Buenos Aires, 10 de febrero.(caraycecaonline) Alberto Nisman está muerto. Pero a partir de hoy sera iniciada la investigación de su denuncia contra la ex presidenta Cristina Fernández, a la que acusó, en enero del 2015 de liderar un “plan delictivo” para encubrir a los iraníes imputados por la Justicia como autores del atentado terrorista más grave de la historia nacional, la voladura la sede de la AMIA en 1994. La causa Nisman seguirá y profundizará la tesis delictiva que planteó su autor pero a través de otras autoridades judiciales.

El nuevo fiscal federal que tiene la instrucción del caso, Gerardo Pollicita, tomó una serie de medidas de prueba que abren una nueva etapa en esta trama. El juez de la causa es Ariel Lijo.

Según  fuentes judiciales, Pollicita investigará a importantes ex funcionarios nacionales que Nisman no había incluido en su escrito original. Se trata del ex secretario Legal y Técnico de los Kirchner, Carlos Zannini; del ex jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Oscar Parrilli. Y del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. También a Angelina Abbona, ex Procuradora del Tesoro.

El fiscal considera que estos ex influyentes miembros del entorno de Cristina Fernández pudieron tener un rol protagónico en la instrumentación de lo que Nisman consideró  fue la herramienta jurídica de trama. Es decir, la herramienta que la ex presidenta utilizó para intentar encubrir a los cinco ciudadanos de origen iraní imputados en el expediente AMIA, el “Memorando de Entenidimiento con Irán”. Documento firmado entre su Gobierno y el régimen islámico de Mahmud Amedinejad en febrero del 2013. Los iraníes implicados tienen pedidos de captura internacional de Interpol.

Según  las misma fuentes judiciales, el fiscal estudió los audios de las intervenciones telefónicas que ordenó Nisman en vida, y que aprobó el juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral. En esas escuchas son mencionados los nombres de Zannini, Parrilli y De Vido.

El fiscal Pollicita estudiará ahora qué rol pudieron haber cumplido estos influyentes dirigentes K en lo que Nisman llamó el “plan encubridor” para resguardar la seguridad jurídica de los acusados de haber volado la AMIA, el mayor ataque terrorista que sufrió la Argentina. Murieron 85 personas y más de 300 fueron heridas.

Pollicita pidió además que se entrecrucen los llamados de los teléfonos que usaron los imputados por Nisman en su denuncia original durante los años de negociaciones gubernamentales e informales con Irán: fines del 2011, el 2012 y el 2013.

Esto incluye a las comunicaciones que mantuvieron por ese tiempo la ex presidenta Cristina Fernández; el ex canciller Héctor Timerman; el ex piquetero Luis D’Elía, y el el líder del grupo de choque callejero Quebracho, Fernando Esteche, estos ùltimos interlocutores con los referentes de la comunidad iraní en la Argentina. Tambièn las del  ex fiscal Héctor Yrimia; el del diputado nacional Andrés Larroque; el del sospechado de ser un espía de la Argentina, Ramón “Allan Bogado”; y el del “representante” del régimen iraní con la dirigencia K, Alejandro “Yussuf” Khalil.

El fiscal, además, solicitó en su escrito de hoy que los organismos públicos correspondientes le informen qué ex funcionarios nacionales participaron de las negociaciones para la redacción del “Memorando” con Irán.

Én febrero del 2015, tras la muerte de Nisman, su denuncia recayó en la fiscalía de Pollicita: ya en aquel entonces el fiscal había dado por válido el escrito presentado por su colega antes de fallecer de modo aun indeterminado, y elevó al juez del caso, Daniel Rafecas en aquel momento, 45 medidas para recolectar pruebas.

Entre ellas se encontraban tomar declaraciones testimoniales a funcionarios de la Cancillería, a periodistas, ex funcionarios, y también solcitó que se revisen las visitas a la Casa Rosada durante los días en los que los imputados por Nisman revelaron en comunicaciones telefónicas intervenidas que estaban en la sede del Gobierno; y lo mismo con el Ministerio de Planificación Federal, por ejemplo.

El magistrado Rafecas , en cambio, desestimó en ese momento la denuncia de Nisman reimpulsada por Pollicita. Tras dos años de dilaciones, en diciembre pasado, la Cámara de Casación Penal Federal ordenó abrir el caso. Pollicita volvió a ser el fiscal del caso, esta vez con Lijo como juez.

La inclusión de Zannini, Parrilli y De Vido entre los nuevos investigados en esta historia ya habían sido mencionados como probables imputados por Nisman en su denuncia del 2015.

En su escrito dado a conocer el miércoles 14 de enero de ese año, el fiscal de la causa AMIA había explicitado que “por otra parte, la investigación deberá tambión determinar el rol exacto que le cupo a ciertos individuos respecto de quienes, prima facie, se cuenta con elementos que permiten colegir que no resultan ajenos a la maniobra delictiva denunciada, entre los cabe mencionar al Ministro de Planificacion Federal, Inversion Publica y Servicios de la Nacion, Arquitecto Julio De Vido”.

Y agregó que su lista de investigados podía ampliarse tras las primeras acciones que tomaría en el caso: “Corresponde a la pesquisa aquí propiciada la individualización y la determinación de la responsabilidad penal que en los hechos delictivos denunciados pudieron haber tenido todas aquellas personas -funcionarios 0 no- que intervinieron en la elaboración, negociación, concreción y consumación del acuerdo firmado con la República Islámica de Irán, como una de las vías para lograr la impunidad. Esto incluye tanto a aquellos cuyos roles fueron de publico conocimiento, como a quienes eventualmente hayan participado sin que su intervencion haya tomado estado publico”.

Pollicita seguirá el camino iniciado por su colega. Para Nisman, el “Memorando” con Irán no solo incluía la garantía de la Argentina de proteger a los iraníes acusados de haber atentado contra la AMIA, si no también un interés económico que se gestó a través de una diplomacia paralela: lograr que Argentina e Irán, a nivel gubernamental y privado, intercambien productos del agro nacional por petróleo iraní.

Nisman fue encontrado muerto, con un disparo en su cabeza, pasadas las 22:30 del domingo 18 de enero del 2015. Los lineamientos de su denuncia fueron presentados ante la opinión pública el miércoles anterior a que ocurriera ese suceso de trascendencia nacional e internacional. Desde entonces pasaron setecientos cincuenta y ocho días.

Ayer, la denuncia del fiscal del caso AMIA por encubrimiento de un delito de lesa humanidad, formalmente, se reabrió. La instruye Pollicita. Y la supervisa Lijo. Tanto el fiscal como el juez investigaron al funcionariado K cuando Cristina Kichner era Presidenta. Y tenía poder. (www.caraycecaonline.com.ar)