Buenos Aires, 16 de diciembre 2019.(caraycecaonline)Los principales puntos del paquete que envía el Gobierno al Congreso se están terminando de definir este mismo lunes y podrían demorarse hasta última hora, pues en intensas reuniones que se llevan a cabo en el despacho presidencial y en la Jefatura de Gabinete, se terminan de pulir los detalles de lo que serán las primeras medidas económicas, con aval del Parlamento Nacional.

Por eso, se definiría instruir al Poder Ejecutivo Nacional «a construir un nuevo índice suspendiendo el actual», y se obligaría a «reforzar las jubilaciones mínimas en 180 días». El primero de esos refuerzos serían en este mes de diciembre.

Otro punto serán las «facultades de reordenamiento para mejorar y bajar el gasto público». Para eso, se autorizaría al Ejecutivo a tomar medidas de unificación de cargos y empresas públicas a los fines de mejorar y bajar de la administración pública «gastos superfluos o sueldos desmesurados» en la administración centralizada y descentralizada.

Sobre el asunto de las «facultades delegadas» (los llamados súper poderes), la administración de Alberto Fernández asegura que «se mantienen las condiciones de las facultades delegadas al Presupuesto 2019 más reconocimiento de inflación del INDEC hasta la sanción del nuevo presupuesto».

En cuanto al tema tarifas, el proyecto prevé facultar al Ejecutivo a rehacer el marco de revisión tarifaria a los efectos de frenar el impacto de tarifas en los distintos sectores de la población. Y autorizar a revisar e intervenir en la actuación de los entes reguladores.

Sobre las Pymes, se intenta facultar a una profunda moratoria a las pequeñas y medianas empresas. Y que todas las deudas entren en un nuevo plan de pagos: 6 meses para empezar a pagar, 10 años de plazo. Con la mitad de tasa que la actual. Y una compensación de deudas con reintegros AUH.

En lo Laboral, se pretende facultar al Ejecutivo a la eximición total o parcial de Contribuciones a todas las Pymes y empresas que mejoren ingresos de trabajadores que hayan perdido capacidad de compra en los últimos 4 años. Y habilitar esa facultad de cara a las economías regionales.

En el rubro «Bienes personales«, se dispondría la alícuota anterior al sinceramiento fiscal, con una alícuota superior para activos en el exterior y un premio fiscal para los activos repatriados.

Otro punto será el «ataque a la economía en negro y la corrupción», donde se establecería una sobretasa de castigo a las empresas que retiran por caja u otra modalidad de dinero en efectivo. Esto no afecta a comercios ni a personas físicas.

Respecto de la «protección de las reservas argentinas» se establecería un impuesto para gastos y pagos de dólares en el exterior. Constituyendo un fondo de mejora de jubilaciones, infraestructura de hábitat y fomento del turismo nacional.

En tanto, en la «suspensión del consenso fiscal», autorizarían al Ejecutivo a establecer acuerdos bilaterales con las provincias de suspensión de los efectos del consenso fiscal que obligaba a las provincias a reducir impuestos. Los acuerdos se rubricarían de acuerdo a la situación productiva y fiscal de cada distrito, algo reclamado por varios mandatarios provinciales del peronismo que pasaron por Casa Rosada la semana pasada.(www.caraycecaonline.com.ar)