Ya nada puede devolver legitimidad a las autoridades electas, no sólo en Tucumán, sino en otros distritos donde predomina la sospecha, ante un sistema electoral anacrónico que sólo ha sido útil para la perpetuación en los cargos de las oleadas de oportunistas adictos al poder omnímodo, que fue sumando el oficialismo en incansable búsqueda de hegemonía. (por Jorge Avila)
Buenos Aires, 19 de setiembre.(caraycecaonline) Tal como anticipamos desde estas columnas, la encrucijada electoral de Tucumán fue dirimida finalmente por la Justicia, que anuló las elecciones del 23 de agosto, en un fallo donde se consigna como causal los «vicios de procedimiento» en que incurrió el Gobierno, más allá de las urnas quemadas, la compra de votos, las presiones sobre autoridades de mesa y fiscales. El motivo que alude la Cámara en lo Contencioso Administrativo provincial, es en esencia, la falta de respeto a la soberanía popular, expresada a través del voto, usual en el kirchnerismo, a lo largo de doce años de mandato.
La judicialización de los comicios tucumanos ensombrece el proceso electoral en vísperas del llamado a las urnas en Chaco, y a poco más de un mes de las elecciones generales del 25 de octubre. Ya nada puede devolver legitimidad a las autoridades electas, no sólo en Tucumán, sino en otros distritos donde predomina la sospecha, ante un sistema electoral anacrónico que sólo ha sido útil para la perpetuación en los cargos de las oleadas de oportunistas adictos al poder omnímodo, que fue sumando el oficialismo en incansable búsqueda de hegemonía. Ciertamente, las señales de este desenlace se advertían en las numerosas denuncias de irregularidades que se fueron presentando en todas las elecciones durante más de una década, luego del escuálido 22 por ciento que permitió a Néstor Kirchner acceder a la presidencia en 2003, tras el desestimiento de Carlos Menem al ballotaje. Ese «síndrome de abstinencia» de votos pareció forjar en los flamantes conductores del proyecto «nac & pop» una voluntad de soslayar los mecanismos de control y transparencia electoral. A partir de cambios tecnológicos y con el apoyo de empresas informáticas, desde el ministerio del Interior y la Dirección General Electoral, se fueron perfeccionando los mecanismos para sortear las quejas que pese a todo fueron creciendo tras cada comicio. La justicia electoral, amañada primero por el extinto juez platense Manuel Blanco, a quien busca suceder otro acólito del kirchnerismo juridico, el novel Laureano Blanco, y con las oportunas elusiones de la inoxidable María Romilda Servini de Cubría, fueron dejando pasar las notorias fallas del sistema (cambios de padrones, incorporación de menores y difuntos, candidaturas «testimoniales», etcétera) en aras de una supuesta estrategia de inclusión en la participación democrática. El escándalo tucumano, ha demostrado que el objetivo, lejos de ello, era conservar las estructuras clientelistas y feudales que garantizaban el fraude sistémico, al acotar las posibilidades de una fiscalización correcta que permita el reconocimiento de la voluntad ciudadana.
Los proyectos de reforma surgido luego de la crisis de 2001, fueron desvirtuados hasta derivar en las PASO, creadas en 2009 por el kirchnerismo ante la posibilidad de una derrota. Su implementación, no obstante, implican un avance aunque escaso y necesario de correcciones, que sólo podrán corporizarse con la sanción de una nueva normativa sobre el funcionamiento de los partidos políticos, su estructura, financiamiento y representatividad. Se trata de un cambio profundo, al que hasta ahora ninguna fuerza ha decidido acometer. También es necesario comenzar a debatir la modificación del sistema electoral, seriamente y en busca de dotar de transparencia y legitimidad a las instituciones republicanas. Es quizá preciso prescindir de la Dirección General Electoral, dependiente del ministierio del Interior, alejando al Estado y los gobiernos de turno de la cuestión, y crear un organismo autárquico, dotado de independencia y democráticamente representativo, para velar por los intereses de la sociedad en su conjunto.
Pero primero queda una batalla que todavía no se ha definido, y es la transición hacia un nuevo Estado, con un gobierno imbuido en la necesidad de cambios que impliquen un nuevo paradigma para todos los argentinos. La caterva de saqueadores insaciables que ha gobernado el país en estos doce años, tienen en el Congreso y la Justicia, el último reservorio de sus obscenos amanuenses, y buscarán con ellos aferrarse a las entretelas del poder, no importa el costo de dejar al país en la peor crisis de su historia. El pueblo tucumano dio su ejemplo, con movilizaciones incesantes en protesta por la parodia electoral, y más allá del resultado de Chaco, el tramo final rumbo a la transición que culmina el 10 de diciembre, debería implicar una «primavera negra», marcando sin piedad, el ocaso definitivo del kirchnerismo, donde habrá castigo a los culpables y el nacimiento de una nueva conciencia para recuperar nuestro destino de grandeza como Nación.(www.caraycecaonline.com.ar)