Buenos Aires, 4 de junio.(caraycecaonline) La semana política transcurrió con el afianzamiento de tendencias tanto en el oficialismo como en la oposición, que enmarcan el inicio del segundo semestre como un período clave para el desarrollo de las proyecciones  económicas y sociales, de proyectos antagónicos.  Son muestras  claras de cambios ostensibles en materia de protagonistas y modelos de acción. Mientras algunos se aferran al pasado y buscan repetir ciclos ostensiblemente perniciosos para la sociedad, la iniciativa gubernamental explora nuevas instancias pagando costos políticos.

Mientras el oficialismo  busca su destino con un criterio optimista y decidido,  las respuestas opositoras no pasan de  acusaciones y sospechas lanzadas con estruendos, en especial por quienes quedaron desplazados del poder y tienen una visión ciega y alienada, marcando errores personales o de gestión. Están también los opositores moderados y los que esperan crear nuevas alternativas y renovadas propuestas. Pero  la Argentina  arrastra una depresión profunda desde hace muchas décadas. Las distintas crisis  han mostrado un país que no es rico, que la pobreza se multiplica, que ningún plan ”asistencial’ con los carecientes es una muestra de progreso.

Las deformaciones ideológicas han llevado a dirigentes y dirigidos a ver una  Argentina próspera,  cuando en realidad lo único que puede ofrecer son limitaciones serias,  y en muchos casos, extendidas.  No hay infraestructura energética, ni de caminos ni de transportes para convertir esos activos en riqueza. ni mano de obra especializada por la educación denigrada.  El regreso a la democracia se hizo con idealismo pero a los empujones contra  obstáculos de todo tipo. Luego, los que tenían la batuta se inscriben en la extranjerización de la economía. Se pasa después a un frágil reparo contra la corrupción, que fracasa, dándole paso al mesianismo, el populismo atropellador y violento, el uso indiscriminado de los fondos y la corrupción desembozada. Y es tal el griterío que festeja el facilismo populista y es tan grosera la corrupción, que sólo una elección democrática los  frenó. Nadie sabe hasta cuándo.

El gobierno de Macri ha procurado aportar racionalidad en numerosos campos, aunque no siempre con ecuanimidad. Por un lado limpió los planteles de personal del Estado , aunque no de manera drástica, aunque ha aumentado, el número de secretarías y subsecretarías. Los cambios, especialmente en  la cultura, de los medios públicos, de las necesidades específicas de la población han sido justos y elogiables, democráticos y legales.

Pero el gobierno carga con un defecto que puede traer consecuencias indeseadas. Algunos de sus funcionarios creen vivir una etapa fundacional de la historia argentina y llegan a sentirse iluminados.  Los diarios muestran que de ninguna manera tienen buena comunicación pública. Escuchan poco a sus socios de «Cambiemos» que tienen experiencia en las adversidades. Así, el poder lo tiene el PRO, no la unión electoral votada junto con radicales y la Coalición Cívica. A tal punto que Elisa Carrió se refugia en su función preferida, la de fiscal de la República y desde allí sigue otros caminos, opuestos a los de la Casa Rosada. Ernesto Sanz puede estar presente en las reuniones más íntimas del gobierno, pero el radicalismo, en su globalidad, sigue diluido en discursos anacrónicos marcados por intereses sectoriales.

La relación con el Vaticano

Algo que está pendiente por abandono de las autoridades es qué tipo de vínculo o política quiere establecer el gobierno con el Vaticano teniendo el mundo un Papa argentino, que no deja de actuar en la vida nacional, con marcada influencia. Sin embargo, no todo son rosas en los jardines romanos. Son varios los indicios que hablan de cierta coincidencia en la pista suiza de las riquezas de Cristina Kirchner y familia S.A., junto a Lázaro Báez, Alejandro Vanoli, Ricardo Jaime, Julio De Vido, con los movimientos financieros de la Santa Sede, que mantiene algo más que activos intangibles en la Confederación Helvética y también en Wall Street. Amparada en su misión espiritual, la economía vaticana se ha movido en condiciones de secreto y privilegio que facilitaron maniobras oscuras. En el afán de ponerles fin se juega el crédito de la Iglesia y también parte del carisma de Francisco. Las recientes visitas nacionales al Pontífice no parecen el mejor camino elegido para ese fin. Conocido en el mundo como  el banco del Vaticano  el Instituto para las Obras de Religión, el célebre IOR, volvió a verse envuelto en las sombras del desprestigio.  Y sucedió justo cuando el austero presidente de la entidad, el alemán Ernst von Freyberg, había lanzado una campaña para restaurar su reputación. En eso se estaba cuando cayó preso monseñor Nunzio Scarano, con varias cuentas en el IOR y operaciones financieras de millones de euros, fuera de todo control, en sociedad con personajes nada recomendables. La justicia italiana dispuso  congelar los fondos del IOR y el Vaticano, a su vez,  investiga el presunto lavado de dinero que habría consumado Scarano.  Queda  esperar que la Justicia revele el alcance de la red de laicos y religiosos que se baneficiaron con las  maniobras de Scarano.

La Iglesia padece como nadie la herida de estos escándalos  en su credibilidad ante el mundo y ante sus fieles. Quien en su momento dio una célebre y brutal respuesta a tan candorosa cuestión fue monseñor Paul Marcinkus, el prelado norteamericano, jefe del IOR en sus tiempos más negros, cuando quebró el Banco Ambrosiano. Sucedieron misteriosos homicidios y se hablaba de  relaciones  con la mafia. Y hasta se llegó a sospechar  que la sorpresiva muerte de Juan Pablo I habría podido estar vinculada con los escándalos del IOR. En la cúspide del cinismo, Marcinkus se atrevió a decir: «La Iglesia  no vive sólo de avemarías».  Es decir, sus fines son sobrenaturales, pero sus medios son  humanos. Así, que los fieles se escandalicen es legítimo y comprensible.  Y es responsabilidad del Papa responderles pronto y con eficacia.

