Buenos Aires, 9 de mayo.(caraycecaonline) El fiscal federal Guillermo Marijuan abrió una investigación penal contra los jueces de la Corte Elena Highton, Carlos Ronsenkrantz y Horacio Rosatti, por haber votado la aplicación de la polémica -y ya derogada- ley del «2×1» a Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas durante la dictadura.

Marijuan aceptó impulsar la denuncia del abogado Marcelo Parrilli, cuyo sorteo cayó en sus manos y en las del juez Daniel Rafecas.

Además de recordar que con el voto mayoritario de los tres imputados la Corte convalidó aplicar una ley que fue derogada por el Congreso en el 2001, el fiscal reitera que Muiña había sido condenado por el secuestro y aplicación de torturas a cinco personas a cumplir una pena de 13 años de prisión. Siguiendo el planteo del denunciante Parrilli, el fiscal comparte que la aplicación de la ley más benigna en el caso Muiña «resultaba contraria a las leyes e instrumentos internacionales que rigen en la materia».

Pero no es todo: «el denunciante vinculó los alcances de ese pronunciamiento con ciertas declaraciones que se habrían hecho públicas por parte de diferentes integrantes del Poder Ejecutivo, como así también con el modo en que fueron designados inicialmente dos de los ministros de Corte que conforman el máximo tribunal de Justicia de la Nación», desliza la imputación en su nudo argumental. Marijuan explica que para Parrilli, la sentencia de la Corte «respondería a una nueva política de Estado para aquellos casos en donde se juzguen delitos cometidos durante la última dictadura«.

Si la sentencia de la Corte está vinculada de algún modo con una supuesta nueva política del gobierno respecto a las violaciones de los derechos humanos en la dictadura, ese fallo sería el instrumento práctico de un movimiento más amplio y, a criterio del fiscal, mucho más grave.

«Este acusador considera que la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar», advierte Marijuan.

Este planteo al menos heterodoxo desde lo jurídico deberá ser analizado ahora por el juez Rafecas, a quien le toca evaluar la supuesta amenaza al «contrato social de los argentinos» respecto al modo en que se están juzgando los crímenes de la dictadura, y el papel que habrían tenido los tres jueces de la Corte con su fallo en esta amenaza.