Política Exterior Derechos Humanos

Los abusos, torturas y ejecuciones en el régimen de Maduro

Policìas reprimen a manifestantes opositores en Venezuela.(Foto 2019)

Bachelet denuncia la situación desde 2019, con casos que llegan a diez años antes. No es la única.

Buenos Aires, 27 mayo 2021.(caraycecaonline)No es uno sino varios los informes sobre abusos a los derechos humanos en Venezuela que se vienen publicando desde al menos 2019. El primero en sacudir el avispero fue el «informe Bachelet» de julio de ese año, un documento demoledor ampliado pocos meses después, y con una posterior secuela en 2020.

El primer informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU destacaba la existencia de una estrategia para «neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política». Pero lo que resultaba más grave aún era que es estrategia se venía desarrollando desde hacia por los menos una década.

El informe se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y afirmaba que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

Enumeraba, basado en hechos recopilados por el propio ACNUDH, detenciones arbitrarias, represión selectiva y persecución por motivos políticos, y ejecuciones extrajudiciales.

Abundaba asimismo en denuncias sobre despidos y detenciones de dirigentes sindicales, ataques a mujeres y privación arbitraria de la libertad.

Torturas y violencia sexual

Completaba con capítulos sobre torturas, y violencia sexual y de género. Y la prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la detención de periodistas independientes.

Para diciembre de 2019, Bachelet volvía a la carga. Por segunda vez en menos de seis meses, la comisionada ponía bajo las luces la situación en Venezuela, con más datos sobre el cuadro humanitario.

“Desde agosto a la fecha, mi oficina ha seguido documentando alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales», lamentaba Bachelet, entonces.

Apenas un puñada de meses antes, había revelado que las fuerzas armadas y de seguridad cometieron 6.856 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019, sobre la base de datos del propio gobierno chavista.

En los tres meses que siguieron a la publicación de julio de 2019, la oficina de Bachelet documentó “118 casos de personas privadas de libertad» que requerían «una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena”.

 

Citó datos de otras oficinas de la ONU que estimaron que 4,7 millones de personas dejaron de vivir en Venezuela y pronosticaba un éxodo de  “6,5 millones al final de 2020”.

Eso fue en 2019.

Segundo informe

Un año después, nada había cambiado a pesar de algunas tibias y dudosas promesas de régimen.

Bachelet en un nuevo documentó 38 presuntas ejecuciones de jóvenes entre mayo de 2019 y mayo de 2020 a manos de las FAES y otros colectivos violentos.

La ex presidente chilena detallaba otra vez “restricciones al espacio cívico y democrático, violaciones a la libertad de expresión y derecho a la información, detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de salud, personas que protestaban por los servicios públicos”.

Denunciaba además ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional, entonces en manos de la oposición.

La Guardia Nacional se lleva detenidos a un grupo de jóvenes en el Petare. Foto: AP

La situación en Venezuela, según la mirada de los informes, avanzaba en círculos perversos de censura, violencia, abusos y atropellos a la democracia.

Para septiembre de 2020, la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela reportaba que «tanto el gobierno, como los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos han cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos en ese país».

«El Presidente Maduro y los ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes», remataba.

Crímenes de lesa humanidad

El estudio de la ONU de septiembre de 2020 identificaba “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado” y denunciaba «una conducta generalizado y sistemática, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”.

Los informes de Naciones Unidas no eran los únicos que denunciaban las atrocidades del régimen.

Human Rights Watch tiene un largo historial de denuncias contra el régimen chavista, con un extenso menú de crímenes.

En 2016, antes del informe Bachelet, HRW denunciaba la denominada Operación Liberación del Pueblo (OLP), implementado un año antes con el despliegue de un gran número de policías y militares en zonas consideradas como «violentas» para realizar allanamientos, detenciones e incautaciones.

Durante esas operaciones, decía HRW, ocurrieron varias muertes. «Las fuerzas de seguridad violaron derechos fundamentales al conducir a detenciones arbitrarias, revistas ilegales a domicilios, además de abusos físicos y verbales«.

Torturas a militares desleales

Para enero de 2019, HRW denunciaba otra vez al gobierno de Maduro esta vez por de haber detenido y torturado a efectivos militares acusados de conspirar contra el régimen.

El informe analizó 12 casos de 2017 y 2018 que involucran a 32 personas, incluyendo efectivos militares y civiles acusados de conspirar contra el gobierno, así como también parientes de sospechosos.

«El gobierno venezolano ha reprimido brutalmente a efectivos militares acusados de conspirar», decía entonces el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco. «En algunos casos también van por sus familias u otros civiles cuando no pueden encontrar a los sospechosos».

Los detenidos denunciaron palizas brutales, asfixia, cortes con hojillas en las plantas de los pies, descargas eléctricas, ayuno forzado, prohibición de ir al baño y amenazas de muerte.

En enero de 2020, en su análisis sobre los abusos a los derechos humanos en América Latina, HRW acusaba al gobierno venezolano de reprimir a la oposición, utilizando la violencia contra los manifestantes, encarcelando a dirigentes políticos y llevando a civiles a tribunales militares.

Cuando llegó la pandemia, el régimen trasladó su comportamiento al sistema de Salud. Una de las primeras alertas de un caso de covid en Venezuela fue respondida con el arresto de quien alertaba; la bioanalista Andrea Sayago.

La científica, tras realizar el 3 de abril de 2020 las pruebas al primer paciente con Covid-19 que llegó a su hospital, en la ciudad de Valera, alertó a sus compañeros a través de un mensaje de WhatsApp para que tomasen las medidas necesarias, adjuntando incluso los resultados de las pruebas. Fue detenida poco después.

El estado de excepción decretado por la pandemia fue una cortina para más abusos. Se denunció que el real motivo de ese estado era perseguir a los enemigos del régimen usando como excusa la crisis sanitaria.

Para agosto del año pasado, HRW volvía a denunciar detenciones arbitrarias y abusos bajo el paraguas de las restricciones por el coronavirus.

Vivanco advirtió entonces que «en la Venezuela de hoy, no es posible siquiera compartir un mensaje privado vía WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal».

Y describía un contexto en que las fuerzas de seguridad y los grupos afines se sienten avalados para «reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos». (www.caraycecaonline.com.ar)

Alejandra Pataro para Lanacion.com