Buenos Aires, 8 de noviembre.(caraycecaonline) El último tren de pasajeros partió de la estación de San Salvador de Jujuy en 1993. Lo llamaban «Cinta del Plata». Era una formación plateada con una franja azul. Cubría la estación Retiro con las provincias del centro y norte, atravesaba los pueblos de la puna y llegaba hasta La Paz, Bolivia.

Veintidós años después, pasado el mediodía de un domingo cualquiera, hay un hombre mayor parado sobre el cemento que tapó las vías del tren, en medio de la soledad del amplio galpón de la vieja estación. El hombre acaba de juntar tres mesas y cubrirlas con un gazebo. Tiene la tienda lista para el que quiera comprar un despertador, una calculadora y otras cajas de cartón que guardan productos «made in China». El hombre espera.

Hay una mujer que también espera, a 20 cuadras de la estación, ese mismo domingo. Espera que el gobierno termine la construcción de la comisaría de «Bajo Azopardo», un barrio de San Salvador de Jujuy donde viven alrededor de 6 mil personas. La reclama desde hace siete años. La obra comenzó en enero y después de 11 meses, no avanza. «No avanza porque a los albañiles no les pagan», dice María Méndez Borja. Su nombre está escrito en paredes y chapas. «María vas a ser boleta», «María andate». María dice que la droga ocupó la plaza del barrio. Que primero, hace muchos años, estaban las casas en las que vivían y trabajaban las prostitutas, luego llegaron los proxenetas, después los «dealers», el trajín de los taxis llevando compradores, la venta libre de «paco» en casas de familia, el acampe de los chicos adictos en la plaza, los gritos en la noche «me choreaste la droga», los tiros entre bandas, los muertos en la esquina. María, como presidenta del centro vecinal y más de 40 años de historia en el barrio, pidió al gobierno una comisaría, un móvil policial y un centro de rehabilitación. Lo hizo durante años. La respuesta fueron las amenazas, los vidrios rotos de su casa y una construcción a medio hacer en la plaza de «Bajo Azopardo», donde no hay más autoridad local que no sea la marginalidad, la droga y el abandono.

Hay un chico en el asentamiento «4 de diciembre» de San Pedro de Jujuy, a 60 kilómetros, que espera un baño. Su casa es de chapa y revoque. La construcción se inició sobre tierras fiscales, o del ingenio La Esperanza, tras la oleada de tomas del 2011 en la provincia que dejó varios muertos por la represión policial que intentó desalojarlos. Mientras cada familia levantaba paredes en miles de lotes, el gobierno provincial prometió llevar agua, red eléctrica, cloacas. La promesa demoró años. Algunas obras comenzaron antes de las elecciones. Otras nunca. El gobierno nacional prometió construir un baño, una cocina y una pieza en cada casa del «4 de Diciembre». El programa se llamó «Plan Húmedo». Las partidas llegaron a través del Instituto Provincial de Viviendas y bajó a punteros de «cooperativas de trabajo» y organizaciones sociales para implementarlo. Por cada baño realizado, se pintaría en la casa una pared azul. Pero en el asentamiento «4 de diciembre» casi no hay paredes azules. Las necesidades se resuelven en la letrina del pozo. Los baños se perdieron en la extorsión a los pobres.

Un kilómetro al sur del «4 de diciembre» está el lote de viviendas de Parapetí, de la organización «Tupac Amarú» liderada por la dirigente social Milagro Sala. «Sala obtuvo $350.000 pesos de la Nación por la construcción de cada casa de Parapetí, además de otro dinero que recibió por el terreno. Pero la obra se construyó sobre terrenos tomados», agrega Bravo.

Las casas son de construcción básica. Algunas no fueron terminadas y otras se entregaron a cambio de algún dinero, o incluso gratis, para familias que sellaron su fidelidad con algún «puntero» de la Cooperativa o un dirigente «tupaquero». La regularización de los lotes con una escritura del municipio para Parapetí y otros barrios y asentamientos de San Pedro de Jujuy es una promesa, un anhelo. También es una extorsión.

