Buenos Aires, 19 de enero.(caraycecaonline) Deswde ayer la ANSeS (el organismo que administra los recursos de la seguridad social) comenzará a pagar 3.138 sentencias en favor de jubilados por un total de $ 1.179 millones. Esa cifra arroja un promedio de $ 375.000 por persona, monto que se explica por la acumulación de intereses por los años que demoran esos juicios: no bajan de 7 u 8 años desde que se inició el reclamo administrativo hasta que se produce el cobro de la sentencia.

Aunque el pago de sentencias fue en aumento en los últimos años, según reconoce la ANSeS todavía hay 257.700 juicios con reclamos por mala liquidación de haberes. Si se suman las demandas iniciadas por otros reclamos, las demanda judiciales totales superan los 300.000 casos.

Durante el año pasado -último de la gestión kirchnerista- los pagos de sentencias sumaron poco más de 40.000 por el equivalente a unos $ 12.500 millones. En el Presupuesto 2016, votado antes de la asunción de Mauricio Macri, se prevé para este año el pago de la misma cifra de $ 12.500 millones por sentencias a favor de los jubilados.
Por lo que se estima que los fondos previstos en el Presupuesto alcanzarían para cancelar unas 35.000 sentencias, en línea con lo ocurrido en 2015 y teniendo en cuenta los mayores intereses.
Además, para este año figuran pagos por otros $ 1.676.2 millones por fallos que benefician a retirados y pensionados de la Policía, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
En promedio las sentencias que se pagan actualmente rondan los $ 375.000 por la acumulación de los retroactivos. Y a eso se agrega el reajuste del haber de acuerdo a lo que fije la sentencia.
Sin embargo, el stock de juicios no está achicándose porque están ingresando nuevos juicios de los jubilados. Según la Oficina de Poderes de la Cámara de la Seguridad Social, el año pasado se expidieron alrededor de 170 poderes diarios para iniciar juicios de reajustes de haberes. Esto indica que se mantiene alta la litigiosidad previsional.
Se estima que en el edificio de Lavalle 1441 – especialmente alquilado para “guardar” expedientes- hay 78.000 causas. En tanto, en promedio, cada Sala de la Cámara tiene en trámite 10.000 causas, los 10 juzgados del Fuero otros 25.000 expedientes cada uno, mientras que -por orden de la Corte Suprema- se devolvieron unas 30.000 causas a los juzgados del interior del país.
La mayoría de los juicios son por reajustes de los haberes luego de la crisis de 2001-2002. Luego crecieron cuando la Corte Suprema dictó varios fallos favorables a las demandas de los jubilados, como el caso Badaro o Eliff por la falta de actualización de los haberes entre 2002 y 2006 y de los sueldos que sirven como referencia para el cálculo de las jubilaciones.
Las demandas de los retirados de las FF.AA. y de Seguridad también aumentaron porque les liquidaron las jubilaciones o retiros sin incluir los rubros no remunerativos.
También hay juicios cuestionando la aplicación “tope” previsional a trabajadores que aportaron cuando no existía “tope” sobre los aportes y los descuentos adicionales de Ganancias que surgen de la mal llamada ley mal de “solidaridad previsional” aprobada en 1995 (articulo 9 de la ley 24.463) con Cavallo-Menem.
Para tener derecho a cobrar lo que ya determinó la Justicia, cada jubilado debe iniciar un juicio porque ni el Gobierno ni la Corte extendió su propia doctrina a todos los jubilados que están en la misma situación. Este reclamo está hace varios años en la Corte Suprema por una demanda colectiva presentada por la Defensoría del Pueblo, sin que el Alto Tribunal resuelva el pedido.(www.caraycecaonline.com.ar)