La magnitud de problemas técnicos irresueltos enfrentará al nuevo gobierno con dificultades tempranas para prestar un servicio de calidad al inicio de su gestión -que coincidirá con el inicio del verano en el hemisferio sur, y las muy altas temperaturas; fenómeno que se agrava por acción del cambio climático. Hay que estar preparados para lo peor y el síntoma de lo peor siempre es el corte eléctrico en el AMBA, un evento posible, siempre molesto y nunca comprendido en profundidad para resolverlo en forma definitiva. En este contexto, introduce dudas el hecho de que ninguno de los espacios políticos haya abordado en profundidad a la Energía en su aspecto programático.

El corto plazo energético tiene urgencias que deberían ser resueltas en forma prioritaria; el largo plazo, en cambio, podría ser venturoso, pero para ello es necesario entenderlo en profundidad y tomar las decisiones políticas estratégicas con la debida anticipación.

Es prioritario que el nuevo gobierno explicite y adopte una política pública clara sobre la transición energética cumpliendo los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos con la comunidad internacional para el cambio climático.

Ello implica un triple desafío:

• Realizar un Plan Energético Estratégico que debe ser elaborado por el Estado y enviado al Congreso para su aprobación por ley, reuniendo los consensos necesarios, en un plazo no mayor de 180 días.
• Definir y promover inversiones –públicas y privadas- en el sector eléctrico, que presenta un importante déficit en generación eléctrica obsoleta; en líneas de transmisión de alta y extra alta tensión de 500 KV; en los sistemas de distribución en el AMBA; y en infraestructura de transporte e industrialización del gas.
• El nuevo gobierno deberá asegurar el suministro energético integral en condición segura y de autoabastecimiento; y además producir excedentes para la exportación que no pongan en peligro el funcionamiento del mercado interno. Ello requiere hacer cálculos sofisticados que no han sido realizados hasta ahora por ningún espacio político y promover con políticas publicas racionales las inversiones necesarias.

El cumplimiento de estos objetivos requiere de un trabajo sistémico previo por parte del nuevo gobierno: inventariar las reservas comprobadas del yacimiento de Vaca Muerta, en gas y en petróleo, y definir en forma taxativa y con realismo las cantidades de ambos combustibles que serán destinados al mercado interno, las cantidades disponibles para la exportación y qué parte se destinarán a la industrialización petroquímica.

El nuevo gobierno enfrentará al inicio dos problemas mayúsculos, que será necesario resolver en los primeros 100 días: la normalización de la institucionalidad y la finalización de las concesiones hidroeléctricas heredados de la actual gestión que deja sin resolver.

El sector energético en el presente siglo trabajó intensamente al margen de las leyes regulatorias. Se impone un conjunto de acciones orientadas a normalizar su institucionalidad; una lista no taxativa debe incluir:

1) Cese de la intervención del ENRE y el Enargas.

2) realización de Concursos para el nombramiento de los directores.

3) redefinición de tarifas de los servicios públicos de jurisdicción nacional, conforme la normativa legal vigente.

4) Fijar subsidios para la compensación tarifaria destinada a las familias que ayuden a paliar la pobreza y la pobreza extrema financiadas por el Presupuesto nacional.

5) Eliminación de los subsidios al consumo de gas natural que no pertenezcan a la región patagónica o de climas equivalentes.

6) Regularizar el funcionamiento de Cammesa conforme a sus estatutos suprimiendo su rol de canalizador de subsidios energéticos indiscriminados.

Las concesiones hidroeléctricas

Un tema que deberá concentrar con urgencia la atención del nuevo gobierno está referido a la finalización de las concesiones hidroeléctricas de grandes centrales de propiedad del Estado nacional, que fueron otorgadas en 1993 y años siguientes, y han comenzado a vencer en 2023. Estas centrales deben revertir -tal cual lo establecen los contratos respectivos- al concedente, es decir al Estado nacional que debe definir las modalidades con que ese traspaso debe materializarse en 2024 y 2025. Debe prestarse especial atención a este tema porque puede dar lugar a reclamos judiciales en foros internacionales.

Es conveniente ordenar proyectos y fijar prioridades con realismo.

El periodo 2024-2027 presenta en el área de Energía un conjunto de temas de resolución pendiente, cuya materialización es necesaria para encarar los cambios estructurales profundos: transición energética, restablecimiento del autoabastecimiento energético perdido en 2011, evaluación realista y objetiva de posibilidades ciertas de la Argentina de transformarse en un proveedor mundial de hidrocarburos.

Es necesario asumir que estos temas requerirán inversiones públicas y privadas que no podrán materializarse si previamente la economía argentina no recupera sus equilibrios perdidos. Entre ellos están la paulatina reducción del riesgo país, la eliminación de la inflación, la recuperación del crédito externo y la existencia de un mercado de capitales que canalice hacia la inversión energética los ahorros de los argentinos.

Potencialidades y expectativas

El nuevo gobierno deberá calibrar los objetivos del sector energético -cuya potencialidad de desarrollo es real- conjugando las expectativas de los diversos actores. Es cierto que Vaca Muerta es único yacimiento petrolero en expansión y es una formación geológica que posee recursos de hidrocarburos magnitud mundial y que está en franco crecimiento. Es cierto que nuestro país posee una inmensa superficie marina todavía inexplorada que puede contener recursos de hidrocarburos importantes. Y a ello se suman otras potencialidades en el campo de los biocombustibles; las energías renovables de todo tipo; y la energía nuclear.

Estas potencialidades para materializarse y ser puestas en valor requieren condiciones de certeza y factibilidad integral que en muchos casos no se dan en el presente.

La función del nuevo gobierno será ordenar con objetividad las prioridades de inversión, sobre todo cuando están en juego recursos públicos, persiguiendo como único objetivo el bienestar general. Es muy importante que en el actual estadio temporal los espacios políticos que confrontarán en la primera ronda de octubre próximo eviten las generalidades a través de los candidatos sus propuestas en estos temas, en los que hasta ahora han sido – en su gran mayoría- muy ambiguos.(www.caraycecaonline.com.ar)

Jorge Lapeña