Buenos Aires, 3 de junio.(caraycecaonline) Aun para un país que en los últimos años conoció un crecido número de escándalos e irregularidades institucionales, las últimas semanas configuran un panorama poco alentador al que se suman sucesos sospechosos. Delitos comprobados que no reciben la sanción política esperada y, en fin, deterioro en la imagen de instituciones cruciales de la República. Ante este escenario, la ciudadanía espera que se trate de la etapa que antecede a las correcciones y a la recuperación de la confianza en las instancias públicas, y no de un estado de cosas que deberá aceptar como natural.

La serie puede comenzar con la reapertura de la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que fue recibida por la población con tanta sorpresa como escepticismo sobre la veracidad de las versiones oficiales del hecho. Esta reacción, que perdura, es un signo inequívoco del desprestigio que acumulan instituciones como las fuerzas de seguridad y la Justicia. Las nuevas pericias realizadas por la Gendarmeria Nacional, indicarían que se trató de un homicidio, y los indicios apuntan al supuesto asesor informático de Nisman, Diego Lagomarsino  afronta ahora a una compleja situación judicial. Fuentes de la investigación remarcan que tanto allegados de la fiscalia a cargo del funcionario denunciante de Cristina Kirchner y Héctor Timerman por el Memorandum de Acuerdo con Irán, como otros peritos informáticos judiciales, desconocen labor alguna de Lagormasino en el área. A su vez la jueza Sandra Arroyo Salgado, ha expresado su sospecha sobre los vínculos de la ex SIDE con el titular del arma utilizada en la muerte de Nisman.

En las últimas horas se agregó  el súbito deceso de Aldo Ducler, ex funcionario de la última dictadura, asesor de Domingo Cavallo y financista de Néstor Kirchner en sus maniobras con los millones de dólares de las regalías petroleras de Santa Cruz, de paradero desconocido. La familia de Ducler y los investigadores judiciales detectaron sospechosos indicios en su muerte, ocurrida prácticamente en la vía pública, luego de una reunión en un bar cercano a su oficina del microcentro porteño.

Se trata de casos con singular trascendencia institucional por las presunciones vinculadas a las negociaciones de las principales figuras del kirchnerismo que involucran a Cristina Kirchner, y  sus hijos Máximo y Florencia al lavado de dinero y la presunta intervención en operaciones ilegales argentinas al exterior.

La oscura trama viene de lejos. A comienzos de los 90 fue detenido en un lujoso barrio de San Isidro el contador colombiano Ahmed Collazo, en el marco de una causa por tráfico de drogas y lavado de dinero que involucraba a funcionarios del gobierno menemista, entre ellos la secretaria presidencial Amira Yoma, su esposo sirio Al Ibrahim, Mario Caserta, Mario Anello y Ramón Puente Patiño entre otros. El caso, denominado «Yomagate» en su momento, avanzó por pedido de Interpol al detectar fondos de la campaña que llevó a la presidencia a Carlos Menem. En esa ocasión, al entrevistar a Ahmed Collazo en su detención, los investigadores detectaron que se trataba de uno de los principales brazos financieros de los carteles colombianos ya por entonces operativos en gran escala en nuestro país. Se negaba a hablar, incluso a dejar por escrito sus indagatorias. Cuando se vio acorralado solo atinó a dibujar con sus dedos en el aire el nombre de sus patrones, por miedo a ser grabado: Pablo Escobar y los hermanos Rojas, jefes de los carteles de Medellín y Cali. Su extradición a EE.UU. fue sistemáticamente denegada y cuando caducaba el último plazo de sus apelaciones, se dictó la prescripción de su causa. El juez actuante, quien firmó el exhorto que lo liberó era Alberto Piotti. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde.

Su nombre volvió a surgir al investigarse el atentado a la AMIA, la causa que tenia a su cargo al morir Alberto Nisman. También se constataron los vínculos entre Ducler y Puente Patiño con el contador de la mafia de narcotraficantes.

La maraña de declaraciones que iluminan parcialmente los hechos, o que contradicen posiciones sostenidas con firmeza anteriormente, acerca de los eventuales negocios turbios vinculados con el Estado, contribuyen a alimentar la sospecha sobre manejos indebidos de fondos públicos, sobre tolerancia de conductas irregulares o delictivas e, incluso lavado de activos del narcotrafico y financiamiuento del terrorismo. Es lícito conjeturar, si el Gobierno y las fuerzas políticas serán capaces de remontar este estado de cosas, mediante la investigación de los hechos delictivos o sospechosos de serlo. Solo así se podrá recuperar la credibilidad de las instituciones. De otro modo, la calidad del sistema democrático sufrirá nuevos golpes, y el país deberá pagar un alto costo económico y social por la persistencia de la incertidumbre que ello genera.(www.caraycecaonline.com.ar)