Buenos Aires, 7 de marzo.(caraycecaonline) El fiscal Carlos Stornelli, pidió la indagatoria de 17 empresarios que participaron en los trabajos para reactivar la mina de carbón de Río Turbio  durante la gestión kirchnerista que contó con  un presupuesto 26.000 millones de pesos. La generación de energía finalmente no ocurrió y todo  derivó en una mega causa por defraudación al Estado nacional.

J​ulio De Vido está preso por este caso, igual que ahora el intendente de la localidad santacruceña Atanasio Pérez Osuna y al ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain.  Este empresario había cobrado $50 millones un día antes del fin del gobierno de CFK, por la construcción de  una ruta de 7 kilómetros cuyas obras nunca fueron comenzadas.

Es el primer empresario importante en tener prisión preventiva en la era macrista. Es, además, el presidente de la empresa Fainser encargada de una ruta en Río Turbio que «no se construyó». Lascurain fue presidente de la UIA entre el 2008 y el 2010. Mantuvo una relación fluida con el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, con el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada y con el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, entre otros. Tenía un discurso económico desarrollista y apoyó a kirchnerismo. Luego presidió la asociación de empresarios metalúrgicos ADIRA.

 La partida presupuestaria del extinto ministerio de Planificación Federal hacia Yacimiento Carbonífero Río Turbio (CRT) es objeto de investigación por presunta malversación. En las obras y convenios firmados participaron diversas empresas que son la “contraparte en las contrataciones aquí investigadas”, señaló el fiscal Stornelli.

Para la Fiscalía, todos los acusados en la causa “participaron con diferentes grados de contribución, en la conformación de un complejo y millonario plan criminal”. Se distinguieron al menos dos comportamientos diferenciados: una defraudación contra la administración pública y un peculado de bienes públicos.

Para Stornelli, que imputó el viernes pasado a los 17 empresarios, las “palmarias y gravísimas irregularidades no habrían podido prosperar, extenderse en el tiempo y dar virtualidad a este ilícito sistema de contrataciones, sin el consentimiento y aportes de los empresarios que terminaron contratando con la Fundación de la Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) en condiciones de manifiesta ilegalidad”.

Muchas de las obras proyectadas para la modernización y puesta en marcha del Complejo Minero “no se completaron” y contaron con “sobreprecios e irregularidades administrativas”.

Los proyectos puntualizados y que derivaron en este pedido de indagatoria de un conjunto de empresarios, son:

* “Tren Histórico”: contó con un sobreprecio según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en las obras adjudicadas por la Fundación FRSC al proveedor EDIMAT S.A. La diferencia que se calculó fue de $ 158.181.100: un sobreprecio del 29%. Dentro de estos porcentajes está comprendido el 10% que percibe la FRSC, intervenida por el juez Rodríguez. “Las obras fueron adjudicadas de manera directa a la empresa EDIMAT S.A., y no se terminaron”, señala el dictamen.

La SIGEN determinó que se pagaron anticipos financieros no contemplados a EDIMAT S.A por $ 13.061.000 en el marco del Convenio Específico Raqueta Ferroviaria Río Turbio, que “no tuvieron principio de ejecución” y estos fondos “no consta que hayan sido transferidos a otros proyectos y habrían desaparecido de la contabilidad”, según la SIGEN.

* Por otro lado, se mencionó la partida de $ 8.436.178,61 por la construcción de un Museo Ferroviario que “no se llevó a cabo y no tuvo, siquiera, avance de obra. El arquitecto Jorge de La Torre cobró un monto de $ 8.406.719,95 por esas obras que no tuvieron grado de avance”, remarcó Stornelli.

* Finalmente, el dictamen del fiscal señala las obras encomendadas a la empresa G&G Metalmecánica. “La diferencia entre el precio pactado por FFRSC con G&G y el pactado por FRSC con YCRT es del 60% y del 48% en los diferentes convenios. La suma sobrefacturada a YCRT es de $ 10.682.368,13”.

* También se denunció a las empresas involucradas en los proyectos Caliza y Cenizas, adjudicados por intermedio de la Fundación de manera directa a la empresa KRK Latinoamericana S.A., “la SIGEN observó diferencias presupuestarias del orden de los $ 24,8 millones».

Usina de Rio Turbio (Isolux Corsan) en Santa Cruz Argentina. Foto Maxi Failla

La empresa recibió $ 32.900.000,00 en “concepto de anticipos financieros no contemplados por obras que no tuvieron ejecución”. Esos fondos, según el informe de la SIGEN, fueron transferidos a otros proyectos y se dispuso la baja de los convenios sin ejecución de obra.

* Otra obra es el proyecto cañería de aire. La SIGEN observó diferencias presupuestarias del orden de los $ 24 millones. “Dichas obras fueron adjudicadas de manera directa a la empresa Kaeser Compresores de Argentina SRL, la que sólo entregó equipamiento por un valor de US$ 1.870.630, esto es un 12% del monto total de los bienes facturados por la empresa, US$ 15.131.734,46”.

* Se observaron además en otro proyecto de cañerías, “diferencias presupuestarias y sobreprecios por $ 32,9 millones. Dichas obras fueron adjudicadas de manera directa a la empresa Cadexa Services SA”.

El fiscal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de 17 empresarios. Foto Pedro Lázaro Fernández.

En este contexto, el fiscal Stornelli pidió al juez Rodríguez que cite a indagatoria a los titulares de las empresas que “resultaron adjudicadas de manera directa en las obras y contrataciones objetadas en esta investigación”.

Uno por uno

Se pidió que sean indagados los titulares de las empresas EDIMAT SRL, Ramona Ambrosia Alcaraz e Ivana Iris Gauna; de D&D Marketing Comunicaciones, Alejandra Adriana De Alba; de Refugio Sur SA, Néstor Daniel Moleres; de Reclimp SRL, Ana María Petri y Patricia Verónica Pizarro y el arquitecto Jorge Daniel De la Torre.

También se pidió fuesen citados el dueño de la Estancia Killik Aike, Roberto Fernández, que recibió fondos sin firmar ningún convenio.

De las firma G&G Metalmecánica SRL, se pidió que se indague al socio gerente Gabriel Asenjo; y de Chimen Aike S.A., a su presidente Rubén David Aranda. También a los titulares de la empresa KRK Latinoamericana S.A., Alfredo Giménez y José Luis Zorrilla, como al titular de la empresa Kaeser Compresores Argentina SRL, a Gustavo Ariel D’Adamo.

Finalmente, se requirió la indagatoria al titular de la empresa Cadexa Services SA, Esteban Ruiz Coines.(www.caraycecaonline.com.a)