Buenos Aires, 14 de marzo.(caraycecaonline) Tras la reapertura de la causa por encubrimiento de la ex presidente, denunciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, se registran escasos avances judiciales. En contraste, las alternativas de los procesos iniciados contra la piquetera jujeña Milagro Sala, son motivo de observación constante de organismos judiciales nacionales  e internacionales.

Luego de que a fines de diciembre la Cámara de Casación Penal decidiera la reapertura de la denuncia que el fallecido fiscal Alberto Nisman hiciera contra Cristina Kirchner, y otros funcionarios y allegados a su gobierno, por supuesto encubrimiento de la investigación del atentado contra la AMIA, los avances en las medidas de prueba solicitadas por los fiscales actuantes, han sido escasas y sin merecer un accionar activo por parte del Ministerio Público a cargo de Alejandra Gils Carbó. El fallo obliga a los investigadores a tomar declaración a decenas de personas, requerir el registro de llamada telefónicas de algunos de los acusados, y realizar allanamientos a Luis D’El¡a y Fernando Esteche, entre otros. Hasta el momento, solo se advierten gestos auspiciosos por parte de distintos sectores de la comunidad, pero las medidas efectivas se dilatan en argucias tribunalicias. Por la gravedad de la acusación, y sus derivaciones, la denuncia exige mayor compromiso ya que se trata de una rémora esencial de la justicia argentina que debe investigar con objetividad e independencia. A ello hay se suman los 23 años de escasos avances en la investigación del atentado a la AMIA, que causó la muerte de 85 argentinos. El denunciante fiscal Nisman consideraba que la entonces presidenta y los demás acusados habían encubierto a los iraníes acusados de la voladura de la AMIA, y que el instrumento para llevar a cabo ese encubrimiento era el inconstitucional Memorándum de Entendimiento suscripto por los gobiernos de Iràn y la Argentina para que un tribunal ad hoc revisara lo actuado por la justicia argentina en la causa AMIA. El hecho de que el memorándum no llegara a aplicarse ya que el parlamento iran¡, a diferencia del argentino, nunca lo aprobó, y que no se dieran de baja los pedidos de captura internacionales de los iraníes imputados no quita gravedad a la acusación, que en distintas instancias del proceso se ha considerado que debería incluir la figura de traición a la patria. No sería entonces un mero delito común, sino un ataque contra el Estado argentino, y la ayuda a los autores de ese ataque constituiría esta infamente accesorio. La inusitada gravedad de la denuncia de Nisman y la jerarquía de aquellos a quienes acusó, sumadas a su muerte, acaecida menos poco antes de que brindara un informe ante los diputados sobre sus imputaciones, dieron pie a las fundadas sospechas. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Estado argentino reconoció su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las fallas en la investigación del atentado a la AMIA. Si el propio Estado admitió que violó su deber de investigar, debe perseguir a los que obstruyeron aquella investigación.

Por el contrario, los incidentes que provoca en su reclusión la activista jujeña Milagro Sala, son un modo de renovar las presiones que a nivel local y foráneo afectan los procesos judiciales que se le siguen. En el marco de la reclusión de Sala, se han suscitado en los últimos días diversas situaciones que tienen como eje supuestas agresiones por peleas con otras detenidas o heridas autoinfligidas durante festejos que se realizaron en el marco de celebraciones locales. Tal circunstancia, avalada por videos de seguridad de la cárcel de Alto Comedero y declaraciones de funcionarios judiciales y de seguridad, revelan que más allá  de los hechos, la otrora poderosa l¡der de la agrupación «Tupac Amaru», dispone de nuevas estrategias para ejercer renovadas presiones sobre la justicia provincial que ya la condenó en una causa, y ahora ha sumado nuevas acusaciones en su contra. En el  ámbito de las repercusiones por su detención y juzgamiento, es oportuno señalar que el gobierno nacional debe tomar las precauciones necesarias ante los reclamos que se originan, básicamente en el exterior y en actores locales interesados, sobre las motivaciones y condiciones de detención de Sala. Al respecto cabe recordar, el gobierno nacional invitó a representantes del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que puedan interiorizarse de todos los casos penales, de muy distinta naturaleza, que involucran a la dirigente kirchnerista jujeña. Las denuncias penales apuntan a hacer público el sistema extorsivo empleado por la mencionada agrupación respecto de la entrega de viviendas sociales, construidas con fondos públicos que los gobiernos kirchneristas pusieron a su disposición con la finalidad de dar andamiaje a un estado paralelo, que se basaba en la intimidación y el chantaje. Las denuncias penales contra Milagro Sala se acumulan no sólo en Jujuy, sino también en Mendoza, donde construyó viviendas sociales con fondos suministrados por el gobierno, dejando tras de s¡ irregularidades y humildes víctimas. Es preciso señalar, asimismo, las fundadas sospechas sobre operaciones de lavado de dinero vinculado al narcotráfico por parte de la organización que comandaba. Urge poner al descubierto lo sucedido para que las opiniones tengan su base en la verdad y para que la Justicia, que interviene en las investigaciones del caso, pueda hacer su labor sin perturbaciones que mellen su independencia funcional. Las circunstancias del accionar intramuros de Sala, forman parte de una estrategia defensiva de manipulación de hechos, que buscan influír sobre el desarrollo de los procesos judiciales, y su proyección en organismos internacionales. (www.caraycecaonline.com.ar)