El “Gordo” José María Muñoz, por Radio Rivadavia, insultaba a los familiares que hacían cola para presentar  sus denuncias a los despachos de la CIDH en avenida de Mayo al 700. “los argentinos somos derechos y humanos” vociferaba Muñoz,  por el triunfo del juvenil argentino en Tokio con Diego Maradona. Los Obispos censuraron a la CIDH, y la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas aprobó la invitación del gobierno y declaró que espera que esta visita constituya una solución más justa y satisfactoria al grave problema de los desaparecidos. El mismo Partido Comunista argentino había llegado a considerar  «una intromisión en la soberanía de nuestro país» la visita de Derián.
Varios militantes de los Derechos Humanos habían impulsado pacientemente la llegada de la Comisión de la OEA. A la cabeza había estado el profesor Emilio Mignone, quien por su actividad profesional tenía importantes contactos con el sector educativo de Estados Unidos. Al comenzar su denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos en Argentina, esos contactos se convirtieron en un factor fundamental. Junto a Mignone trabajaban el ex diputado Augusto Conte, Graciela Fernández Meijide, Alfredo Bravo, Simón Lázara y otros militantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).
“Cuando supimos que la comisión venía a la Argentina –recuerda Graciela Fernández Meijide– nuestra angustia más grande era si la gente se presentaría a efectuar las denuncias.” Fernández Meijide estaba a cargo de ese trabajo en la APDH y sabía las dificultades para que muchos familiares vencieran el temor o el escepticismo. “Cuando vimos la cola de dos o tres cuadras que se formaba en Avenida de Mayo al 700, donde funcionaba la CIDH, supimos que la visita había sido un éxito.”
“La visita de la CIDH fue el resultado de un paciente trabajo de lobby que había comenzado prácticamente desde la asunción de  James Carter a la presidencia de EEUU en enero de 1977”, recordó Simón Lázara. Ese mismo año, la subsecretaria de DDHH del Departamento de Estado , Patricia Derian, vino a nuestro país lo enfrentó a Massera y se reunió  con los organismos argentinos de DDHH. Poco después, el Parlamento estadounidense aprobó la enmienda Humphrey-Kennedy que limitaba la venta de armamento y ayuda exterior a países gobernados por dictaduras.
“Mignone se movió mucho en los Estados Unidos –relató Lázara– pero además, los militares habían quebrantado el bloqueo de la venta de cereales que Washington había impuesto a la URSS por haber invadido Afganistán  y porque también apoyaban abiertamente al dictador Anastasio Somoza en Nicaragua.”

De allí también que tanto el bloque soviético, como el gobierno cubano callaron ante los organismos internacionales las ejecuciones y torturas de al dictadura militar contra el pueblo argentino. Era mayor el interés por comprar trigo.