Milagro Sala está en el centro de la vida política de la provincia. El gobernador de Jujuy Eduardo Fellner -que hacia el final de la dictadura militar aclaró en una solicitada que «no soy ni fui ni seré jamás peronista» y hoy es actual titular del PJ- tercerizó en Sala el control de la protesta y la problemática social. Él, con su estilo moderado, se dedicó al control de la obra pública en la provincia. En el acceso a San Salvador de Jujuy se observa la duplicación de carriles en un tramo de la ruta 9, repavimentación en las entradas en algunas localidades, puentes apenas concluidos y la Terminal de Ómnibus inaugurada el año pasado.

Sala corre por otro andarivel. Mantiene el vínculo directo con la Presidencia para la ayuda social. Los recursos nacionales que le transfieren los cobran en cheques en efectivo en el Banco Nación. Sin rendirle cuentas a nadie, la organización «Tupac Amarú» comenzó a construir viviendas, piletas populares, centros de salud, polideportivos y se inició en la producción textil y metalúrgica.

Sala empleó obreros en cooperativas de trabajo, entregó planes sociales, casas, controló programas educativos, de capacitación y de cualquier índole. Al trabajador o beneficiario de los recursos del Estado, le requiere ser parte de la «Tupac…». Según sus registros, sobre una población de los 672.260 del censo de 2010 de la provincia, la organización tiene afiliadas al menos el 10% de la provincia.

Uno de ellos era Ariel Velázquez, el militante asesinado por la espalda horas después de repartir boletas de la UCR para las elecciones PASO en el barrio «Juan Pablo II» de San Pedro de Jujuy, después de ser increpado por militantes «tupaqueros». Velásquez, de 19 años, estaba inscripto en la organización liderada por Sala como requisito obligado para poder terminar los estudios secundarios con el Plan FINES, dado que concurría a una escuela de un barrio de la «Tupac Amarú». Hasta ahora la justicia no acreditó la motivación política del crimen.

A lo largo de la década, Sala creó un poder político interno con fuerte incidencia en gremios, la policía provincial y el gobierno. También ganó el control de la calle. La «Tupac…» se fue empoderando. En las visitas a Jujuy, Cristina Kirchner se encontraba primero con Sala y luego con Fellner. Sala creció al punto que en 2013 encabezó la lista legislativa del Frente Unidos y Organizados (FUYO) y obtuvo 48 mil votos. Incorporó cuatro diputados y en ese momento aspiró a lanzarse para la gobernación en 2015. Pero a medida que desplegaba su poder territorial también crecía el hartazgo entre los que no la votaban ni la querían.

Carlos «El Perro» Santillán lideró la protesta desde fines de los ’90 en Jujuy. Entonces era, y todavía lo es, titular del gremio municipal (SEOM) pero su poder social se fue apagando por causas judiciales en contra y sobre todo por la irrupción de Sala. «Nuestra lucha iba en crecimiento. Tenían que poner una persona que aceptara las condiciones del gobierno y se convirtiera en su fuerza de choque para romper los conflictos genuinos. Una vez en un corte de ruta llegaron camiones de Milagro Sala con una patota cargada de matones, apalearon a todos, mandaron gente al hospital. Despejaron la ruta ellos, no la policía. Si nosotros poníamos 1500 personas en la plaza, ella ponía 10.000 desocupados y decían que eran de sindicatos, y el gobierno le daba la plata a ella. No fue una contestataria, fue una parodia para seguir con el sistema neoliberal, que para nosotros no terminó».

En la campaña, Morales prometió quitarle el control del dinero que Sala recibe de la Nación, terminar con su rol de mediadora en la entrega de planes sociales y trabajo en las cooperativas. Delegaría esa tarea en el Estado provincial. (Ver entrevista). Sala ingresó al Parlasur en la lista oficialista nacional. Pero la derrota del peronismo en Jujuy también arrastró a FUYO: obtuvo 27 mil votos, 20 mil menos que en 2013. Lo más revelador era que dos de cada tres afiliados no habían votado la lista de la «Tupac Amarú».

Cuatro días después de la derrota Sala reunió a cientos de adherentes en la sede de la «Tupac Amarú» de la calle Alvear en una asamblea abierta. Subió arriba del escenario y tomó el micrófono. Había preocupación e incertidumbre por el futuro. Muchos obreros llevaban dos meses sin cobrar. La falta de pago incluía a docentes, capacitadotes y trabajadores de la radio de la «Tupac…».

