Lo hizo a pedido de Donda, en el marco de una acción de amparo en la que la jueza, no obstante, rechazó obligar al gobierno mediante una medida cautelar.

Sarmiento recordó que está constitucionalmente regulado «el acceso a la información pública del Poder Ejecutivo».

«Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legitimo ni contar con patrocinio letrado», remarcó la jueza.

«El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan», añadió.

El mes pasado, el Ministerio de Economía, a cargo de Axel Kicillof , había rechazado un pedido de hábeas data presentado por Donda para acceder a los datos oficiales de pobreza e indigencia. En un escrito firmado por dos de sus abogados, el Palacio de Hacienda consideró que Donda no acreditó «interés legítimo» para fundamentar la solicitud.

La legisladora, que buscará renovar su banca en los comicios de octubre, pidió tener acceso a los índices de pobreza e indigencia, que el Indec discontinuó a fines de 2013, y al detalle de las canastas básicas a partir de las que se calculan esos indicadores.

Sugirió, incluso, que la diputada y candidata a renovar su banca hizo el pedido con el objetivo de «posicionarse electoralmente» y en los medios. «Todas las argumentaciones esgrimidas tienen el cariz de un discurso de índole político con el fin de lograr un posicionamiento electoral y lograr así algún espacio en medios gráficos y audiovisuales dispuestos a cuestionar cualquier acción que pudiera realizar el Poder Ejecutivo Nacional»,.