En 1978  el secretario del Departamento de Estado, Cyrus Vance también vino a la Argentina y fue completando el cuadro de situación sobre la dictadura argentina. “El 8 de septiembre de 1977 lo secuestraron a Alfredo Bravo, que era presidente de la APDH –recuerda Lázara– y allí los contactos de Mignone funcionaron a la perfección. Mignone logró llegar a Vance y durante la firma de los Tratados del Canal de Panamá, a la que asistió Jorge Videla, el secretario de Estado le pidió por Bravo. Le salvó la vida, porque lo legalizaron después de diez días de secuestro y feroces torturas, aunque estuvo casi un año más a disposición del PEN.”
Primero viajaron Mignone y Conte a la OEA, después fue Fernández Meijide y unas semanas más tarde viajó Simón Lázara. “El viaje de Graciela fue muy importante –subraya Lázara–, porque ella llevó las denuncias y testimonios que habíamos reunido en Buenos Aires. Las había clasificado según las características salientes de cada caso y de esa forma simplificaba mucho el trabajo de la Comisión.”
“Yo creo que el trabajo más importante lo habían hecho Mignone y Conte, que se movían con mucha comodidad en ese ambiente –relativiza Fernández Meijide– y muchos familiares habían enviado por correo sus denuncias. Nuestro trabajo fue clasificar los casos según la información que tenía y los dividíamos por rubros, como ‘Conscriptos desaparecidos’, o ‘Adolescentes desaparecidos’.”
El gobierno se resistía a la visita de la CIDH porque la consideraba parte de la campaña antiargentina . El canciller Carlos Washington Pastor movilizó a los embajadores para imaginar excusas y recursos para anularla. Videla temía al aislamiento internacional, pero igual quería impedir la visita, y en eso coincidía con Emilio Massera. Pero las presiones eran cada vez más fuertes. La CIDH existía desde varios años antes, pero la administración Carter había decidido sacarla de su función burocrática para darle protagonismo. El vicepresidente de Carter en persona, Walter Mondale, le pidió a Videla, durante una visita en la que ambos coincidieron en el Vaticano, que dejara entrar a la comisión.
“Había créditos del Eximbank para Argentina que estaban parados –recuerda Lázara– y el Departamento de Estado prometió que los otorgaría si se dejaba entrar a la CIDH. La dictadura controlaba los medios; los partidos políticos estaban prohibidos; no había movilizaciones ni actos de ningún tipo. Yo creo que los militares pensaron que podían manejar la visita, y que, a lo máximo, sería una molestia pasajera. No tenían la más mínima idea del contexto internacional, como lo demostraron después con la guerra de Malvinas.”
La visita había sido anunciada primero para el mes de junio y fue retrasada para septiembre. El matrimonio Fernández Meijide ya tenía los pasajes para viajar Europa en agosto y debieron postergar la partida. El gobierno se puso nervioso y allanó en dos oportunidades los locales de la APDH . “Buscaban los documentos que ellos pensaban que les íbamos a entregar a la comisión”, explica Fernández Meijide. Lázara recuerda la discusión con el juez de la dictadura Martín Anzoátegui que había ordenado los allanamientos a los organismos de derechos humanos.
La comisión llegó el 6 de septiembre de 1978 y comenzó a sesionar al día siguiente en la sede de la OEA, en Avenida de Mayo al 700. El presidente de la CIDH era el venezolano Andrés Aguilar, que había sido titular de la Suprema Corte de su país; el vicepresidente era el abogado hondureño Luis Tinoco Castro y la integraban los abogados Marco Momroy Cabra, del Instituto de Derechos Humanos de Costa Rica, y Carlos Dunshee de Abranches, el jurista académico Tom Farer, de Estados Unidos, y el peruano Francisco Beltrán Galindo. El secretario era el chileno Edmundo Vargas Carreño, que luego fue embajador en Argentina, y el secretario adjunto, Edgardo Paz Barnica, que más tarde fue canciller de Honduras. Todos eran eminentes juristas, personalidades absolutamente irreprochables para el discurso macartista de la dictadura que consideraba “compañeros de ruta” del marxismo a todos los que se interesaban por los derechos humanos.
La comisión estuvo del 7 al 10 en Buenos Aires, del 10 al 14 en Córdoba, 14 y 15 en Tucumán, pasó por Rosario y regresó a la Capital Federal. Visitó los campos clandestinos de detención de La Rivera y La Perla, en Córdoba, y El Atlético, el Olimpo y la ESMA, en Buenos Aires que, como se comprobó más tarde, habían sido desmantelados por los militares para evadir la investigación. Estuvieron en las cárceles de Devoto, Caseros y Rawson. Se entrevistaron dos veces con la junta militar y con Videla, se reunieron con los organismos de derechos humanos: APDH, LADH, MEDH, Madres de Plaza de Mayo y Familiares; vieron a los ex presidentes Isabel Martínez, detenida en la quinta de San Vicente, Alejandro Lanusse, Arturo Frondizi y Héctor Cámpora, que se encontraba asilado en la embajada de México. También recibieron a la Conferencia Episcopal y a los políticos Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín (UCR), Deolindo Bittel (PJ), Diego May Zubiría y Rafael Marino (PI), Enrique De Vedia y Francisco Cerro (DC) y Simón Lázara (PSU). A los sindicalistas de la CUTA, empresarios de la UIA, CAME, Sociedad Rural y ADEBA; a la AMIA y la FUA, a la Sociedad Central de Arquitectos y las asociaciones de psiquiatras y psicólogos, al Colegio de Abogados y en entrevistas personales a Lorenzo Miguel, Ernesto Sabato, Jacobo Timerman y Alfredo Bravo.
Abrieron tres oficinas en todo el país y recibieron 5580 denuncias de secuestros y desapariciones “la mayoría de ellas nuevas”, o sea aparte de las casi tres mil que habían presentado los organismos. La comisión se fue del país el 20 de septiembre, en diciembre presentó a la dictadura un informe preliminar donde criticaban duramente el “Estado de excepción” que existía en Argentina y denunciaban la existencia de miles de desaparecidos. El informe final se conoció un año después en forma de libro. La dictadura prohibió su difusión y su venta. (www.caraycecaonline.com.ar)

Fuente: Pàgina12 del 6 set 1999 y otros