportaban poco más de la mitad de lo que se necesitaba para pagar todas las jubilaciones.

Pero ese porcentaje empezó a caer y se estima que la proporción se revirtió. Actualmente, 55% se saca de impuestos con afectación específica y 45% con los aportes y contribuciones. Sea cual sea el número actual, es claro que el gasto en previsión social depende de los impuestos y, muy marginalmente, del FGS.

Por caso, un golpe más certero que este al sistema previsional es la ampliación del beneficio a cada vez más personas sin aportes. De hecho, la última moratoria aprobada en el Congreso hace un par de semana ahondará más aún el problema, ya que 800.000 nuevos beneficios se sumarán a una bolsa donde los trabajadores formales que aportan son cada vez menos proporcionalmente.

Ahora Massa y compañía van por unos bonos de la cartera total del FGS. Dicen que entregarán bonos duales que aseguran grandes rendimientos en pesos. El lector podrá pensar qué haría si estuviese en una situación como la que se impuso ahora: entregar papeles en dólares por otros en moneda local.

Pero claro, en esto de decir una cosa y hacer otra, el oficialismo vaya si sabe. El 30 de octubre de 2020, el Congreso sancionó la ley 27.574, llamada Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Allí se estableció que el FGS debía priorizar aquellas inversiones con impacto directo en la economía real, promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y de la economía local.

La Argentina reescribe su historia, y a diferencia de lo que sucede en otros países donde el tiempo se encarga de alguna enmienda, acá son los propios protagonistas los que arrancan la hoja y la reemplazan por una totalmente diferente.(www.caraycecaonline.com.ar)