Buenos Aires, 18 de setiembre.(caraycecaonline) El Estado de Derecho es una de las mayores conquistas de nuestra sociedad, que debe apreciar los resultados de la convivencia en el marco de reglas claras. Con el respeto a las leyes pero también  la necesidad de conductas para elevar la calidad institucional y las respuestas normativas, una deuda que la democracia aún tiene pendiente.

La semana política tuvo  contenidos  de alta incidencia en el ámbito legislativo. El Congreso, recuperando un protagonismo negado por proyectos centralistas y hegémonicos durante doce años, ahora reflejó la riqueza de debates sobre cuestiones centrales del país. La sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública es un avance  trascendente para la sociedad en materia de transparencia en la gestión. Dentro del espectro de naciones, implicaba un retraso notable para el desarrollo de la libertad de expresión, y tras su implementación en la Argentina, solo quedan en el contexto regional dos países, Bolivia y Venezuela, donde no se aplica esta normativa. Por cierto, la nueva ley no implica que automáticamente se resuelvan los oscuros manejos burocráticos derivados con frecuencia en actos de corrupción. Pero implica que su adecuada implementación permitirá a la sociedad contar con una herramienta imprescindible para controlar el accionar de los poderes del Estado.

También el inicio de las audiencias públicas para fijar el nuevo esquema tarifario del gas, revela un progreso al discutirse en forma abierta por todos los sectores un nuevo cuadro que busca superar la etapa de subsidios discrecionales  del Ejecutivo. En nuestro país se han dictado en el ámbito nacional, en los albores de este siglo, varios decretos relacionados a la participación ciudadana. Íntimamente todos sabemos que si se adopta una decisión que nos afecta debemos ser escuchados sobre ello, y que este parecer está enraizado en la forma democrática de gobierno. Mas allá de algún incidente menor, el desarrollo de estas audiencias augura alcanzar  medidas consensuadas para superar cualquier conflicto y mejorar las condiciones actuales del servicio.

Esta semana el Ejecutivo presentó formalmente al Congreso el Proyecto de Ley de Presupuesto General para  2017. Es destacable  que la administración nacional elaboró  un presupuesto en base a estimaciones confiables. Aunque parezca algo obvio es algo que no pasaba en Argentina desde el año 2007 cuando, con la intervención del INDEC mediante, un sinfín de datos comenzaron a ser manipulados, con cifras falsas en los presupuestos anuales y, por ende, en toda la programación macroeconómica. En cambio, del presupuesto 2017 surgen algunos proyecciones más realistas:  Crecimiento e inflación: la administración actual estima que la economía se expandirá en un 3,5% el año que viene luego de atravesar una recesión del 1,5% a lo largo de este año como consecuencia de una caída en el consumo y la inversión. Los ajustes macro que provocaron precisamente esta recesión en el corto plazo serían los generadores (entre otros) de la recuperación del año 2017. Continúa vigente la meta de inflación del 17%. Inversión: si bien se plantean aumentos importantes en las partidas destinadas a la inversión pública, las proyecciones oficiales no muestran un proceso de cambio estructural respecto a los últimos años. Los análisis de largo plazo respecto a la economía nacional hacen hincapié en el bajo ratio de inversión respecto al PBI, y lo señalan como el factor responsable de la dificultad para lograr un proceso de crecimiento sostenible en el largo plazo. En este aspecto se estima una inversión del 15,9% del PBI para este año que, si bien iría aumentando paulatinamente, llegaría al 2019 aún por debajo del 20%. Con un 20% de inversión, no se llegaría si quiera a alcanzar los mejores años del kirchnerismo (21% en 2007) y continuaríamos por debajo del 25% estimado como adecuado.  Exportaciones: durante la campaña del año pasado el “modelo macrista” se presentaba como un modelo económico basado en la inversión y las exportaciones, a diferencia del modelo kirchnerista que había hecho del consumo privado y el gasto público sus pilares. Visto ya que la inversión no experimentará en los próximos 4 años un quiebre drástico de su tendencia de largo plazo, lo mismo ocurre con las exportaciones. Según los números presentados las ventas al exterior aumentarían tan solo dos puntos respecto al PBI entre el año actual y el 2019. Del 13,7% actual crecerían hasta el 15,7%, números que quedan muy por debajo del 21% promedio del período 2004-2011. Claramente la caída de los precios internacionales impacta de manera directa en el análisis, pero justamente es el mismo elemento que debería haber tenido en cuenta el nuevo gobierno cuando imaginó un “modelo tirado por el comercio exterior”. Más aún, ante un escenario de precios internacionales como el que estamos viviendo, el factor de competitividad cambiaria toma mayor relevancia. Sin embargo, el gobierno proyecta un dólar promedio para el 2017 de $17,92 que, frente al $14,99 promedio del actual período, implica una depreciación de la moneda del 19,5% muy en línea con la inflación que irá a buscar el gobierno. De este modo, la competitividad del sector transable no provendrá de la moneda.  Situación fiscal: era de esperar que con los anuncios de aumentos de gastos que se dieron a conocer a lo largo de los últimos meses, sumado a las trabas legales para avanzar de una manera más rápida en la corrección de tarifas y subsidios, no fuera alcanzable la meta del 3,3% del PBI de déficit fiscal primario que había sido anunciada por Prat Gay en enero de este año. Frente a este “gradualismo exacerbado” esperamos un mayor aumento de la deuda pública como porcentaje del PBI para financiar este desequilibrio fiscal que llegaría hacia el final del mandato con números superiores al 2% del PBI. Nuevamente el país se encuentra en un contexto de necesidad de financiamiento externo con niveles de inversión bajo para lograr un crecimiento sostenible en el tiempo. Entonces, ¿cambiamos?. Desde el punto de vista institucional, no es menor la importancia de haber recuperado un instrumento fundamental de la política económica como es la veracidad del presupuesto general. Desde el punto de vista estrictamente económico, este presupuesto deja sabor a poco: no hay que esperar cambios estructurales en la economía argentina en el mediano plazo.
Empero, los factores de mayor fricción se encuentran vinculados al respeto estricto de las leyes que constituyen el sustento de la convivencia social.  La seguidilla de muertes por mano propia pone en foco la creciente intolerancia social ante la inseguridad. También los desastres  ambientales como el ocurrido en la mina de Veladero, en la provincia de San Juan, cuyos gobiernos no adhirieron a la Ley de Glaciares, texto que prohibe este tipo de explotación a cielo abierto. Y ni hablar de las bravatas sindicales por parte de dirigentes de una CGT cuestionada en su legitimidad, y otros nucleamientos como la CTA, que fueron socios del kirchnerismo hasta las últimas consecuencias, en sus políticas mendaces y propiciatorias de la crisis que el actual gobierno busca zanjar. Todos los acostumbrados a actuar fuera de la ley, encuentran ahora un escenario donde el poder no emana caprichosamente de factores aleatorios, sino de aquellos consensos que somos capaces de construír como sociedad, a través del Congreso, la Justicia y el accionar cotidiano en defensa de la República. Que lo sepan aquellos que insisten en medrar con lo ajeno.(www.caraycecaonline.com.ar)