Buenos Aires, 24 de octubre.(caraycecaonline) El Gobierno de María Eugenia Vidal avanza en la purga de las fuerzas de seguridad. El ministro de Justicia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, le pidió la renuncia al jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz,y a toda la cúpula de ese organismo. Según trascendió, las nuevas autoridades no serán policías sino personas de civil.

El reemplazante será Juan Baric, actual subsecretario de Política Penitenciaria. Este martes Viddal y Ferrari darán más detalles de la medida en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en La Plata. Ahí anunciarán el nuevo esquema de conducción de la cúpula que, según adelantaron, «será cien por ciento civil«. Por eso se especula que Baric será una especie de «interventor» del Servicio Penitenciario provincial, hasta que se defina cómo será la nueva conducción de esa fuerza.

Díaz había reemplazado al frente del Servicio Penitenciario a Florencia Piermarini en enero, tras la fuga del penal de de General Alvear de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez. La fuga de Víctor Schillaci y Martín y Cristian Lanatta provocó que la Gobernadora removiera, además, a toda la cúpula del Servicio Penitenciario provincial. En esa oportunidad, también se le aceptó la renuncia al subsecretario de Política Penitenciaria, César Albarracín, que junto a Piermarini venía de la gestión de Daniel Scioli. En ese cargo quedó designado Juan Baric.

Días estaba en la mira de la Comisión Provincial por la Memoria, que lo cuestionó por haber estado al frente del Servicio Penitenciario Bonaerense en 2005, cuando murieron 33 detenidos en la cárcel de Magdalena. Por estas acusaciones, el funcionario podría ir a juicio a fin de año.

Además, a principios de octubre fue citado a declarar por el juez federal de Salta, Miguel Antonio Medina, en la causa que investiga irregularidades millonarias en el servicio de catering del complejo penitenciario federal de esa provincia. Según trascendió, esta maniobra habría derivado en un régimen de hambre para los detenidos.

En ese momento, Díaz era auditor general del Servicio Penitenciario Federal y la causa en su contra fue impulsada por la Procuraduría contra la Violencia Institucional. Lo acusaron de cometer irregularidades en el suministro de alimentos a los internos del Complejo Penitenciario Federal NOA, ubicado en la localidad de General Güemes.

Según la acusación del fiscal federal 2 de Salta, Eduardo Villalba; su par a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani; y el fiscal ad-hoc coordinador del Área de Corrupción en las Fuerzas de Seguridad, Fernando Vallone, «se estableció una modalidad ilegal de contratación que favoreció a una empresa». (www.caraycecaonline.com.ar)