El problema es que muchos de esos escándalos se han producido porque, en nombre de su especial misión espiritual, la gestión financiera del Vaticano ha eludido los controles normales, ha evitado impuestos, ha trabajado en condiciones de absoluto secreto y privilegio, ha cambiado la transparencia por el amiguismo y las clientelas; no ha suscripto acuerdos para la lucha contra el blanqueo de dinero sucio. Cualquier coincidencia con el kirchnerismo, no parece producto del azar. Si es así, entonces, la solución suena obvia: urge normalizar las finanzas vaticanas, «secularizarlas» por entero poniéndolas bajo las mismas reglas a las que están sujetas todas las demás instituciones financieras. Caso contrario, el Vaticano seguirá apareciendo ante el mundo como una especie de paraíso fiscal y su imagen seguirá en caída.

La “Reparación histórica” a los jubilados

En tanto, el gobierno realizó uno de los anuncios más esperados de los últimos meses, y de un fuerte impacto tanto en términos de distribución de ingreso y seguridad social como de costo fiscal: se cumplirá con los juicios de jubilados y pensionados, tanto  que tengan sentencia firme  como aquellos que estén en condiciones de iniciar juicio. Serán mejorados los haberes de más de 2,5  millones de personas.. Con esta ley de Reparación Histórica del Bicentenario para Jubilados, que ya se debate en el Congreso, el gobierno buscará acercarse a sus aliados parlamentarios, particularmente  Massa y al bloque de Diego Bossio.  El proyecto preve el pago a tres grupos diferentes de jubilados y pensionados. Por un lado, aquellos que tengan fallo firme de la Corte Suprema, que totalizan unos 50.000 casos, recibirán 50% de la sentencia en efectivo y otro 50% en pagos trimestrales. Los más de 300.000 casos que tienen juicios en curso, por otra parte, recibirían un incremento del haber de 45% y un pago retroactivo de 4 años. Otros 700.000 casos o más corresponden a jubilados que se encuentran en condiciones análogas al resto y que podrían iniciar acciones legales contra la ANSES sobre la misma base de los casos que marcaron el inicio de la ola de juicios; el caso Badaro siendo el más conocido de ellos. Estos recibirán un aumento de 35% en el haber jubilatorio. En este ultimo caso, la ANSES deberá hacer un fuerte trabajo de identificación de esta población en el sistema jubilatorio, y acercarles una propuesta que en rigor será acordada individualmente. La recomposición de haberes supone por una parte un decreto presidencial por el que el haber inicial sea calculado bajo una nueva metodología. Esto corregirá lo visto por el fallo de la Corte Suprema en 2008, que muestra una falta de actualización de haberes entre 1991 y la Ley de Movilidad Jubilatoria de 2009. El cálculo se realizará ahora con el Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción hasta 1995, y luego con la Remuneración Promedio de Trabajadores Estables (RIPTE). La Ley del 2009 contempla ya una actualización automática dos veces al año en base a la recaudación de ANSES y al Índice de Salario del INDEC. Aquellas personas que se jubilen a partir de la aprobación de esta ley verán sus haberes calculados en base a los aportes genuinos que realizaron al sistema durante su período de actividad laboral. El Plan de Inclusión Previsional lanzado durante los últimos 10 años duplicó el número de jubilados y pensionados, y llevó la cobertura a más del 90%. El principal conflicto sin embargo, fue que para financiar esa erogación se utilizaron los mismos fondos internos del sistema de seguridad social, achatando el pago de haberes de aquellos contribuyentes que más habían aportado al sistema, atrasando su actualización por debajo de la inflación real. El proyecto actual contempla una Pensión Universal a la Vejez, equivalente a 80% de la jubilación mínima, lo que lograría expandir la cobertura a toda la población. El financiamiento de la medida, esta vez, vendría de tres fuentes. Por un lado, los ingresos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad; por otro, un blanqueo de capitales “amplio y caro”, en palabras del Ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay. Por el momento, se sabe que las condiciones de esta declaración voluntaria implicarían un pago de entre 10% y 15% en impuestos, y que los incentivos a aceptarlo serían grandes considerando que en 2017 comienza oficialmente el intercambio de información fiscal con previos paraísos fiscales.  El costo fiscal de los juicios a los jubilados alcanzarían más de 75 mil millones de pesos anuales, monto apenas más elevado que el déficit primario del primer cuatrimestre del año. Mientras las prestaciones a la seguridad social ya crecen a 40% interanual, el gobierno muestra que esta dispuesto a utilizar parte del gasto público para contrarrestar el efecto contractivo de la política monetaria (altas tasas de interés, y encajes subiendo). En términos económicos, la aprobación de la ley no solo detiene la elevada tasa de litigios que muestra la ANSES por estos juicios, sino también reactivaría la propensión al consumo, por lo que cada peso en que se incremente los ingresos puede volcarse rápidamente al mercado, en tanto los primeros índices genuinos del Indec marcan el comienzo de un descenso inflacionario, que podría tener mayor impulso hacia fin de año. Claro que, antes debe superar el debate parlamentario para hacerse realidad. Si Dios quiere.(www.caraycecaonline.com.ar)