Pero además, Diego Luciani apeló el monto del decomiso de los bienes de los condenados y el rechazo del tribunal a tener en cuenta los testimonios de los arrepentidos en la causa de los Cuadernos de las Coimas, solicitudes que pasaron casi desapercibidas pero es un tema de fondo.

Mientras el TOF 2 fijó un decomiso a todos los condenados de casi 500 millones de dólares para resarcir el robo al Estado, el fiscal Diego Luciani reclamó que se eleve a casi 1.000 millones de dólares.

En la causa Vialidad, se investigó el direccionamiento de 3.500 millones de dólares en contratos de obra pública en Santa Cruz a favor del socio de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Esos aspectos se suman a la solicitud de aplicar la figura de la asociación ilícita (actuar en banda) contra los condenados.

Pero antes de empezar a debatir esos temas de fondo hay varios pasos procesales que se deben cumplir. Primero, en las próximas semanas el TOF 2 aceptar las apelaciones y elevarlas a Casación.

Después de ese paso, el presidente de la Sala IV de Casación, Gustavo Hornos, tiene tres días para hacer saber a las partes la integración tribunal y luego recibir recusaciones contra sus miembros, informaron a Clarín fuentes judiciales.

Después, Casación dispone de «unos 30 días hábiles» para decidir si acepta o rechaza las recusaciones, proceso que será otra batalla política y judicial.

Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta, ya adelantó que recusará a Borinsky, Hornos y Javier Carbajo, por las visitas de los dos primeros al ex presidente Mauricio Macri. Sin embargo, en junio del año pasado, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a Macri y a Borinsky y Hornos, en la causa que inició con una denuncia del kirchnerismo por las visitas que esos jueces realizaron a la quinta de Olivos y a la Casa Rosada en forma oficial y pública. Es decir, no se cometió un delito con esas visitas y no hay una causal para recusarlos basada en una causa penal. Y una vez que se resuelta esa etapa, Casación fijará un cronograma de audiencias para escuchar a las partes antes de decidir si confirma o rechaza el fallo del TOF 2. Ese cronograma, recién empezaría a fines de julio, estimaron las fuentes.

Como la inscripción de candidatos para las PASO vence el 24 de junio, la vicepresidenta tiene tiempo de sobra para anotarse. Además, luego de Casación tendrá la Corte su última palabra antes de que el fallo quede firme y entre eventualmente a regir la prohibición de ejercer cargos públicos.

El lunes, la vicepresidenta reclamó, a través de sus abogados, que Casación Penal la absuelva. En cambio, el fiscal Luciani pidió agrave la pena a la vicepresidenta y otros acusados y se los condene, además, por el delito de asociación ilícita, como ya se vio.

Este último cargo fue descartado en el voto mayoritario de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu con disidencia del tercer magistrado, Andrés Basso. A la vicepresidenta se la condenó por administración fraudulenta por la adjudicación de 51 contratos de obra pública a empresas de Báez.

Luciani, y su adjunto Diego Mola, también reclamaron que Casación revoque las absoluciones que favorecieron al ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros. Para pedir el procesamiento de De Vido, el fiscal señaló que Báez entró 143 veces en forma oficial a ese ministerio y rescató el testimonio de su ex asesor financiero Leonardo Fariña. La fiscalía no tiene dudas de que hubo un «acto de corrupción» y que fue el «más grave de la historia de nuestro país desde el advenimiento de la democracia».(www.caraycecaonline.com.ar)

Daniel Santoro dsantoro@clarin.com