Mientras Irán acaba de nombrar funcionario a otro de los acusados por volar la AMIA -y ya son dos de los cinco que estaban en las alertas rojas de Nisman-, Cristina fue acomodada: ningún ciudadano a punto de ser juzgado por un delito tiene el privilegio de hablar con los jueces del tribunal antes de que el juicio empiece.

En idéntico ámbito pidió lo mismo el también acusado por el Pacto con Irán Carlos Zannini, en su segundo gran acomodo durante esta gestión. Antes había sido vacunado VIP, lo que justificó diciendo que él es una “autoridad decisional”. Y defendió también las dosis VIP para su mujer y para Horacio Verbitsky -aunque éste se disculpó-, porque “se trata de una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad”.

El concepto de autopercibirse como casta monárquica y resolver ellos -los que gobiernan- quiénes necesitan ser protegidos primero y quiénes no, encierra la poco republicana idea de que, como el que gobierna está “arriba”, es natural que acceda a privilegios.

Esa idea fuerza subyace ahora en el escándalo por las fotos del cumpleaños de Fabiola Yáñez, en Olivos. El Presidente -profesor de Derecho en la UBA- argumentará ante el fiscal que no hubo delito porque ninguna de las personas que estuvieron en el cumpleaños de Fabiola se contagiaron.

Una interpretación particularísima: que la conducta temeraria no es delito si no provoca lo que se espera de ella.

Es en este punto exacto donde se abre una ventana curiosa. El abogado del Presidente para esta causa es Gregorio Dalbón, defensor de Cristina Kirchner y el mismo que impulsa una demanda millonaria contra los pilotos y la vedette Vicky Xipolitakis por aquel vuelo de Austral de 2015, donde la modelo se filmó junto a los comandantes sosteniendo los mandos de la nave durante un viaje a Rosario.

La vedette Vicky Xipolitakis junto a los dos pilotos del vuelo de Austral, en 2015.

Dalbón representa a pasajeros de aquel vuelo que se sienten víctimas de la conducta temeraria de Xipolitakis, aunque al final no haya pasado nada.

“El delito consiste en poner en peligro; no era necesario que hubiera un accidente”, explicó entonces el propio Dalbón, en tono de autoridad doctrinaria.

Justo lo contrario de lo que sostendría ahora, sin ruborizarse, para defender a Alberto Fernández.

Está claro que lo que la ley pena es la conducta temeraria de poner a los demás en un riesgo presunto. Con eso basta.

El joven surfer que se fue a Ostende cuando regían las mismas restricciones que en el cumpleaños de Fabiola fue procesado e irá a juicio oral acusado de lo mismo: poner en riesgo a los demás.

Cuando se conoció su caso, el Presidente lo llamó “idiota”.

La ley dice que sufrirá prisión de 6 meses a dos años “el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

El que viole las medidas, no el que propague la epidemia. Más claro, imposible.

Aún así, el Presidente y su jefe de Gabinete ya anticiparon su hipótesis de que “no existió delito”. Lo hicieron manipulando el sentido de la ley y, de paso, enviándoles un mensaje a los fiscales y jueces que investigan para marcarles la cancha. Otro asunto delicado desde lo institucional.

El abogado Dalbón -un hombre cómodo en el perfil alto, que una vez dijo haber subido al Aconcagua hasta que fue desmentido por el gobierno de Mendoza- ya adelantó que el Presidente donaría parte de su sueldo al Instituto Malbrán “en compensación” por sus actos.

Es una jugada de anticipo para cerrar la causa rápido. Alberto Fernández quiere donar para no pagar. ¿Qué debería «compensar», si no hizo nada malo? Lo que propone su abogado es comprar su absolución en cuotas.

Los acomodadores de la ley están de regreso, buscando lo mejor para los acomodados.

El tiempo dirá si una donación presidencial le alcanzará al Gobierno para compensar tanto ultraje repetido a la confianza pública.