Buenos Aires, 22 de abril.(caraycecaonline) Mientras Venezuela se desangra, los escarceos electorales asoman  en la Argentina, a pesar de los brotes rojos de un crimen brutal en las tribunas futboleras, los los pronósticos económicos endebles y el resurgimiento personalista de los intendentes.

Las estrategias no pueden prescindir de un diagnóstico acertado ya que de otro modo estarán siempre condenadas al fracasos.

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Si no se logra distinguir lo que tiene de inédito el actual escenario político, económico y social, se equivocará  el diagnóstico y difícilmente podrá ser  diseñado con posibilidades de éxito, un proyecto que permita construir desde la unidad nacional, un nuevo horizonte republicano.

A principios de la década del ’30 nuestro país  tuvo una desocupación que orilló el 25 por ciento. En los  setenta fue devastada por una violencia irracional, y debió soportar  recesiones graves. No es del todo nueva, tampoco, la recusación generalizada a la clase política; la deserción del Estado de sus deberes esenciales; el cuestionamiento de las instituciones y la quiebra del sistema federal. Pero a todo ello hay que sumar otro factor sin antecedentes. Hoy el descreimiento general sobre las instituciones, de las autoridades que nos gobiernan y de los partidos que pretenden representarnos, ha abierto un vacío todavía sin nombre en el imaginario . Nada es más imperioso en la Argentina de hoy que reconstruir el sistema político e institucional sobre bases democráticas transparentes y estables. La seguridad jurídica, la recreación de politicas de Estado serias y responsables que posibiliten la recomposición de un orden económico sustentable y previsible, la renovación de las dirigencias partidarias, y la creación de nuevas corrientes y opciones políticas son algunos de los presupuestos sobre los cuales podrá  construirse un sistema en el que las alternativas de reemplazo estén dentro del cuadro institucional vigente. Es hora de hacer algo más que administrar del mejor modo posible la coyuntura, proponer postergaciones electivas o avivar la hoguera de vanidades proselitistas.

Al respecto, la nueva modalidad de inscribir el nombre de los intendentes en distintos bienes, muebles e inmuebles, del Estado, tiene raíces vinculantes a la autarquia fiscal. Se bien se atribuye a un renovado proselitismo, la tendencia a personalizar patrulleros, ambulancias y edificios municipales en partidos bonaerenses y de otras provincias, tiene un orígen común con la confusa autarquia fiscal que permitió durante el kirchnerismo la aplicación de tasas municipales cuya disposición queda a cargo de los intendentes. Estudios, reuniones empresarias y causas judiciales implican esfuerzos para restringir las ilegítimas y, sin embargo, proliferantes tasas de abasto municipales, nacidas y multiplicadas en la provincia de Buenos Aires, que van siendo imitadas en otras jurisdicciones del país. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia fijó límites a las potestades fiscales de los municipios, al determinar en una causa vinculada con una empresa petrolera, que no se podrán gravar los ingresos por actividades realizadas fuera del territorio del municipio. Es conocido que los impuestos sólo pueden ser percibidos por la Nación y las provincias, quedan vedados para las municipalidades, las cuales sólo están habilitadas para percibir tasas retributivas de servicios efectivamente prestados. La tasa de alumbrado, barrido y limpieza es un clásico de legitimidad, así como las correspondientes a la habilitación de industrias y comercios para ciertos fines, y con determinados propósitos. La avidez personalista y la codicia crematística reflejan modos políticos condenables.

Y si hablamos de economía, resulta oportuno refrescar algunos conceptos  de un referente del área respecto a la situación económica del país:  «la actividad económica no está tan mal como dicen muchos, pero tampoco bien como dice el Gobierno. La actividad económica está  mejor de la mano del campo y la obra pública; la inflación está bajando, yo tengo un 24 por ciento para este año; el tema es que el Gobierno anunció un 17 por ciento, es la vara que puso el Gobierno. Todo dependerá de como cierren las paritarias. Yo veo un dólar tranquilo, es un año electoral. El Gobierno está  controlando para que el dólar no baje más». ¿ Opinión de un integrante del equipo económico ?. ¿ De algún analista vinculado al oficialismo ?. No, se trata de Aldo Pignanelli, ex presidente del Banco Central y asesor económico del Frente Renovador que lidera Sergio Massa.

Para concluír, las reyertas políticas que involucran a políticos avezados como Ricardo Lorezetti y Elisa Carrió entre otros, motivan a recordar que la dirigencia argentina se nutre en general de profesionales de todas las especialidades, protagonistas principales en los asuntos públicos y privados de la vida nacional. Entre ellos, la profesión de abogado conforma, quizá como pocas, una tarea de permanente interés público, ya que su ejercicio incide directamente en el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, el Judicial, en forma directa mediante la defensa de los ciudadanos ante sus estrados o previniendo y evitando conflictos con su tarea de asesoramiento. Cabe entonces recordar, que la asamblea de socios del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires ratificó la reforma de su código de ética, adaptándolo nuevas exigencias y desafíos de la profesión. Sus normas tienen por finalidad garantizar el mejor ejercicio de la abogacía en beneficio de la sociedad en general, por lo cual sus objetivos no son exclusivamente corporativos. De acuerdo con esos preceptos, el código de ética de esa organización ha incorporado cuestiones relegadas en el tratamiento de cuerpos normativos similares. Entre otras, la obligación que se impone a los abogados de cumplir con los deberes fiscales y previsionales, la recomendación de evitar pleitos cuando el diálogo con el adversario puede permitir llegar a un acuerdo, el incentivo para el trabajo pro bono, y la tacha como falta grave a las pretensiones u ofrecimientos, desgraciadamente en boga en forma creciente, de dar participación en honorarios para obtener clientela. Se hace la distinción entre la subordinación laboral y el respeto a la conciencia e independencia de criterio que debe asegurarse a los profesionales, y la obligación de respetar su decisión de apartarse de casos o clientes cuando su conciencia se lo impone. Contempla también la compleja cuestión del conflicto de intereses, que impide a un profesional atender a clientes con intereses encontrados. Una regla especial prohíbe a los funcionarios públicos atender asuntos en que su agencia administrativa esté‚ involucrada y se establece una incompatibilidad temporal a ex jueces para patrocinar a clientes que litigan ante el fuero donde ejercieron su ministerio. Etica y conducta, pueden ser el comienzo de un cambio cultural imprescindible en tiempos donde se necesitan nuevos modelos de vida que impidan actos de salvajismo y anomia, como se vio en Córdoba, o de oportunismo miserable, como los «ploteos» bonaerenses.(www.caraycecaonline.com.ar)