Más allá de la resolución que la Corte Suprema de Justicia hay un dato de la realidad del que nadie debería dudar: no hay posibilidad alguna de contar con servicios públicos de calidad con tarifas que en los últimos 12 años estuvieron congeladas pese a la alta inflación y a la desvalorización del peso.(por Jorge Avila)
Buenos Aires, 20 de agosto.(caraycecaonline) La cuestión tarifaria se instaló en el centro de la escena política como una suerte de batalla de poderes. La resolución de la Corte Suprema implica un llamado de atención sobre las modalidades de gestión del nuevo Gobierno nacional, pero no roza la cuestión de fondo, que es reformular el esquema energético del país para que resulte viable. Superadas las audiencias públicas, los incrementos seguirán siendo motivo de disenso por distintos sectores, como ya lo han planteado las pequeñas y medianas empresas, al anunciar nuevas presentaciones judiciales. La nueva instancia es oportuna para discutir la necesidad de revisión de las concesiones realizadas en los 90, e implementar las inversiones comprometidas y nunca realizadas, para mejorar la calidad y extensión de los servicios públicos.
La grave crisis energética a la que condujo la gestión kirchnerista no se resolverá mientras impere una nefasta cultura populista
Más allá de la resolución que la Corte Suprema de Justicia hay un dato de la realidad del que nadie debería dudar: no hay posibilidad alguna de contar con servicios públicos de calidad con tarifas que en los últimos 12 años estuvieron congeladas pese a la alta inflación y a la desvalorización del peso..
No es razonable que quienes ponemos el grito en el cielo cuando se corta la luz o escasea el gas añoremos las tarifas de la era kirchnerista, mantenidas artificialmente a costa de subsidios del Estado que llevaron a límites extremos el déficit de las cuentas públicas, y desalentaron la inversión y la producción energética.
Entre 2006 y 2015, el gobierno kirchnerista gastó el equivalente a aproximadamente 139.000 millones de dólares en subsidios a la energía y el transporte. Se trata de una cifra que representa el 22% del PBI del año pasado. Lo más grave es que gran parte de esos recursos ni siquiera fueron a los sectores sociales de menos poder adquisitivo. Por el contrario, fueron empleados para subsidiar la electricidad y el gas de red en hogares de altos ingresos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, e incluso para calefaccionar las piscinas climatizadas en grandes residencias. Así, no pocas familias pudientes que poseen conexión al gas de red se beneficiaron de una década de precios irrisorios, mientras que los grupos más humildes de la población debieron pagar por la utilización de garrafas o de leña proporcionalmente mucho más para enfrentar los inviernos.
El Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos de la Universidad de Belgrano, tomando un consumo de 250 metros cúbicos anuales, un usuario residencial de la ciudad de Buenos Aires abona en promedio 29 centavos de dólar por metro cúbico contra 1,14 dólares en Chile, 1,24 dólares en Brasil y 1,49 dólares en Uruguay. Así, en la capital argentina se paga el 35% del valor medio de la región.. Así, un residente porteño paga una tarifa 3,5 veces menor que en Chile; 5,5 veces menor que en Uruguay y cerca de 6 veces inferior a la de Brasil.
La manipulación kirchnerista de las tarifas exacerbó el consumo energético, también destruyó la capacidad de generación energética, y provocó una caída en la producción de gas entre 2004 y 2015 que de 52.000 millones de metros cúbicos anuales, se redujo a sólo 43.000 millones, un nivel similar al producido en 1999. .
Queda claro que en este contexto resulta imposible mantener tarifas tan bajas en forma artificial, dado que los subsidios estatales se han tornado insostenibles. Y si la cuestión del aumento tarifario ha llegado a la Justicia ha sido en parte por una serie de errores de procedimiento y de comunicación que el gobierno de Mauricio Macri pudo haber evitado.
La primera equivocación fue no haber convocado a audiencias públicas, omisión que se aprovecharon sectores opositores y algunos jueces para impugnar una decisión que no debió llegar a la Justicia. Desde el Gobierno se insiste en que las audiencias públicas son obligatorias para definir el margen de ganancias de las empresas distribuidoras y transportadoras, pero no el precio del gas a los consumidores. Pero ahora la decisión del Poder Ejecutivo revela que pudo haberse evitado quedar empantanado en el campo judicial..
Un segundo error del Gobierno fue la deficiente comunicación original de una medida que, más allá de lo justificado del reajuste tarifario, iba a impactar en el bolsillo de no pocos usuarios residenciales y en la mayoría de las empresas. .
Pero al margen de que a nadie le agrada pagar más es vital que la sociedad entienda que nada resulta gratis en una cultura del negociado y la corrupción generalizada. También es necesario advertir, que más allá de los alcances políticos de la cuestión es menester contar con la autoridad moral y ética para imponer cambios radicales. El ministro de Energía y Minería, no debería mantener sus acciones en una de las empresas (Shell) involucrada en el diferendo, y ofrecer de tal modo nuevos flancos para la sospecha. Es tiempo de exigir Justicia para todos, en especial para aquellos que sufren un crónico un servicio deficitario, no sólo de gas, y para aquellos que ni siquiera pueden acceder a ese servicio.(www.caraycecaonline.com.ar)