Una investigación gubernamental del escándalo bautizado«Operación Lava Jato» derivó en el encarcelamiento de varios antiguos funcionarios de Petrobras y pol¡ticos brasileños. Iniciada en marzo de 2014, la operación se concentró primero en los agentes conocidos como «doleiros» (cambistas del mercado negro aqui llamados «arbolitos»), que usaban pequeños negocios como estaciones de servicio y lavados de autos (de allí provine el término «lava jato», para lavar ganancias criminales. Sin embargo, la polic¡a pronto cayó en la cuenta de que los «doleiros» trabajaban para un ejecutivo de Petrobras, Paulo Roberto Costa, el director de Refineria y Suministro. Esta conexión llevó a los fiscales a descubrir una red de corrupción vasta y extraordinariamente compleja. Bajo interrogatorio, Costa describió como el, Néstor Cervero y otros directores de Petrobras habían pagado sobreprecios de forma deliberada en contratos con distintas empresas para la construcción de oficinas, máquinas perforadoras, refinerías y buques de exploración. Las contratistas que recibían los pagos habían logrado un acuerdo para garantizar dichos negocios en términos excesivamente lucrativos si aceptaban canalizar una participación de entre 1 a 5 por ciento de cada trato en fondos secretos. El escándalo produjo  la caída de la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Fue removida de su cargo por el Senado brasileño en agosto pasado, como punto cúlmine de un proceso de destitución que polarizó al país en medio de un escándalo de corrupción masiva y una crisis económica brutal. Si bien Petrobras logró llegar a acuerdos con la mayoría de los accionistas fuera de los juzgados, permanece activa una acción colectiva en la cual los actores reclaman decenas de millones de dólares estadounidenses en daños y perjuicios ante un juzgado federal de Nueva York. Algo similar a lo ocurrido aquí  con los «fondos buitres», que junto a los manejos de Lorenzino, Kicillof y compañía, nos puso al borde del abismo.
Es fácil perderse en las sumas y en los detalles arcanos de la saga de la «Operación Lava Jato», y así hacer caso omiso de la enorme oferta de recordatorios de mejores prácticas. En Brasil como aquí, las instituciones estatales y los intereses de las sociedades privadas están ¡ntimamente relacionados y las empresas deben ser cuidadosas con la Ley de Empresas Limpias «Clean Company Act», promulgada en 2014 para contrarrestar la corrupción difundida en los sectores privado y público. Como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero «Foreign Corrupt Practices Act» ( FCPA) y la «UK Bribery Act», la Ley de Empresas Limpias de Brasil permite el alcance extraterritorial en algunos casos, lo que significa que cualquier empresa que tenga actividades comerciales en Brasil puede ser castigada, junto con los funcionarios culpables. Dichas empresas pueden y deben tomar nota del consenso global amplio que se desarrolló sobre lo que pueden esperar los gobiernos y las organizaciones internacionales de los programas societarios de cumplimiento anticorrupción. Incluyen las Buenas Prácticas para Empresas compiladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Guía de Recursos de la Comisión de Bolsa y Valores sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (Gu¡a FCPA), y la orientación ofrecida por el Banco Mundial, la Cámara Internacional de Comercio y «Transparency International». Por violar todas estas normas, está preso Lula Da Silva, y está siendo juzgada la mayoría de la casta política brasileña. No por un departamento regalado, como falsamente quieren hacernos creer los que abonan la tesis de persecución, que tan bien les viene a los corruptos nacionales que ven un futuro muy parecido como destino final. Si se juega con las reglas del capitalismo, conviene conocerlas y también saber donde detenerse antes de cruzar el semáforo en rojo.(www.caraycecaonline.com.ar)