Las obras en «30 Héctáreas», un sector del barrio de Alto Comedero, estaban paralizadas. Sala dijo: «No quiero que ustedes pierdan el trabajo» y prometió que lucharía por mantenerlo. Le advirtió a Morales que «tiene que aprender a convivir con todos nosotros y las organizaciones sociales. Gerardo –le dijo-, tenés que entender que nosotros no somos un movimiento en el que se crean pelotones de desocupados sino que formamos conciencia. Si haces las cosas bien nadie te va a romper las pelotas. Tenés gobernar para los que te votaron y para los que no te votaron». Sala puso su renuncia a disposición de la asamblea. Fue rechazada. «Morales anda diciendo que va a terminar con la violencia de Milagro Sala, que los va a liberar, que va a terminar con la esclavitud de ustedes. Hoy acá se ha demostrado que acá nadie es esclavo de nadie», concluyó Sala.

Durante esta semana algunos obreros comenzaron a cobrar. Les dijeron que si gana Scioli volverían al trabajo. Si no ganaba quedarían librados a su suerte. Sala había acordado un reportaje con este enviado y lo bajó una hora antes del encuentro.

En el medio del desbande por el cambio de poder, con versiones de desaparición de carpetas de expedientes en la administración pública, queda el enigma de qué se perdió y qué resta de una provincia que se gobernó sin organismos de contralor.

«En Jujuy hace años que no se rinde la cuenta de inversión. No sabemos cómo se ejecutaron los presupuestos ni cuál es el estado patrimonial de la provincia. La ampliación de derechos que el FPV se jactó de desarrollar en el país, no ocurrió en la provincia. El oficialismo fue refractario a los derechos humanos, de género, de memoria, y dejó en el olvido a los pueblos indígenas, que nunca tuvieron un canal institucional para trasladar sus demandas», dice la abogada María Inés Zigarán, que representó comunidades indígenas y forma parte del Frente liderado por Morales.

«Somos la única provincia del país en la que no hay concursos ni Consejo de la Magistratura. Los jueces provinciales se eligen a dedo entre el gobernador Fellner y el Superior Tribunal de Justicia. ¿Quiénes lo componen? El cuñado del gobernador, el hermano del vicegobernador, la ex fiscal de Estado de Fellner, un ex socio del estudio de Fellner y una ex diputada radical, la única por afuera», dice Calsina.

Jujuy cuenta con 80 mil empleados públicos y 55 mil empleados de la actividad privada. En la provincia se entregan 110 mil planes sociales. Alrededor de 75 mil son para desocupados. En el presupuesto provincial, el 92% de los ingresos proviene de la coparticipación federal que les envía la Nación –que se utiliza para pagar gastos de la administración pública-, y el 8% de recaudación fiscal propia.

«En Jujuy se instaló la cultura de la mendicidad –explica «Toto» Arnedo, ex vicegobernador de la provincia (1991-1995). Los gobernadores viajan a Buenos Aires a pedir. Y las campañas se hacen diciendo «mejor votemos a éste gobernador que es amigo del Presidente». Si esto no se resuelve con producción propia, utilizando el Paso de Jama a Chile, y exportando productos de economías regionales del noroeste desde el puerto de Antofagasta para China, como lo hace Brasil, vamos a seguir exportando carnavalito, Los Tekis y la pobreza, y Jujuy seguirá siendo noticia por las tomas de tierra, los cortes de ruta y las huelgas de estatales», dice Arnedo, hijo del fundador del peronismo en la provincia en 1946.

El economista calcula que, con la base estadística elaborada por ATE Capital (INDEC), el 52% de los jujeños está bajo la línea de pobreza. Y el 15% en la indigencia, sin que puedan cubrir las necesidades básicas.

El diputado Fiad piensa en cómo reconvertir el futuro de aquellos chicos de 15 años que viven en los pueblos desolados de la puna, que no tienen otra esperanza de vida que meterse en un terreno fiscal, recibir un plan social o irse a trabajar a cualquier lado. «Nosotros apoyamos el valor de la Pachamama, con la cultura del esfuerzo, del trabajo, de la defensa de la tierra y del agua y queremos que tengan recursos para vivir en el lugar donde nacieron», agrega. La provincia que recibe el nuevo gobierno de Gerardo Morales el desafío de cambios reales. Hay gente que espera.(www.caraycecaonline.com.ar)