Buenos Aires, 24 de setiembre.(caraycecaonline) El resultado de las audiencias públicas para debatir el nuevo esquema tarifario de servicios, dejó un sabor agridulce. Las bravatas de la izquierda y la oposición, no fueron más allá de algunas escaramuzas verbales sin mayores consecuencias, con  modestas movilizaciones en los lugares de realización. Salvo en Neuquén, donde las regalías de hidrocarburos motivan una fuerte disputa interna, y en Córdoba también por diferencias sectoriales, el resto de las presentaciones se realizaron con normalidad y dejaron un claro panorama favorable a los planes del gobierno. La imagen final de la jornada mostró al ministro Juan José Aranguren fortalecido y a quienes cuestionaban los aumentos fuera de la discusión, una suerte de retrato ausente de eternos charlatanes que a la hora de argumentar, se esconden en consignas huecas.

Algo similar parece ocurrir con el meneado paro de la CGT unificada, provisionalmente reconocida por un amparo judicial, y las CTA kirchneristas, que no parecen listos todavía para enfrentarse al gobierno de Macri, mientras bailan el minué de reivindicaciones facciosas mientras la sociedad reclama planteos serios que representen beneficios para todos. En ambos casos, la sensación es de profundo hastío, especialmente por las oportunidades perdídas. La foto final de la audiencia pública, con los funcionarios  ante un auditorio vacío, provoca tristeza por la mala utilización de una herramienta institucional enriquecedora de la democracia. Era la mejor oportunidad para cuestionar los desfasajes y fallas de las concesiones otorgadas en las privatizaciones de los 90. Sin embargo, tanto los representantes de la entidades defensoras de los consumidores y usuarios, como legisladores y dirigentes políticos arguyeron que no estaban en condiciones de debatir la cuestión por falta de información. Era claro que esta era la ocasión de reclamar todos los datos necesarios y plantear los cambios que podrían mejorar la calidad de los servicios, y también adecuar los costos para morigerar el impacto en los bolsillos. Ausentes con aviso, ratones y no leones, la representación de los intereses sociales sufrió un nuevo desmedro ante el Estado, dotando de mayor vigencia que nunca al tramo donde la Corte Suprema (que motivó este llamado a audiencias públicas) señala el escándalo de la vacancia de Defensor Público de la Nación desde 2009. Ese organismo, que sigue sin designación por la pereza de los legisladores, es el instrumento adecuado para afrontar situaciones de esta índole, como la próxima audiencia publica, el 28 de octubre, para tratar el esquema tarifario de la energía eléctrica. Sería sorprendente que los parlamentarios lograran acordar la selección de un Defensor del Pueblo, y una planificación para afrontar el debate.
Mientras tanto, la economía se despereza tras una ardua transición y comienzan a surgir algunos datos de recuperación a partir de la baja inflacionaria. El sindicalismo peronista toma nota, y prefiere la cautela antes de discutir seriamente un nuevo acuerdo de mejoras salariales que incluya cambios en materia de competitividad, estructura del mercado laboral, trabajo en negro e infantil, y la revisión del sistema impositivo, incluyendo Ganancias. Casualmente también los empresarios prefieren un «impasse» hasta terminar el año, especialmente luego de la exitosa cumbre de inversores, que renueva el optimismo hacia el próximo año. Otro retrato ausente, mientras todos se preguntan que clase de lucha, es la lucha de clases. El periplo semanal concluyó con la primera incursión del presidente Macri en la Asamblea de la ONU. Tras un discurso prolijo, donde la prioridad fue apuntalar el esfuerzo internacional en ayuda de los refugiados, anunciando un programa especial que se pondrá en marcha en el país, el ingeniero se zambulló en las procelosas aguas de la diplomacia malvinense con escaso tino. Quizá el mejor balance de la gira es que el tema sigue en agenda, y la soberanía sigue siendo motivo de disputa, como lo reconoció el organismo ecuménico a través de la vigente Resolución 2.065, aprobada el 16 de diciembre de 1965, base de toda negociación desde entonces y hacia el futuro. (www.caraycecaonline.com.ar)